Etapas de la vida en Yibuti

Yibuti cuenta con un marco fragmentado por edad y función, en vez de una institución que cubra todo el ciclo de vida. Un niño o menor tiene menos de 18 años; la adolescencia abarca de los 10 a los 19 años y suele considerarse que la juventud va de los 15 a los 24 años. En 2023, los menores de 18 años constituían el 35,6 % de la población y los adolescentes, el 19,9 %. Más del 60 % de la población tiene menos de 25 años. No se ha establecido un mapa nacional de servicios para mayores de 60 años, así que los datos demográficos por sí solos no muestran qué atención está disponible para personas mayores. El registro civil constituye una base para acceder posteriormente a varios derechos y servicios. Los nacimientos se inscriben ante el registro civil (état civil), mediante procedimientos en papel o manuales. El certificado de nacimiento facilita la identificación, el acceso a la escuela y el derecho al voto más adelante. El expediente escolar de un niño suele incluir un documento de identidad infantil y una cartilla sanitaria; un menor extranjero puede necesitar además permiso de residencia y pasaporte. No hay un cuadro verificado único de tarifas y plazos nacionales vigentes para la inscripción. La falta de documentos puede dar lugar a vías educativas de segunda oportunidad o no formales, entre ellas la LEC cuando esté disponible. El Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional (Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFOP)) supervisa la principal trayectoria educativa. La educación preescolar suele empezar a los 3 años y la primaria a los 6. La educación primaria pública es obligatoria y gratuita entre los 6 y los 16 años conforme a la garantía estatal; se espera que los padres matriculen a los niños y favorezcan la asistencia regular. En 2024, el acceso a primaria alcanzó el 99,2 %, mientras que la participación en preescolar fue del 28,5 %, con un objetivo de al menos el 40 % para 2030. La finalización de la secundaria fue del 79 % en conjunto, del 77 % para las niñas, del 75 % en zonas urbanas y del 31 % en zonas rurales. Estas diferencias inciden en las oportunidades posteriores de formación y empleo. El apoyo a los jóvenes se centra en mantenerlos en la educación y facilitar su incorporación al trabajo. Las opciones técnicas y profesionales siguen siendo limitadas. Se utilizan centros de desarrollo comunitario como centros locales de formación, con compromisos que incluyen 1.500 aprendizajes, oportunidades de voluntariado y vínculos entre las vías profesionales y universitarias. El desempleo juvenil fue de alrededor del 75 % entre personas de 15 a 24 años según una referencia de 2017, y cerca del 25 % no trabajaba, estudiaba ni recibía formación, situación que suele abreviarse como NEET. En general, se puede empezar a trabajar a los 16 años. Los trabajadores de 16 a 18 años tienen los mismos derechos laborales, pero se aplican restricciones al trabajo doméstico, en hoteles, bares y establecimientos que sirven bebidas; hay una excepción para el trabajo exclusivamente en restaurantes. La ley permite contraer matrimonio a partir de los 18 años, según el artículo 163 del Código Civil. El registro en el registro civil suele exigir extractos recientes de nacimiento expedidos en los últimos tres meses, documentos de identidad, certificado de soltería, certificado prematrimonial, testigos y, cuando corresponda, contrato. Para inscribir el nacimiento de un hijo se necesita un certificado de matrimonio. El Código de Familia también regula el divorcio, la manutención, la custodia, la filiación, la tutela, la sucesión, la incapacidad y la emancipación. La Caja Nacional de Seguridad Social de Yibuti (Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)), el sistema formal de seguridad social, cubre jubilación, supervivencia, invalidez y accidentes laborales. La prestación familiar se aplica a empleados formales y categorías asimiladas por hijos residentes a cargo, hasta seis hijos, por un importe de 1.400 FDJ mensuales por hijo, pagados trimestralmente. Entre los posibles beneficiarios están el padre, una madre asalariada divorciada o viuda, o una madre soltera asalariada cuando su cónyuge no trabaja. Los cotizantes declarados del sector privado y parapúblico pueden recibir protección por maternidad durante 26 semanas; la compensación se divide a partes iguales entre CNSS y el empleador y se paga en periodos de 8, 6 y 12 semanas. No se ha establecido un derecho general equivalente para trabajadores informales; por tanto, la cobertura de protección social sigue siendo limitada. En 2019, la cobertura de protección social infantil era del 4 % y el 12 % de la población recibía al menos una prestación. La pensión de jubilación ordinaria de CNSS exige estar inscrito, tener al menos 60 años y haber cotizado durante un periodo mínimo. Para las generaciones nacidas desde 1951, el periodo de cotización exigido es de 25 años. La solicitud puede presentarse hasta tres meses antes de cumplir 60 años; cumplidos los 60, la pensión se devenga desde el primer día del mes siguiente a la solicitud y se paga trimestralmente. Puede existir una pensión proporcional desde los 55 años y una anticipada desde los 50 en caso de enfermedad o incapacidad. El cónyuge superviviente puede recibir el 50 % de la pensión de la persona fallecida, conforme a las condiciones aplicables, y los huérfanos pueden compartir el 30 %. El apoyo a personas con discapacidad está establecido, pero el acceso está fragmentado. La Agencia Nacional para las Personas con Discapacidad (Agence Nationale des Personnes Handicapées (ANPH)), creada en 2018, coordina la inclusión. La Tarjeta de Movilidad Inclusiva (Carte Mobilité Inclusion (CMI)) acredita la discapacidad y puede facilitar ventajas de acceso, prioridad escolar y profesional, una prestación social para la persona con discapacidad o su representante legal, y beneficios en los servicios públicos. Los trabajadores sociales de ANPH evalúan solicitudes y pueden ayudar a obtener sillas de ruedas, bastones blancos, muletas, dispositivos braille, audífonos y otros equipos que favorecen la movilidad autónoma. Hay servicios documentados en la ciudad de Yibuti, Arta, Ali-Sabieh, Tadjourah, Dikhil y Obock. Normalmente se necesitan pruebas de discapacidad y un certificado médico; las tarifas y los plazos de tramitación nacionales no son uniformes. No se ha establecido una prestación general de cuidados de larga duración para todas las edades ni un sistema residencial de atención a personas mayores. La protección infantil se aplica cuando un menor carece de apoyo familiar, vive en la calle, sufre abandono educativo, maltrato, explotación sexual o económica, mendicidad, trata, delincuencia organizada o incapacidad parental. El marco jurídico de protección de menores de 2015 prevé un tratamiento especial en asuntos de justicia juvenil. Ante un peligro inminente, las autoridades pueden organizar un alojamiento seguro y convocar a un progenitor o representante legal; pueden intervenir el juez de menores, el fiscal y los servicios sociales. UNICEF apoya los sistemas de derivación, los trabajadores sociales y los centros de escucha. Las sequías, inundaciones y otras perturbaciones climáticas pueden interrumpir los ingresos familiares, la escolarización y los servicios básicos. En 2026, un consorcio compuesto por UNICEF, la OIM, el PMA, la Cruz Roja Italiana, la Media Luna Roja de Yibuti y el Gobierno planificó 24 meses de asistencia para más de 41.000 personas en las cinco regiones y zonas urbanas. La ayuda en efectivo o en especie y las medidas de protección social dependen del programa y del grupo destinatario; no crean un derecho universal. Los hogares rurales y periurbanos, las niñas, las personas refugiadas y migrantes, las personas con discapacidad, los hogares pobres y las comunidades afectadas por el clima suelen afrontar barreras de acceso adicionales, incluidos requisitos de documentación. El apoyo comunitario puede cubrir carencias, pero depende de cada caso y no sustituye un servicio formal nacional.