Seguros en Zambia

La Autoridad de Pensiones y Seguros (PIA) regula el mercado de seguros de Zambia conforme a la Ley de Seguros n.º 38 de 2021. Autoriza a aseguradoras, reaseguradoras, corredores, agentes, peritos, ajustadores de pérdidas, inspectores de riesgos y gestores de reclamaciones, y supervisa la solvencia, la conducta y la protección de los asegurados. Está prohibido operar en el negocio de seguros sin licencia de la PIA y, por lo general, los bienes o intereses situados en Zambia no se pueden asegurar con una aseguradora sin licencia. Antes de firmar un contrato se debe consultar el registro vigente de entidades autorizadas. También se aplican a los productos y disputas pertinentes el Reglamento General de Seguros SI 105/2022 y las normas más recientes sobre conducta de mercado, reaseguro, microseguros y tribunales de seguros. Los seguros generales privados cubren riesgos como daños y responsabilidad de vehículos, incendios, robos, bienes de propietarios, bienes comerciales, interrupción de negocio, transporte marítimo, aviación, ingeniería, agricultura, viajes y responsabilidad civil pública, patronal, por productos o profesional. Los seguros de largo plazo incluyen vida, vida colectiva, sepelio, rentas vitalicias, vida vinculada a créditos, accidentes personales y productos de discapacidad o prestaciones de ingresos. La disponibilidad de productos, las exclusiones, los periodos de carencia, los límites de prestaciones, las reglas de rescate y la continuidad de las primas dependen de la póliza y el proveedor. Los seguros médicos, incluidos NHIMA y la cobertura médica privada, corresponden principalmente al tema de salud y no a este resumen de seguros. El microseguro es una categoría de producto regulada que ofrece prestaciones definidas a cambio de una prima. Los proveedores pueden distribuirlo a través de intermediarios autorizados, entidades financieras, cooperativas, grupos de autoayuda, funerarias, agregadores o agentes. Los límites, la elegibilidad, las prestaciones y la prima dependen del producto. Una póliza de microseguro autorizada no equivale a la ayuda mutua informal ni a un sistema de aportaciones sin regular. La Junta de Control del Fondo de Indemnización Laboral administra el régimen legal de accidentes laborales conforme a la Ley de Indemnización Laboral n.º 10 de 1999. Los empleadores cubiertos se registran y pagan las cuotas; a los trabajadores no se les descuenta la nómina por este régimen. Puede proporcionar atención médica y prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluidos beneficios por incapacidad, fallecimiento y supervivencia. Entre las exclusiones indicadas figuran los funcionarios públicos permanentes, docentes, policías y miembros de las fuerzas armadas. Por lo general, el empleador notifica el accidente dentro de tres días y el trabajador o la persona a su cargo aporta la notificación exigida, pruebas médicas y otros documentos justificativos. Las reclamaciones suelen tener un plazo de doce meses para los casos de incapacidad o fallecimiento, sujeto a excepciones legales. Empleadores y reclamantes pueden utilizar los formularios de WCFCB, los servicios electrónicos eWorkers o el código USSD *708#. La Autoridad Nacional del Sistema de Pensiones (NAPSA) ofrece protección contributiva de los ingresos por jubilación, invalidez y supervivencia. La afiliación del sector formal es obligatoria según las normas aplicables. La información vigente de NAPSA indica una cotización del 10 % de los ingresos brutos, repartida por igual entre empleador y trabajador, con pago antes del día 10 del mes siguiente. El máximo indicado es K2.892,03 sobre un límite mensual de ingresos de K28.920,30. También existe una vía ECIS para el sector informal. NAPSA protege los ingresos sociales y no sustituye una póliza privada de vida u otro seguro personal. La Ley del Sistema Nacional de Pensiones n.º 72 de 2026 y SI 62/2026 forman parte del marco de reforma vigente. El seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos es necesario para circular por una carretera con un vehículo o remolque conforme a la parte IX de la Ley de Carreteras y Tráfico Vial, aunque los vehículos públicos están exentos. La cobertura legal se refiere principalmente al fallecimiento o lesiones corporales de terceros y no paga automáticamente los daños del vehículo del asegurado. La cobertura integral u otra cobertura de daños propios es opcional y depende de la póliza. Los registros de la policía y de RTSA suelen servir de respaldo para una reclamación de vehículos. Un tercero lesionado puede presentar una acción directa contra la aseguradora dentro del plazo de prescripción legal, normalmente dos años desde la causa de acción. Cuando cambia el propietario, el seguro anterior del vehículo queda sin efecto conforme a las directrices de RTSA, por lo que el nuevo propietario necesita una cobertura propia. La póliza debe identificar a la persona o los bienes asegurados, el riesgo cubierto, la suma asegurada o prestación, las exclusiones, la franquicia o deducible, el territorio, la vigencia, las condiciones de renovación, el periodo de carencia, las reglas sobre beneficiarios, el plazo para notificar siniestros y las consecuencias de cancelarla. Un presupuesto, préstamo, relación laboral o matriculación de un vehículo no demuestra por sí solo que la cobertura haya comenzado: la cobertura empieza según la aceptación de la aseguradora, el certificado provisional o las condiciones de la póliza. Para productos prescritos, como seguros de vehículos, bienes de propietarios, sepelio y vida, solicita el condicionado y la correspondiente declaración de información esencial. Un corredor o agente autorizado puede ayudar, pero también conviene comprobar su licencia. Las normas de conducta de mercado de 2025 prohíben las ventas vinculadas y exigen un trato justo y divulgación adecuada. Las primas varían según el riesgo, la prestación, la vigencia, la franquicia y el proveedor. Se aplica un gravamen del 5 % sobre las primas, excluido el reaseguro, que la aseguradora, el agente o el corredor recauda y remite. El gravamen vence el día 18 del mes siguiente; la comisión del corredor no es el gravamen. Compara el importe total a pagar, el gravamen, la franquicia, las comisiones, las exclusiones y el efecto sobre la renovación, en vez de comparar solo la prima anunciada. Los asegurados deben declarar correctamente los hechos relevantes, pagar las primas en plazo, tomar medidas razonables para reducir las pérdidas, notificar los siniestros sin demora, colaborar con peritos o ajustadores, cumplir las condiciones de seguridad y comunicar cambios relevantes, como domicilio, beneficiario, uso del vehículo, ocupación, actividad comercial o ubicación de los bienes asegurados. Tras un incidente, protege a las personas y los bienes, evita más pérdidas, notifica a la aseguradora o al intermediario dentro del plazo de la póliza y conserva el número de póliza, documentos de identidad, pruebas de la pérdida, recibos y los registros policiales, médicos, de fallecimiento o del empleador que correspondan. La aseguradora puede nombrar a un perito o ajustador de pérdidas y debe emitir una aceptación por escrito o exponer los motivos del rechazo. Los plazos máximos actuales de conducta de mercado son 31 días para siniestros generales, 27 días para seguros de largo plazo, cuatro días para siniestros de sepelio, subsidio hospitalario y microseguros, y unos 60 días para siniestros complejos. Un siniestro complejo puede incluir uno que supere el 25 % del capital mínimo de la aseguradora o requiera asesoramiento experto. Los asegurados tienen derecho a los documentos de la póliza, las condiciones divulgadas, un tratamiento justo de los siniestros, los motivos escritos del rechazo y procedimientos de reclamación y reparación. El Fondo de Garantía de Seguros puede proteger a asegurados o beneficiarios que cumplan los requisitos frente a pérdidas pecuniarias causadas por el incumplimiento de una aseguradora o un corredor autorizado, sujeto a sus reglamentos, límites y procedimiento de reclamación. No garantiza todas las pérdidas ni todos los pagos de aseguradoras. Todo cambio de suma asegurada, uso del vehículo, beneficiario, domicilio, ocupación, actividad comercial o ubicación de los bienes asegurados debe constar en un suplemento o en un nuevo cuadro de póliza. Una promesa verbal de un agente no modifica de forma segura la cobertura por escrito. La falta de pago puede provocar el vencimiento o la cancelación, y la renovación no está garantizada automáticamente salvo que la póliza lo establezca. Primero debe presentarse por escrito una reclamación ante la aseguradora o el corredor, conservando la póliza, el expediente del siniestro, las fechas y la correspondencia anterior. En general, el marco de conducta de mercado limita a 10 días el plazo de tramitación de reclamaciones de la aseguradora. Si el asunto no se resuelve, puede elevarse a la PIA después del proceso interno. La PIA puede investigar por iniciativa propia o a partir de una reclamación de una persona representante, un grupo o una fuente anónima, pero puede rechazar asuntos frívolos, retirados, ya sometidos a un tribunal u otra autoridad, o que no hayan agotado todavía una solución disponible. Por lo general, la reclamación está sujeta a un plazo de un año desde que se agotan los derechos pertinentes. El Tribunal de Seguros puede recibir e investigar disputas de asegurados conforme a las Reglas del Tribunal de 2025, mientras que los procedimientos judiciales siguen siendo distintos. Las normas de seguros de Zambia son nacionales, pero la disponibilidad real varía según el proveedor, la sucursal, el agente, la conectividad y el empleo formal o informal.