Estado en Tuvalu

El soberano de Tuvalu es el jefe del Estado y está representado por el Gobernador General. El Parlamento elige al primer ministro, y el gabinete está formado por el primer ministro y ministros que generalmente son miembros del Parlamento. El Parlamento, también llamado Fale i Fono, es un órgano legislativo unicameral con al menos 16 miembros elegidos directamente; actualmente tiene 16 miembros elegidos en ocho circunscripciones de dos representantes. Aprueba leyes y el presupuesto, supervisa al gobierno y trabaja mediante comités. Una legislatura puede durar hasta cuatro años, y el Parlamento debe reunirse al menos dos veces en cada periodo de 12 meses. Tuvalu comprende Funafuti, Nanumea, Nanumaga, Niutao, Nui, Vaitupu, Nukufetau, Nukulaelae y Niulakita. Funafuti es la capital y el principal centro administrativo. Tuvalu tiene ocho áreas de gobierno local, no provincias ni estados federados. Conforme a la Ley Falekaupule, el Falekaupule es la asamblea tradicional de la isla o el consejo de ancianos, mientras que el Kaupule es el órgano ejecutivo y administrativo elegido, normalmente con seis miembros electos. Niulakita está bajo la responsabilidad de gobierno local de Niutao. La influencia consuetudinaria sigue siendo relevante junto con el sistema jurídico formal. Los ministerios y departamentos nacionales prestan la administración central, mientras que los Kaupule, las autoridades isleñas, los servicios de extensión y las conexiones de transporte apoyan la implementación en las islas periféricas. La Comisión de la Función Pública administra el empleo público, incluidos la contratación, los ascensos y la disciplina conforme a las Órdenes Administrativas Generales y las Normas de la Comisión de la Función Pública. El Secretario del Gobierno coordina los ministerios y las oficinas gubernamentales. Hay que comprobar las responsabilidades conforme a la Constitución, una ley, un reglamento o un estatuto local, ya que estos instrumentos no tienen la misma función jurídica. El Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico gestiona la planificación, el presupuesto anual, el marco fiscal a medio plazo y la coordinación de la ayuda. Hacienda, Ingresos y Aduanas, la Unidad Central de Contratación Pública, Auditoría Interna, la Unidad de Gasto Público y Gestión de Riesgos y la Unidad de Inteligencia Financiera desempeñan funciones especializadas. Los fondos públicos se mantienen en estructuras que incluyen el Fondo Consolidado, su Cuenta General para transacciones ordinarias, el Fondo de Inversión Consolidado, el Fondo Fiduciario de Tuvalu, el Fondo Fiduciario Falekaupule y el Fondo de Supervivencia de Tuvalu. En el presupuesto de 2026–27, la tabla presupuestaria indica ingresos de A$143,9 millones y gastos de A$155,7 millones; el prólogo informa gastos de A$155,8 millones y un déficit de A$11,9 millones. Las licencias de pesca, los rendimientos del Fondo Fiduciario de Tuvalu, el dominio .tv, la asistencia oficial para el desarrollo, los ingresos por servicios y los impuestos contribuyen a los ingresos públicos. La volatilidad de los precios de importación y combustible, los impactos climáticos, las subvenciones y los pasivos de las empresas estatales generan riesgos fiscales. El Auditor General es constitucionalmente independiente y audita las cuentas públicas, el dinero público y los bienes públicos al menos una vez en cada ejercicio financiero, e informa al Parlamento. La aprobación y supervisión parlamentarias de las asignaciones, las normas de contratación pública, las Instrucciones Financieras y la auditoría interna ofrecen controles adicionales. La Ley del Código de Liderazgo permite que el Ombudsman emita resoluciones, asesoramiento y autorizaciones en relación con dirigentes. El marco jurídico enumera una Ley de la Institución Nacional de Derechos Humanos de 2017, pero las fuentes primarias públicas actuales no permiten confirmar con claridad que exista una institución operativa con cobertura nacional. Los tribunales incluyen el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelación, los tribunales de magistrados, los tribunales isleños y los tribunales de tierras. El Tribunal Supremo se ocupa de la interpretación, aplicación y cumplimiento de la Constitución. En los casos pertinentes, la Constitución puede permitir una apelación al soberano en Consejo. La Oficina del Abogado del Pueblo ofrece asistencia jurídica y resolución alternativa de conflictos en asuntos civiles, penales, de tierras y familiares. La información estatal se publica en sitios web gubernamentales, documentos parlamentarios, legislación y publicaciones presupuestarias. La Ley de Radiodifusión Pública, Radio Tuvalu, el Departamento de TIC y la Corporación de Telecomunicaciones de Tuvalu apoyan la comunicación pública. El acceso a la información y los servicios en las islas periféricas depende en parte de la conectividad digital, el transporte marítimo y las conexiones aéreas. La información gubernamental no es lo mismo que los medios independientes. Los Servicios de Policía de Tuvalu se ocupan de hacer cumplir la ley, mantener el orden público y proteger la seguridad conforme a la Ley de Facultades y Deberes de la Policía de 2009 y la Ley del Servicio de Policía de 2009. El Comisionado de Policía es un cargo constitucional. Las estructuras policiales y marítimas también apoyan la vigilancia marítima, las operaciones de búsqueda y rescate y las patrullas pesqueras. Inmigración y Aduanas desempeñan funciones fronterizas. La Oficina Nacional de Gestión de Desastres y las estructuras correspondientes abarcan la mitigación, preparación, respuesta y recuperación ante desastres. Las fuentes primarias actuales examinadas no identifican una fuerza militar permanente independiente. Conforme al Tratado de la Unión Falepili, Australia puede prestar apoyo cuando se solicite en situaciones como un desastre natural grave, una emergencia de salud pública o una agresión militar; el contacto en materia de seguridad o defensa con terceros países está sujeto a coordinación con Australia. Por ello, el cambio climático es tanto una cuestión de política pública como una preocupación central para la seguridad y la supervivencia nacional. La Constitución protege derechos que incluyen la vida, la libertad, la protección de la ley, las creencias, la expresión, la reunión y la asociación, la circulación, la propiedad y la no discriminación. También contiene una Carta de Deberes y Responsabilidades y reconoce los valores y costumbres tuvaluanos. Los dirigentes están sujetos al Código de Liderazgo. El acceso a servicios, las tarifas y los plazos dependen de la ley o institución correspondiente, no de un cargo o calendario estatal uniforme; el transporte o el clima en las islas periféricas pueden prolongar el tiempo práctico necesario para obtener un servicio.