Convivencia cotidiana en Yemen

En Yemen no existe un único servicio nacional para la convivencia cotidiana. Los consejos locales, los comités de desarrollo de subdistrito, los consejos cooperativos de aldea, los comités comunitarios locales y la autoorganización de las comunidades pueden coordinar servicios, infraestructuras, recursos, diálogo y riesgos locales. Estos organismos no equivalen a una oficina nacional permanente de atención vecinal. Algunos están vinculados a proyectos o distritos concretos; por ejemplo, en un contexto del proyecto ERRYJP-III funcionaron 49 comités de desarrollo de subdistrito en cinco gobernaciones. Los comités de comunidades de acogida y de asentamientos de personas desplazadas internas también apoyan la comunicación, la autoorganización y la cohesión social, pero su trabajo depende del asentamiento, la financiación, la seguridad y las autoridades responsables. En la práctica, la administración formal está dividida entre el Gobierno Internacionalmente Reconocido en el sur, incluida Adén, y las autoridades de facto en el norte, incluida Saná. Las normas, el acceso y los riesgos pueden variar, por tanto, según la gobernación y el distrito. Los consejos locales, la policía, la fiscalía y los tribunales pueden tener distinto alcance práctico, mientras que los jeques, líderes comunitarios y otras figuras influyentes suelen ayudar a resolver disputas locales. Un acuerdo local puede ayudar a solucionar un problema práctico, pero no ofrece automáticamente las garantías legales de una autoridad formal. La reunión pacífica está regulada formalmente por la Ley n.º 29/2003 sobre manifestaciones y marchas. La ciudadanía, los partidos, las organizaciones de masas y los sindicatos deben presentar una notificación por escrito a la autoridad de seguridad competente al menos tres días antes de la reunión prevista. La notificación indica la fecha, la hora, el lugar, el recorrido previsto, el propósito, las consignas y las personas organizadoras. Por motivos de seguridad, la autoridad puede aplazar la hora o cambiar el recorrido previsto hasta 24 horas. Se puede presentar una reclamación en un plazo de 24 horas y el tribunal debe resolverla en un plazo de 72 horas. Están prohibidos las armas y los explosivos. En la práctica, el conflicto, el control dividido, la represión y la situación de seguridad pueden restringir gravemente estos derechos. Por ello, antes de utilizar un espacio público hay que comprobar la aprobación local y las condiciones de seguridad. Las disputas comunitarias suelen girar en torno a servicios y recursos escasos, carreteras, agua, educación, atención sanitaria, tierras o derechos de uso, asuntos familiares, deudas y otros desacuerdos civiles. Una disputa puede pasar del diálogo comunitario a la mediación o el arbitraje y, cuando corresponda, a procedimientos policiales o judiciales. Los comités comunitarios de mediación son organismos locales o vinculados a proyectos, no un reemplazo nacional del sistema formal de justicia. En un programa documentado funcionaron seis de estos comités en seis distritos de Adén; ofrecieron asesoramiento jurídico a 1.296 personas detenidas antes del juicio y ayudaron a resolver mediante mediación y puesta en libertad 138 casos civiles o de delitos menores. La mediación informal por integrantes de consejos locales, figuras comunitarias o jeques puede ser accesible, pero requiere evaluar cuidadosamente los desequilibrios de poder, la desigualdad de género, las presiones sobre las personas participantes y la protección de las personas vulnerables. Las personas muhamasheen, desplazadas internas, refugiadas y solicitantes de asilo, migrantes —principalmente de Etiopía y Somalia—, mujeres y niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad pueden enfrentar obstáculos particulares para acceder al trabajo, la documentación, la vivienda o los servicios en los asentamientos, el agua, la educación y la asistencia. No se ha identificado en Yemen una vía nacional fiable para acceder a soluciones contra la discriminación en estos casos. Los mecanismos locales de protección y derivación pueden incluir a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) u organizaciones asociadas, pero el acceso depende de la ubicación, la documentación, la seguridad y la capacidad disponible. Es más frecuente que las personas migrantes queden fuera de los sistemas locales de protección y apoyo que otros grupos. Las carreteras, los mercados, las escuelas, los centros de salud, los asentamientos de personas desplazadas internas y los centros comunitarios son espacios compartidos clave. Los puestos de control, los restos explosivos de guerra y las minas, las inundaciones, las infraestructuras dañadas, la violencia de género y el acoso pueden limitar su uso seguro. UNICEF y el Centro Ejecutivo de Acción contra las Minas del Yemen (YEMAC) promueven el mensaje de seguridad SAWR: Detenerse, Evitar, Advertir, Informar. Los espacios adaptados a la infancia, el apoyo psicosocial y las plataformas comunitarias pueden ofrecer alternativas más seguras cuando el acceso habitual a los espacios públicos no es seguro, pero no eliminan la necesidad de seguir las instrucciones locales de seguridad. Según la investigación proporcionada, más de 1,6 millones de personas desplazadas viven en más de 1.900 asentamientos no planificados o similares a campamentos. Por ello, los servicios en los asentamientos dependen de la coordinación entre las comunidades desplazadas y de acogida, la capacidad de agua, saneamiento e higiene (WASH) y de protección, la documentación, los recursos y las autoridades locales. El hacinamiento, las deficiencias de los servicios, la presión sobre los alquileres y el riesgo de desalojo pueden generar tensiones; las normas detalladas sobre arrendamiento y vivienda corresponden al tema de vivienda, no a este. No hay constancia de un servicio nacional de convivencia o mediación digital. La conectividad móvil, la mensajería, las redes sociales y la actividad de la sociedad civil en línea ofrecen canales funcionales, pero el acceso es desigual: en 2023 había 34,3 suscripciones de banda ancha móvil por cada 100 personas. La vigilancia, el bloqueo, las presiones y la autocensura, especialmente en zonas controladas por autoridades de facto, pueden hacer que la participación digital sea arriesgada. Los derechos formales a la reunión pacífica, la asociación, la expresión y la participación en los asuntos públicos no garantizan protección igualitaria, libre circulación ni la misma calidad de los servicios en todos los distritos. Los costos prácticos pueden incluir transporte, documentos, comunicaciones, pérdida de ingresos laborales y alojamiento seguro; no se pudieron establecer de forma fiable tarifas directas por notificar una reunión o recurrir a la mediación local. Los servicios comunitarios y humanitarios también pueden reducirse cuando hay déficits de financiación. Quienes organicen un acto, soliciten mediación o pidan asistencia deben identificar a la autoridad que ejerce el control, comprobar las condiciones locales de acceso y seguridad, documentar el problema y recurrir a una vía formal de protección o legal cuando las presiones informales puedan poner a alguien en peligro.