Empresas en Corea del Norte

Las fábricas y empresas estatales, conocidas localmente como 공장·기업소 (fábricas y empresas), forman el núcleo económico formal de Corea del Norte. Las organizaciones cooperativas, las empresas estatales, los puertos y los bancos operan bajo propiedad o dirección estatal. La Ley de Empresas y el sistema de responsabilidad de gestión de las empresas socialistas conceden a algunas empresas más autonomía operativa, pero la producción, la inversión y el comercio siguen sujetos al control estatal unificado, en lugar de a un sistema abierto de competencia privada. No hay pruebas de que Corea del Norte disponga de un procedimiento general de registro para que una persona sea propietaria y gestione libremente una empresa privada independiente. La actividad económica nacional suele estar vinculada a una organización estatal o cooperativa, a un puesto de mercado o a otra modalidad autorizada. Los 종합시장 (mercados generales), también llamados mercados generales, surgieron a partir de los mercados permanentes de agricultores establecidos después de 2003. En 2022 se estimaba que había unos 414 mercados de este tipo, aunque la cifra y su funcionamiento actual pueden variar. El comercio en puestos, conocido como 매대 장사, se reconoce en la práctica en estos mercados. Normalmente, el comerciante necesita un puesto y paga una tasa por usar el mercado llamada 장세; el importe varía según los productos y la región. Los mercados han formalizado algunos sectores de la economía de productos, mientras que las transacciones de capital, trabajo y tierras siguen siendo en gran medida informales. Fuera de los mercados, las actividades privadas pueden incluir restaurantes, transporte, alojamiento, baños, reparaciones, entregas y salas de karaoke o informática. Financiadores privados conocidos como 돈주 (inversores privados) pueden proporcionar fondos a empresas estatales o tiendas, a menudo mediante una afiliación estatal o un acuerdo de protección. Estas actividades pueden verse expuestas a restricciones repentinas, confiscaciones, exigencias de sobornos y sanciones, porque su situación jurídica, fiscalidad, contratos y normas de transferencia no son transparentes. Desde aproximadamente 2022 se han impuesto restricciones más estrictas a la venta de alimentos fuera de las tiendas estatales. Los inversores extranjeros disponen de formas jurídicas específicas: una empresa conjunta de participación, una empresa conjunta contractual o una empresa de propiedad extranjera. El marco jurídico es especialmente pertinente para las inversiones en Rason, que cuenta con normas especiales. Las solicitudes se tramitan a través del órgano central de orientación comercial o del Centro de Control de Inversiones. Por lo general, se exige contratar trabajadores locales, mientras que los especialistas extranjeros necesitan una autorización específica. Las empresas extranjeras pueden estar sujetas a impuestos sobre la renta empresarial y personal, la propiedad, el volumen de operaciones, la actividad comercial y los impuestos locales. Se indica que el registro fiscal debe realizarse dentro de los 20 días posteriores al registro, o dentro de los 15 días en Rason. Los cambios de registro deben notificarse dentro de los mismos plazos de 20 o 15 días. Se indica que la baja fiscal debe tramitarse 20 días antes de la disolución de la empresa. Puede presentarse una reclamación fiscal en un plazo de 30 días y, posteriormente, interponerse una acción judicial en un plazo de 10 días. La Ley de Inversión Extranjera recoge una cifra histórica de impuesto sobre la renta del 14 %, pero no se ha confirmado de manera independiente su aplicación actual por sector y zona. La ley describe protección frente a la nacionalización o la confiscación, con indemnización en otros casos, pero no se ha confirmado de manera independiente la aplicación práctica de los derechos de inversión actuales. Los arrendamientos de tierras pueden durar hasta 50 años, y la transferencia o herencia de tierras arrendadas requiere autorización. Las ganancias y los ingresos por liquidación están sujetos a normas sobre divisas. Corea del Norte no cuenta con un registro público transparente de empresas ni con un procedimiento general de insolvencia privada, venta de empresas o salida del mercado documentado de manera fiable. Las sanciones de las Naciones Unidas restringen sustancialmente las actividades comerciales transfronterizas. En general, los Estados miembros deben prohibir o cerrar las empresas conjuntas y entidades cooperativas nuevas y existentes con entidades norcoreanas, salvo que el Comité 1718 conceda una exención para un caso concreto. Se prohíben las nuevas sucursales bancarias, cuentas y oficinas de representación norcoreanas, y se restringe considerablemente el apoyo financiero al comercio norcoreano. Los controles de exportación e importación, las restricciones a maquinaria, energía, textiles y productos del mar, y los límites a los permisos de trabajo reducen aún más las opciones para las empresas extranjeras. Estas sanciones limitan principalmente a los actores externos y, por sí solas, no demuestran que exista una prohibición nacional general de toda actividad privada. Según el sector y la ubicación, pueden intervenir órganos estatales de administración, planificación, finanzas e impuestos, autoridades de los mercados, el órgano central de orientación comercial, el Centro de Control de Inversiones y los comités populares locales. La cadena actual exacta de responsabilidades no es pública de manera fiable. Por ello, una evaluación empresarial debe distinguir entre la actividad estatal o cooperativa formal, las prácticas nacionales basadas en los mercados y la inversión extranjera, ya que su acceso, obligaciones, costes, riesgos de cumplimiento y recursos jurídicos disponibles difieren considerablemente.