El Presidente es jefe del Estado, garante de la Constitución y de las instituciones, comandante supremo y participante en la formación del Gobierno. Se elige por votación popular para un mandato de cinco años, nombra al primer ministro de acuerdo con la mayoría parlamentaria, promulga leyes y tiene poderes de veto constitucionales. A septiembre de 2026, José Ramos-Horta es Presidente y Kay Rala Xanana Gusmão es primer ministro del IX Gobierno Constitucional. El Parlamento Nacional es unicameral, se elige por cinco años y tiene entre 52 y 65 escaños. Aprueba leyes y el Presupuesto del Estado, supervisa políticamente al Gobierno y ejerce funciones constitucionales relativas a tratados e instituciones públicas. El Gobierno dirige la administración ejecutiva por medio del primer ministro, el Consejo de Ministros y los ministerios. Los tribunales son independientes. Hasta que se establezcan los tribunales superiores, el Tribunal de Apelación ejerce las competencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior Administrativo, Fiscal y de Cuentas.
El Estado en Timor-Leste
La República Democrática de Timor-Leste es una república democrática, soberana, independiente y unitaria, regida por la Constitución promulgada en 2002. El Presidente, el Parlamento Nacional unicameral, el Gobierno y los tribunales independientes comparten las principales funciones del Estado. La autoridad pública opera mediante ministerios nacionales, la administración territorial y estructuras comunitarias; el presupuesto estatal financia las funciones públicas y los ingresos petroleros se gestionan a través del Fondo Petrolero. Los derechos constitucionales, la información pública, los órganos de supervisión y el sistema de seguridad determinan cómo ejercen el poder las instituciones en Timor-Leste.
Consejo
Considere la autoridad pública de Timor-Leste como una red de canales distintos de servicios, gobierno local y supervisión. Identifique el órgano responsable antes de presentar una solicitud y no suponga que una oficina municipal tiene competencias autónomas o que los servicios públicos siguen una única tarifa nacional. Guarde pruebas escritas de solicitudes, pagos y decisiones para poder dirigir los asuntos no resueltos al órgano de supervisión o judicial que corresponda.