Deuda en Guyana

El sistema formal de deuda de Guyana incluye préstamos bancarios, hipotecas, préstamos al consumo y a empresas, acuerdos de compra a plazos, acuerdos de venta a crédito, acuerdos de venta condicional y arrendamientos financieros. El Banco de Guyana (Bank of Guyana) supervisa a las instituciones financieras autorizadas y sus actividades de préstamo. Antes de aprobar una solicitud, los prestamistas pueden comprobar, según sus propias políticas, el historial crediticio, los ingresos, los activos y los pasivos existentes, la identidad, la prueba de domicilio de los últimos tres a seis meses, la verificación del empleo o los ingresos, el número de identificación fiscal (Taxpayer Identification Number) y un comprobante de nómina. La financiación de vehículos puede requerir además licencia de conducir, seguro a todo riesgo, contrato de compra o tasación del vehículo. Los préstamos sin garantía suelen tener un tipo de interés más alto que los garantizados, ya que el precio depende del plazo, el importe y el riesgo de impago. La ley de información crediticia (Credit Reporting Act) suele exigir a los prestamistas que obtengan un informe crediticio antes de conceder o ampliar un crédito y que proporcionen datos crediticios. En Guyana opera una agencia de crédito autorizada (Credit Info (Guyana) Inc.). Con el consentimiento por escrito, en determinadas condiciones también pueden considerarse datos de servicios públicos u otra información de acceso público. Quien detecte datos inexactos, utilizados ilegalmente o desactualizados puede solicitar su rectificación o eliminación, o presentar una declaración de hasta 100 palabras sobre los datos cuestionados. El contrato establece las cuotas, los intereses, las tasas, las garantías y las posibles obligaciones de los avalistas. Si se deja de pagar una cuota, el acreedor puede comunicar el impago, iniciar nuevas gestiones de cobro, ejecutar una garantía o demandar. Conviene contactar pronto y por escrito con el prestamista para confirmar el saldo actualizado, los atrasos y un posible acuerdo de pagos. No existe un derecho general establecido a la refinanciación, la condonación de deuda o un nuevo plazo de pago; esas soluciones suelen depender de cada banco o acreedor. La legislación de protección al consumidor (Consumer Affairs Act 2011) también puede ser pertinente en ciertos asuntos de consumo, pero no sustituye el análisis del contrato concreto. Los acuerdos de compra a plazos, venta a crédito y venta condicional se rigen por la ley de compra a plazos (Hire-Purchase Act 2022). Los contratos deben incluir determinada información, y los compradores o usuarios deben comunicar la ubicación de los bienes. En caso de impago se aplican normas especiales de notificación y recuperación. Por lo general, se restringe la recuperación ordenada por un tribunal cuando ya se ha pagado al menos la mitad del precio de compra; el pago anticipado puede dar derecho a un descuento legal sobre los gastos de financiación. En el caso de vehículos, la financiación puede constar en el registro. Una sentencia monetaria en un procedimiento de reclamación de menor cuantía puede ejecutarse contra bienes mediante una orden de ejecución (Writ of Execution). En virtud de una sentencia de pagos fraccionados, el impago puede activar la ejecución del saldo restante completo o de una parte que especifique el tribunal. La sentencia o ejecución se considera concluida tras cuatro años. La ley de deudores (Debtors Act) exige demostrar que la persona podía pagar, pero se negó o no lo hizo, para imponer prisión; el encarcelamiento no elimina la deuda. La ley de insolvencia (Insolvency Act Cap. 12:21) permite que acreedores o deudores inicien procedimientos. El tribunal puede emitir una orden de recepción (Receiving Order); a continuación, el administrador oficial de insolvencia (Official Receiver) desempeña las funciones establecidas por ley. La orden se publica en la gaceta oficial (Gazette) y en un periódico. Los acreedores anteriores deben acreditar sus créditos dentro de los 21 días siguientes a la publicación prevista. Una orden de pagos fraccionados o de pago, si se cumple plenamente e incluye los costes, puede cancelar las deudas anteriores cubiertas, pero no protege frente a nuevas deudas contraídas después de la orden. La clínica de asistencia jurídica guyanesa (Guyana Legal Aid Clinic) ofrece asesoramiento y representación jurídica gratuitos o subvencionados. Los litigios de deuda y los procedimientos de insolvencia pueden estar cubiertos si se cumplen los requisitos de necesidad económica y posibilidades de éxito; la asistencia se limita a los tribunales incluidos en el servicio. El programa público de condonación de préstamos estudiantiles para graduados de la universidad nacional (University of Guyana) (Student Loan Write-Off Programme) también puede aplicarse a quienes reúnan los requisitos. Puede exigir prueba de residencia o, para quienes no tengan residencia actual en Guyana, un mínimo de tres años y 156 cotizaciones al National Insurance Scheme (NIS) después de graduarse, además de una solicitud, identificación, el título universitario y pruebas de residencia o empleo. Antes de solicitarlo, hay que comprobar los criterios vigentes y el plazo de solicitud. La deuda pública pertenece a un ámbito distinto de la asistencia frente a deudas privadas. El Ministry of Finance y el Accountant General gestionan la deuda pública y la garantizada públicamente. Para 2025 se informó de 7.700 millones de dólares estadounidenses, equivalentes al 28,6 % del producto interno bruto: el 62,3 % era deuda interna y el 37,7 %, externa. El servicio de la deuda fue de 264,6 millones de dólares estadounidenses, o el 5,5 % de los ingresos. Estas cifras describen las finanzas públicas y no indican nada sobre la ejecución de préstamos privados ni el alivio disponible para ellos.