Convivencia en Vanuatu

En Vanuatu, kastom significa las prácticas y normas consuetudinarias que orientan las relaciones comunitarias y la autoridad local. Los jefes, las familias, las iglesias, los nakamales y los líderes comunitarios suelen organizar la cooperación cotidiana, especialmente fuera de las zonas urbanas. Un nakamal es un espacio de gobernanza consuetudinaria que puede servir a una familia o grupo, o a varios grupos de una aldea o una zona más amplia. Según los acuerdos locales, su autoridad consuetudinaria puede abarcar a hombres, mujeres y niños. El censo de 2020 registró 289.333 personas, de las cuales 64.018 vivían en zonas urbanas y 225.315 en zonas rurales. Vanuatu tiene 83 islas y más de 100 lenguas locales. Estas diferencias influyen en cómo las personas obtienen información, resuelven desacuerdos y acceden a los servicios públicos. Los consejos de área y los gobiernos provinciales funcionan junto con los jefes y las estructuras consuetudinarias. En las zonas urbanas, los consejos municipales regulan algunos aspectos de la vida pública mediante ordenanzas. Los principales municipios son el Consejo Municipal de la Ciudad de Port Vila, el Consejo Municipal de Luganville y el Consejo Municipal de la Ciudad de Lenakel; el Departamento de Asuntos Urbanos y Planificación también tiene responsabilidades en centros como Lakatoro, Saratamata y Sola. La Constitución prohíbe la discriminación por motivos de raza, lugar de origen, creencias religiosas o tradicionales, opiniones políticas, idioma y sexo. El bislama, el inglés y el francés son idiomas oficiales, y las lenguas locales forman parte del patrimonio nacional. Las personas pueden solicitar servicios gubernamentales en el idioma oficial que elijan; cuando están disponibles, el Departamento de Servicios Lingüísticos ofrece apoyo de traducción e interpretación. La política nacional también promueve la participación de las mujeres, los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros grupos expuestos a la discriminación o la violencia. El Consejo Nacional de Jefes Malvatumauri tiene una función consultiva. La Constitución reconoce los tribunales de aldea e isla, y el artículo 95(3) reconoce el kastom como parte del marco jurídico de Vanuatu. Los desacuerdos cotidianos pueden plantearse primero ante la familia, un jefe, un nakamal o un líder religioso. Los delitos graves, las necesidades de protección y los casos que no pueden tratarse de forma segura por vías informales pueden requerir la intervención de la Policía de Vanuatu, su Unidad de Protección Familiar, el Tribunal de Magistrados o el Tribunal Supremo. La mediación puede preservar las relaciones, pero también puede pasar por alto o silenciar las necesidades de las víctimas; la denuncia formal y los procedimientos judiciales siguen siendo necesarios cuando hay violencia, daños graves o derechos protegidos en juego. Las disputas sobre tierras consuetudinarias siguen un proceso más específico. Una disputa puede comenzar en el nakamal local y continuar con una mediación. Si sigue sin resolverse después de 30 días, puede remitirse a un tribunal de tierras de la zona consuetudinaria, en el que participan un funcionario de tierras consuetudinarias y un consejo de jefes. Los problemas de acceso y procedimiento pueden afectar el proceso, por lo que es necesario verificar qué oficinas locales son responsables y cuál es el estado de la disputa. El uso de espacios públicos se regula de manera distinta en los municipios y en las zonas consuetudinarias. Las ordenanzas municipales regulan los terrenos estatales urbanos, mientras que la Ley de Planificación Física y la Ley de Desarrollo de la Zona Litoral se aplican a las actividades de desarrollo y en la zona litoral que corresponda. La solicitud de un permiso para la zona litoral cuesta VT 20.000, y el incumplimiento de las normas puede acarrear una multa máxima de VT 5.000.000 o cinco años de prisión. Estas disposiciones regulan el desarrollo; no establecen una tasa general por usar espacios públicos. La familia extensa y el parentesco siguen siendo fundamentales para compartir vivienda y prestar apoyo comunitario. Las comunidades pueden compartir la responsabilidad por los niños, mientras que los mayores y los jefes suelen ejercer autoridad social. No hay evidencia de una institución nacional de vivienda compartida en Vanuatu, y los detalles sobre alquileres o legislación de vivienda corresponden al tema específico de vivienda. La participación cívica cuenta con el apoyo de Vanuatu 2030, elaborado mediante un proceso de consultas nacionales de tres años en el que participan el Gobierno, los líderes comunitarios, las empresas y la sociedad civil. Los deportes y otras actividades comunitarias también pueden fortalecer los vínculos sociales. La convivencia digital está evolucionando mediante la Ley de Delitos Informáticos de 2021, la Ley de Protección de Datos y Privacidad de 2024, la Ley de Comunicaciones Digitales Perjudiciales de 2024, la Ley de la Autoridad de Seguridad Digital de 2024 y la Ley de Transformación Digital de 2025, que entró en vigor el 17 de diciembre de 2025. El Departamento de Comunicaciones y Transformación Digital, CERT-VU, el Regulador de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones, la Policía de Vanuatu y la Autoridad de Seguridad Digital tienen responsabilidades distintas. La política sobre comunicaciones digitales perjudiciales incluye la protección de la infancia en línea, la sensibilización, la rehabilitación y la cooperación entre instituciones. La obligación de actuar en un plazo de 72 horas se aplica principalmente en contextos de TIC y del Gobierno; no es un plazo universal de denuncia para todas las personas residentes. El acceso es desigual en todo el país. La distancia física, el coste, las barreras de conocimiento y la cobertura limitada de los servicios pueden dificultar el uso de procedimientos formales en zonas rurales y remotas. Los procesos informales pueden ser más rápidos o accesibles, pero sus costes, plazos y autoridad varían según el lugar. Por tanto, la isla, la zona consuetudinaria, la provincia o el municipio correspondiente determina qué organismo puede actuar y qué normas tienen efecto práctico.