El Servicio Nacional es el sistema estatal de servicio obligatorio para los ciudadanos eritreos de entre 18 y 40 años. Influye considerablemente en el acceso al empleo en Eritrea. El Estado es el mayor empleador. Las asignaciones pueden destinar a los ciudadanos a trabajos militares o civiles, entre ellos la administración pública, la enseñanza, los servicios de salud, la construcción, la agricultura y las empresas estatales. Por lo general, no se puede elegir libremente el destino ni el lugar de trabajo. Los documentos de liberación o exención tienen importancia práctica para el empleo formal, los documentos de identidad, los expedientes educativos y la salida legal de Eritrea. Evitar o abandonar el Servicio Nacional puede acarrear detención y otras formas de represión. La ley fija el servicio en 18 meses, pero en la práctica suele durar mucho más. La Proclamación Laboral de Eritrea n.º 118/2001 se aplica principalmente a las empresas privadas y estatales con fines de lucro. Excluye al funcionariado civil eritreo, los jueces y fiscales, los altos cargos de dirección y los servicios militares, policiales y de seguridad. Una persona que busca empleo puede dirigirse a la unidad de servicios de empleo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Humano, a una agencia de empleo privada o directamente a un empleador. No se publican de manera fiable tarifas oficiales vigentes para los servicios de búsqueda de empleo. Los extranjeros necesitan un permiso de trabajo válido que indique la actividad autorizada, la duración y otras condiciones. El Ministerio puede limitar, cancelar, retirar o prorrogar el permiso. Se da prioridad a la contratación local y se recurre principalmente a expatriados cuando no se dispone de especialistas adecuados. Los contratos de trabajo pueden ser escritos u orales. Deben indicar la duración, la fecha de inicio, el trabajo, el lugar, el salario, el método de pago y los derechos y obligaciones de las partes. Las cláusulas contractuales menos favorables carecen de validez. Los contratos pueden ser indefinidos, de duración determinada, por obra o intermitentes. El trabajo continuado con un contrato de duración determinada suele pasar a considerarse indefinido. El período de prueba puede durar hasta 90 días; si durante ese período se determina que un empleado no es apto, se le puede despedir sin preaviso ni indemnización por despido. Los contratos de aprendizaje deben constar por escrito e indicar la formación, la duración y la asignación para gastos personales. Un aprendiz no debe trabajar solo en condiciones peligrosas. El trabajo cubierto suele tener un máximo de ocho horas al día y 48 horas a la semana. Un turno no puede superar las ocho horas. Por lo general, las horas extraordinarias que exceden de dos horas requieren el consentimiento del trabajador, salvo en situaciones como accidentes, trabajos urgentes, fuerza mayor o la sustitución de un trabajador ausente. Las horas extraordinarias se pagan a 1,25 veces la tarifa normal entre las 06:00 y las 22:00, a 1,5 veces entre las 22:00 y las 06:00, al doble de la tarifa normal durante el descanso semanal y a 2,5 veces en un día festivo. Los trabajadores tienen al menos 24 horas de descanso semanal por cada período de siete días, y los días festivos son remunerados. Las vacaciones anuales empiezan en 14 días laborables durante el primer año y aumentan un día por cada año siguiente, hasta un máximo de 35 días laborables. Las vacaciones no utilizadas se pagan al finalizar el empleo. Tras el período de prueba, la baja por enfermedad puede durar hasta seis meses dentro de un período de 12 meses: el primer mes se paga al 100 %, el segundo al 50 % y el tercero no se paga. La baja por maternidad consiste en 60 días consecutivos remunerados a partir del día siguiente al parto y puede dividirse. Durante el embarazo están prohibidos el trabajo entre las 22:00 y las 06:00 y las horas extraordinarias. La ley prohíbe la discriminación por sexo y discapacidad. Los empleadores deben proporcionar equipos de protección, formación en seguridad y medidas protectoras. La responsabilidad del empleador por una lesión laboral se aplica con independencia de que exista culpa. La obligación de contratar un seguro se aplica a sectores como la minería, las canteras, el transporte pesado, la construcción y los trabajos con explosivos. Los trabajadores deben cumplir el contrato y las normas del lugar de trabajo, obedecer las instrucciones lícitas, utilizar las herramientas con cuidado y seguir los procedimientos de seguridad. Los empleadores deben respetar la dignidad, proporcionar herramientas y materiales, proteger la salud y la seguridad, pagar los reconocimientos médicos y presentar un informe de nueva contratación dentro de 30 días laborables. La ley prevé asociaciones de trabajadores y negociación colectiva, con registro ante el Ministerio. El registro debe realizarse en el plazo de un mes; de lo contrario, puede considerarse que la asociación está registrada. Se informa que la Confederación Nacional de Trabajadores Eritreos, conocida comúnmente como NCEW, es el único sindicato legal, y que la representación colectiva tiene un alcance práctico limitado porque gran parte del empleo está vinculado al Servicio Nacional. Solo se permite la huelga en un conflicto laboral y está restringida en los servicios esenciales, durante la conciliación o el arbitraje y en períodos de espera determinados; se exige un preaviso de cinco días. Un conflicto laboral suele comenzar con una conciliación en el lugar de trabajo, puede pasar a la Sección de Conciliación del Ministerio de Trabajo y Bienestar Humano y, posteriormente, llegar al arbitraje o a la Junta de Relaciones Laborales. Por lo general, el Tribunal Superior examina cuestiones jurídicas en lugar de volver a juzgar el conflicto. Las reclamaciones laborales tienen un plazo de prescripción de un año y las reclamaciones de los trabajadores están exentas de tasas judiciales. El empleo puede terminar por fallecimiento, vencimiento de un contrato, dimisión, conducta indebida, ausencia prolongada y otras causas reconocidas. Por lo general, el preaviso es de siete días si el empleo ha durado menos de un año, 14 días si ha durado entre uno y dos años, 21 días si ha durado más de dos y hasta cinco años, y 30 días si ha durado más de cinco años. Puede pagarse el salario en lugar del preaviso. Un despido injustificado puede dar lugar a una indemnización de hasta seis meses de salario. Esta indemnización es independiente de la indemnización por antigüedad: dos semanas de salario por cada año durante los primeros cinco años, tres semanas por año entre el sexto y el décimo, y cuatro semanas por año a partir del undécimo. Si el empleo dura menos de un año, corresponde una parte proporcional de dos semanas de salario. No se ha documentado un mecanismo oficial fiable de protección frente a despidos económicos a gran escala. El trabajo informal tiene mucha importancia y, según investigaciones disponibles citadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se estima que alrededor del 80 % de la población trabaja en ese sector. Las normas laborales se aplican débilmente en él y el trabajo doméstico no está regulado de la misma manera. Se ha informado de que los salarios de empresas estatales y del partido están por debajo del umbral de pobreza, de que la remuneración del Servicio Nacional es muy baja y puede incluir raciones de alimentos u otros bienes en lugar de salarios ordinarios, y de que Eritrea no tiene un salario mínimo nacional del sector privado respaldado por pruebas fiables. Estas condiciones, junto con la escasez de datos sobre el mercado laboral, hacen especialmente valiosos el contrato escrito, los comprobantes de pago, los registros del permiso de trabajo y los documentos de liberación o exención.
Empleo en Eritrea
El empleo en Eritrea abarca el trabajo estatal, privado e informal. El Servicio Nacional condiciona el acceso a los empleos formales. La legislación laboral eritrea establece las normas básicas para los empleos cubiertos. Los extranjeros necesitan permisos de trabajo.
Consejo
Considere una oferta formal de empleo en Eritrea como una verificación documental y de situación, no como prueba de que pueda empezar de inmediato. Antes de comprometerse, confirme la situación respecto al Servicio Nacional o los documentos de liberación, el permiso de trabajo válido si corresponde, las condiciones por escrito y la remuneración real. Si solo hay trabajo informal disponible, sopese los ingresos inmediatos frente a la aplicación débil de las normas, los registros limitados y el menor acceso a protecciones formales.

