El Estado en Zimbabue

La Constitución es la ley suprema de Zimbabue. Se basa en la soberanía popular, la separación de poderes, el Estado de derecho, la rendición de cuentas, la transparencia, la capacidad de respuesta, un sistema multipartidista y una distribución equitativa de los recursos. Zimbabue reconoce oficialmente 16 idiomas, incluida la lengua de señas, y las instituciones estatales y gubernamentales deben apoyar la igualdad de acceso lingüístico. La enmienda constitucional de 2026 entró en vigor el 7 de julio de 2026. Modificó el proceso de elección presidencial: el presidente es elegido en una sesión conjunta del Senado y la Asamblea Nacional; fijó en siete años los ciclos presidencial, parlamentario y de las autoridades locales; reorganizó el poder judicial; creó una nueva Comisión de Delimitación y modificó la composición del Parlamento. Desde esa fecha, la Comisión Nacional de Paz y Reconciliación dejó de existir como comisión separada del capítulo 12. Zimbabue tiene tres niveles de gobierno: el Gobierno nacional, los consejos provinciales o metropolitanos y las autoridades locales. El país cuenta con diez provincias, incluidas las provincias metropolitanas de Bulawayo y Harare. Las provincias se dividen en distritos. Los consejos urbanos y rurales administran asuntos locales, dictan ordenanzas y recaudan tasas u otros impuestos autorizados por la ley. El ministerio responsable del gobierno local coordina la descentralización, los asuntos provinciales, las autoridades locales, las tierras estatales, la planificación espacial y las obras públicas. La descentralización transfiere poderes y recursos a niveles inferiores, pero sus resultados prácticos dependen de la capacidad institucional y la financiación disponible. Muchos servicios públicos siguen centralizados mientras avanza ese proceso. La Constitución reconoce el liderazgo tradicional. Los jefes, jefes de distrito y jefes de aldea tienen funciones en la cultura, el derecho consuetudinario, las tierras comunales, la protección ambiental, el desarrollo y la resolución de disputas. El presidente nombra o destituye a un jefe a recomendación de la Asamblea Provincial de Jefes, tras el proceso que incluye al Consejo Nacional de Jefes y al ministro responsable. Los líderes tradicionales no deben actuar como representantes de partidos políticos. Su jurisdicción consuetudinaria solo se aplica dentro de los límites fijados por la ley. El presidente ejerce la autoridad ejecutiva a través del Gabinete y es jefe de Estado y comandante en jefe. El Ejecutivo incluye al vicepresidente o los vicepresidentes, el Gabinete, la Oficina del Presidente y el Gabinete, el secretario principal, los ministerios y los secretarios permanentes. El Gabinete dirige las operaciones del Gobierno, gestiona los asuntos parlamentarios, desarrolla políticas nacionales y promueve legislación. El presidente asigna responsabilidades ministeriales, realiza ciertos nombramientos, sanciona leyes, dirige la diplomacia y puede desplegar las Fuerzas de Defensa conforme a la Constitución. El Parlamento consta del Senado y la Asamblea Nacional y tiene 370 escaños en total. El Senado tiene 90 miembros, incluidos representantes provinciales, líderes tradicionales, representantes de personas con discapacidad y diez expertos nombrados por el presidente. La Asamblea Nacional tiene 210 escaños de circunscripción, 60 escaños para mujeres y diez para jóvenes. El Parlamento aprueba leyes, representa a la población, protege la Constitución y supervisa las instituciones estatales y gubernamentales. Las comisiones permanentes y temáticas, la Comisión de Cuentas Públicas y la Comisión Jurídica Parlamentaria examinan la labor gubernamental y el gasto público. La población puede participar mediante audiencias públicas, peticiones y el trabajo de las comisiones. La administración parlamentaria, conocida como CSRO, apoya los procedimientos parlamentarios, los reglamentos internos y los procesos de nominación a comisiones. Los tribunales de Zimbabue incluyen el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior, el Tribunal Laboral, el Tribunal Administrativo, los tribunales de magistrados y otros tribunales subordinados. El Tribunal Constitucional conoce asuntos constitucionales y, desde la enmienda de 2026, también puede conceder autorización para apelar cuando un caso plantee una cuestión de derecho discutible de importancia pública general. El Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia en apelación, salvo en los asuntos de competencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Superior tiene jurisdicción civil y penal originaria en todo Zimbabue y supervisa o revisa los tribunales subordinados. El presidente del Tribunal Supremo dirige el poder judicial y el Tribunal Constitucional; el presidente de jueces dirige el Tribunal Supremo. El presidente nombra a los jueces tras consultar a la Comisión del Servicio Judicial. El fiscal general asesora al Gobierno, lo representa en asuntos civiles y constitucionales y redacta leyes. La Autoridad Nacional de Fiscalía, independiente, lleva a cabo los procesos y el fiscal general informa anualmente al Parlamento. El Servicio Público unificado aplica las políticas ejecutivas, administra programas públicos y presta servicios. Excluye los servicios de seguridad, jueces y magistrados, comisiones constitucionales y personal parlamentario. Los funcionarios públicos deben mantener neutralidad política y no obedecer órdenes manifiestamente ilegales. La Comisión del Servicio Público se ocupa de nombramientos, condiciones y salarios, disciplina, quejas y eficiencia, y aplica una cuota del diez por ciento para personas con discapacidad. El presidente nombra a los secretarios permanentes tras consultar a la Comisión; su nombramiento puede durar hasta cinco años y renovarse una vez. La supervisión independiente incluye la Comisión Electoral de Zimbabue, la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabue, la Comisión de Género de Zimbabue y la Comisión de Medios de Zimbabue. Estas comisiones actúan de forma independiente, no pueden recibir instrucciones externas y rinden cuentas al Parlamento. Sus miembros se proponen mediante procesos públicos que incluyen la CSRO y entrevistas antes del nombramiento presidencial. La Comisión de Derechos Humanos supervisa los derechos, recibe quejas y formula recomendaciones. La Comisión de Género aborda la igualdad de género. La Comisión de Medios se ocupa de la libertad de los medios, la ética periodística, el acceso a la información y las quejas. La Comisión Anticorrupción de Zimbabue previene e investiga la corrupción y educa al público. El auditor general audita los departamentos, instituciones y organismos gubernamentales, los consejos provinciales y metropolitanos y las autoridades locales. La Autoridad Reguladora de Contrataciones Públicas de Zimbabue promueve contrataciones transparentes y competitivas, supervisa la enajenación de activos públicos y examina quejas de licitadores. El Parlamento, el auditor general, la Comisión Anticorrupción y los tribunales ofrecen mecanismos de supervisión complementarios, no un único mecanismo de control. Los fondos públicos se mantienen en el Fondo Consolidado de Ingresos y se administran a través del ministerio responsable de finanzas y el Tesoro. El presupuesto anual presenta las estimaciones; antes de liberar fondos públicos debe aprobarse una ley de asignaciones presupuestarias. El portal oficial del presupuesto de 2026 registró un gasto total de 301.600 millones de ZWG y una meta de ingresos de 287.600 millones de ZWG, sujetos a los documentos presupuestarios aplicables y a revisiones posteriores. La revisión de mitad de año actualiza la situación financiera. La Ley de Gestión de las Finanzas Públicas regula las asignaciones, los contables públicos, las entidades públicas, las autoridades locales, los informes y las auditorías. El Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas permite una contabilidad gubernamental descentralizada. ZIMRA recauda impuestos y derechos aduaneros, facilita el comercio y los viajes, asesora sobre política fiscal y protege a las organizaciones de la sociedad civil conforme a las normas aplicables. El Banco de la Reserva de Zimbabue es el banco central. Los impuestos, tasas, tarifas y gravámenes dependen de la legislación o de ordenanzas locales; no hay una tarifa estatal única para todos los servicios públicos. La Constitución protege la dignidad humana, la seguridad personal, la libertad frente a la tortura, la igualdad, la privacidad, la reunión y asociación pacíficas, la manifestación y petición pacíficas, la libertad de conciencia, expresión y medios de comunicación, el acceso a la información, el idioma y la cultura, la circulación, la participación política, la justicia administrativa, el juicio justo y el acceso a los tribunales. Los ciudadanos y residentes permanentes pueden obtener información estatal para exigir rendición de cuentas pública. Cualquier persona puede solicitar información necesaria para proteger o ejercer un derecho. La Ley de Libertad de Información de 2020 establece funcionarios de información, gestión de registros y procedimientos de revisión o queja que incluyen a la Comisión de Medios de Zimbabue. Las restricciones a los derechos deben establecerse por ley y ser justas, necesarias y justificables. La actuación administrativa debe ser legal, rápida, eficiente, razonable, proporcionada, imparcial y justa, y las autoridades deben dar razones por escrito cuando corresponda. Los servicios se prestan a través de ministerios, oficinas provinciales, autoridades locales, comisiones, tribunales, ZIMRA y la Policía; los plazos y tasas varían según la institución y las normas aplicables. Los servicios de seguridad de Zimbabue incluyen las Fuerzas de Defensa, el Servicio de Policía, los servicios de inteligencia, el Servicio Penitenciario y Correccional y otros servicios creados por ley. Deben ser imparciales, profesionales, orientados a la nación y subordinados a la autoridad civil; sus miembros no pueden desempeñar funciones partidistas. El Consejo de Seguridad Nacional asesora sobre política de seguridad. Las Fuerzas de Defensa se componen del Ejército y la Fuerza Aérea y protegen la soberanía, la integridad territorial y los intereses nacionales. El presidente puede desplegarlas para la defensa interna, el orden público o emergencias, así como para compromisos internacionales, regionales o de las Naciones Unidas; el Parlamento debe recibir información sobre el despliegue. La Policía de la República de Zimbabue previene, investiga y detecta delitos, protege la vida y los bienes, mantiene el orden público y hace cumplir la ley. El Servicio Penitenciario y Correccional administra la detención, la rehabilitación, la reintegración y las prisiones. La Constitución exige un mecanismo independiente de quejas por conducta indebida de los servicios de seguridad.