En Libia se usan los términos الإعلام, الصحافة, وسائل الإعلام, الإعلام المرئي والمسموع y الإعلام الإلكتروني para referirse a los medios locales. La población obtiene información de periódicos, sitios de noticias electrónicos, LANA, portales privados, televisión, servicios por satélite, internet móvil y redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. La televisión sigue siendo ampliamente accesible: un estudio histórico identificó dos canales públicos y unos 20 privados, y se informó de que más del 95 % de los hogares tenía televisor y alrededor del 90 % dependía únicamente de la recepción satelital gratuita. No se dispone de un censo oficial actualizado de emisoras. El streaming está más fragmentado y suele ser informal. Una estimación de 2019 contabilizó unos 300.000 abonados a servicios de televisión de pago o vídeo bajo demanda; beIN y OSN representaban alrededor del 98 % de esas suscripciones. Las limitaciones de infraestructura y la piratería afectan al acceso, y no se documentan de forma uniforme las listas actuales de plataformas, los precios ni las normas de protección juvenil. En el último dato de país de la UIT para Libia, correspondiente a 2022, se informó de un uso de internet del 88 %, mientras que un estudio de la UNESCO registró un 46,2 % en enero de 2021; las cifras emplean mediciones distintas y no establecen una tendencia fiable. La Declaración Constitucional reconoce en su artículo 14 la libertad de opinión, expresión, comunicación, prensa, impresión, publicación y medios de comunicación, con sujeción a la ley. El artículo 13 protege la confidencialidad de las comunicaciones y permite su control solo mediante una orden judicial motivada y por un período limitado. El artículo 6 ofrece protección general a niños y jóvenes, mientras que el artículo 35 mantiene vigentes las leyes anteriores salvo que contradigan la Declaración. La Ley n.º 76 de 1972 sigue siendo la principal ley identificada sobre publicaciones, aunque sus normas están desactualizadas y no ofrecen un marco moderno para la tecnología audiovisual. La Decisión del Consejo de Ministros n.º 752 de 2021 creó la الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي, denominada habitualmente Autoridad General de Supervisión de Contenidos Mediáticos, para vigilar las infracciones profesionales, los discursos de odio y las noticias falsas o engañosas. Su estructura incluye un Consejo de Evaluación y la plataforma de verificación Akdli. La Decisión n.º 4 de 2022 introdujo un Código de Conducta Profesional para los Medios con 17 principios. La Decisión n.º 811 de 2022 estableció condiciones para la actividad mediática y los canales privados, incluida la confirmación de la autoridad tras firmar el código, pero no se ha establecido su aplicación en todo el país. Entre los organismos relacionados con las funciones mediáticas están la Autoridad General de Prensa, LANA, el Ministerio de Cultura y Desarrollo del Conocimiento, el Ministerio de Juventud y la Corporación Libia de Radio y Televisión. La Decisión n.º 116 de 2021 disolvió la Corporación Libia de Medios y asignó la televisión pública, LANA y la Autoridad General de Prensa al Consejo de Ministros, mientras que asignó otros canales a ministerios o a una autoridad religiosa. Posteriormente, trabajadores de LANA afirmaron que dependían de la Cámara de Representantes en virtud de la Ley n.º 8 de 2021, lo que dejó reclamaciones paralelas de legitimidad y responsabilidad. Los periodistas y los medios afrontan presión política, censura, acceso restringido a la información, amenazas, secuestros, abusos en línea y autocensura. En 2025, la UNSMIL organizó un diálogo con 31 periodistas del este, el oeste y el sur de Libia que registró preocupaciones por la influencia política y la seguridad. Algunos medios reciben financiación de actores externos, partidos políticos o grupos armados, lo que puede limitar su independencia editorial. La formación, el código profesional, Basirah y la UNSMIL ofrecen apoyo no formal, mientras que seguía promoviéndose la creación de un sindicato nacional unificado de periodistas. Las redes sociales facilitan la información, el debate público, la supervisión y la construcción de la paz, pero también permiten la desinformación, los discursos de odio y los ataques a la reputación. Las periodistas se enfrentan además a amenazas en línea por motivos de género. El Canal Juvenil, قناة الشبابية, está vinculado al Ministerio de Juventud y reanudó su actividad en 2022 tras una interrupción de 11 años, pero la continuidad del canal y su disponibilidad en directo siguen siendo inciertas. No se ha establecido una práctica nacional fiable de alfabetización mediática, reclamaciones o protección infantil. También importan las normas sobre publicidad: el Ministerio de Salud debe registrar y aprobar los anuncios de medicamentos, mientras que la Ley de Salud n.º 106 de 1973 y su Reglamento Ejecutivo n.º 654 de 1975, artículo 541, prohíben anunciar medicamentos en periódicos y otros medios, salvo en revistas científicas o médicas especializadas. No se dispone de una tarifa nacional fiable para suscripciones, licencias, acreditaciones o plazos de tramitación. Por tanto, el acceso y la responsabilidad institucional deben comprobarse para la región, el proveedor y el tipo de actividad mediática pertinentes.
Medios de comunicación en Libia
Los medios de comunicación en Libia incluyen prensa, televisión, radio y periodismo en línea, servicios de streaming, redes sociales y programación juvenil. El sector está consolidado, pero muy fragmentado entre organismos públicos, proveedores privados e instituciones vinculadas a las autoridades del este y el oeste. El acceso técnico es amplio, aunque varía según la región, la infraestructura, la influencia política y las condiciones de seguridad.
Consejo
Considere el consumo y la publicación en los medios de comunicación de Libia como decisiones específicas de cada región y proveedor, en vez de confiar en un único sistema nacional. Compare las fuentes, compruebe el acceso y la responsabilidad institucional vigentes y tenga en cuenta los riesgos políticos, jurídicos y de seguridad personal. Si va a pagar por servicios, publicar o informar sobre asuntos sensibles, obtenga antes las condiciones o confirmaciones vigentes por escrito.

