Derecho penal en Ruanda

La Constitución y el Código Penal de Ruanda constituyen la base principal del derecho penal. El artículo 17 de la Constitución establece la responsabilidad penal personal. El artículo 18 protege el principio de legalidad, la prohibición de la retroactividad de las penas, el derecho a conocer la acusación y el derecho a preparar la defensa. El artículo 19 protege la presunción de inocencia y el derecho a una audiencia pública e imparcial. El Código Penal principal es la Ley N°68/2018, modificada por las Leyes N°69/2019 y N°059/2023. Ruanda abolió la pena de muerte. Los delitos incluyen homicidio y lesiones corporales, delitos contra la propiedad, delitos sexuales y violencia de género, trata de personas, delitos relacionados con drogas, corrupción, delitos económicos y financieros, terrorismo, ideología del genocidio, delitos cometidos por funcionarios públicos y ciberdelitos. El Código Penal también regula la tentativa, la participación, la complicidad y los casos de concurso de delitos. La Oficina de Investigación de Ruanda, denominada RIB, realiza investigaciones penales. La Policía Nacional de Ruanda, denominada RNP, se ocupa de la seguridad pública, la aplicación de las normas de tráfico, las detenciones y los actos de investigación autorizados por ley durante las investigaciones preliminares. La Fiscalía Nacional, denominada NPPA, revisa los expedientes, decide si procede procesar, solicita prisión preventiva cuando corresponde y presenta acusaciones. También se ocupa de asuntos graves, internacionales, económicos, de violencia de género, de menores, de drogas y de ciberdelincuencia. El Laboratorio Forense de Ruanda presta apoyo forense. La RIB, la RNP y la NPPA tienen funciones distintas: un informe policial, una investigación y un procesamiento no son la misma etapa. Se puede denunciar un presunto delito en una comisaría de la RIB. La información sobre delitos y las emergencias pueden comunicarse al 166. El maltrato infantil puede denunciarse al 116; la violencia de género, al 3512; y el Isange One Stop Centre, al 3029. Las quejas contra la RIB y las denuncias de corrupción pueden dirigirse al 2040. Se puede contactar con la NPPA a través del 3677 o el 3935. La vía nacional disponible no muestra un procedimiento penal distinto para cada ciudad de Ruanda. La citación de un investigador obliga a comparecer. No hacerlo puede llevar al fiscal a emitir una orden de comparecencia forzosa. La persona detenida debe recibir sin demora información sobre la acusación y sus derechos, así como una copia de la orden de detención o un acta de detención. Puede contar con asistencia letrada, una persona de confianza y un intérprete si lo necesita por razones lingüísticas. Durante todo el caso siguen siendo pertinentes el derecho a impugnar pruebas, a interrogar testigos cuando el procedimiento lo permita y a recibir una audiencia pública e imparcial en un plazo razonable. La custodia ordinaria de la RIB puede durar hasta cinco días. En un caso de flagrancia, el período inicial es de hasta 72 horas, con una posible prórroga autorizada por el fiscal de hasta cinco días adicionales conforme a la ley. Una vez transcurridos los períodos de investigación, un juez decide sobre la prisión preventiva. El período inicial de prisión preventiva es de un mes y las prórrogas se rigen por ley. La puesta en libertad es la regla general, la detención es una excepción y puede concederse libertad bajo fianza por delitos que la admitan. La detención ilegal también es punible. El sistema judicial comprende 41 tribunales de primera instancia, 12 tribunales intermedios, el Tribunal Superior con cinco salas, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo. Los tribunales de primera instancia conocen de asuntos penales de menor nivel. Entre otros asuntos, los tribunales intermedios conocen de delitos con penas de más de cinco años de prisión, salvo que una excepción legal disponga otra cosa. El Tribunal Superior conoce de delitos graves e internacionales que le asigna la Ley N°30/2018. Las apelaciones se presentan ante el tribunal competente para la decisión impugnada. Los tribunales militares son independientes. Gacaca ya no funciona como tribunal penal. Las sanciones posibles incluyen prisión por tiempo determinado, cadena perpetua, multas, servicio comunitario, condenas suspendidas, restitución o indemnización, decomiso e incautación. Las infracciones de tráfico también pueden llevar a la suspensión del permiso de conducir o a la inmovilización del vehículo. Una conmutación presidencial puede reducir la pena de prisión, pero no elimina la condena ni la obligación de indemnizar a una víctima. El Servicio Penitenciario de Ruanda, denominado RCS, administra la prisión, la educación, la formación profesional, la rehabilitación y la reintegración. La política de justicia actual promueve el uso de la prisión como último recurso y apoya la derivación a vías alternativas, la libertad vigilada, la libertad condicional, la negociación de cargos, la mediación y los enfoques restaurativos cuando la ley lo permite. La negociación de cargos permite que una persona acusada se declare culpable a cambio de una reducción de los cargos o de que la fiscalía solicite una pena inferior a la máxima, junto con posibles condiciones de libertad o restitución. La mediación entre víctima e infractor utiliza el diálogo, la reconciliación y la reparación en los casos permitidos por la ley; no sustituye el procesamiento cuando la ley excluye esa opción. La Unidad de Protección de Víctimas y Testigos de la NPPA puede organizar medidas de protección y apoyo en materia de pruebas, salud, necesidades sociales y bienestar mental. Las víctimas y los testigos también deben cooperar y comparecer cuando se les cite legalmente. La información falsa y la manipulación de pruebas pueden ser delitos, y la represalia privada no es legal. Las reglas de justicia juvenil consideran menor a toda persona de menos de 18 años. La responsabilidad penal comienza a los 14 años; los menores de 14 no son procesados. Una persona de 14 a 17 años puede ser procesada, pero no puede permanecer en un centro de detención para adultos. Los procedimientos adaptados a menores, una sala especializada de menores y familia, la representación legal, las medidas alternativas y la libertad vigilada tienen en cuenta el bienestar, la personalidad y el interés superior del menor. El Marco Nacional de Medidas Alternativas a la Detención se anunció el 23 de junio de 2026, pero la investigación disponible no ha establecido cómo se accede a él a nivel local. Las infracciones de tráfico se rigen por la Ley N°014/2026 del 6 de marzo de 2026, que sustituyó a la Ley N°34/1987. En Ruanda se conduce por la derecha. Conducir bajo los efectos del alcohol, exceder la velocidad, usar el teléfono al volante, utilizar vehículos inseguros, conducir sin permiso, conducir de manera peligrosa y desobedecer a un agente puede dar lugar a medidas de cumplimiento. La policía de tráfico de la RNP utiliza multas electrónicas y multas de cámara; el plazo de pago es de tres días, tras los cuales puede aplicarse un recargo. Una infracción grave o un accidente pueden pasar del control de tráfico a una investigación y a un expediente de la NPPA. Puede suspenderse el permiso de conducir aunque se haya expedido en el extranjero. La Ley N°60/2018 cubre delitos digitales como el acceso no autorizado, la interceptación, la interferencia con datos o sistemas, el uso indebido de dispositivos, la falsificación informática, el fraude informático y el contenido digital indecente o relacionado con menores. La División de Ciberdelincuencia y los servicios forenses digitales de la RIB investigan estos asuntos y la NPPA los procesa. Las pruebas digitales pueden requerir la cooperación de empresas de telecomunicaciones o instituciones financieras. Las Instrucciones N°001/MINICT/2024 también abordan la protección infantil en línea. El asesoramiento y la representación a través de MAJ, el servicio estatal de asistencia jurídica disponible en todos los distritos, son gratuitos para personas pobres y vulnerables. El certificado de antecedentes penales puede solicitarse en línea a través de Irembo por 1.200 RWF dentro de Ruanda; el plazo publicado es de unos tres días laborables. La duración de un caso penal depende del delito, las pruebas, las revisiones de la detención y el nivel del tribunal, no de un calendario nacional único.