Deuda en Tayikistán

Tayikistán registra la deuda pública, doméstica y empresarial mediante sistemas financieros y jurídicos formales. El Ministerio de Finanzas gestiona el endeudamiento público y emite garantías estatales. En 2025, la deuda pública ascendió a 32.075,9 millones de TJS, incluidos 27.826,8 millones de deuda externa y 4.249,1 millones de deuda interna. El servicio de la deuda representó el 9,8 % de los ingresos presupuestarios y el servicio de la deuda externa, el 20,3 % de las exportaciones de bienes y servicios. La deuda externa predominó en la estructura: los prestamistas multilaterales aportaron el 91 % de los desembolsos externos de 2025 y los bilaterales, el 9 %. El plazo medio de los nuevos acuerdos fue de 21,4 años, con un periodo de gracia medio de 8,3 años. El FMI evaluó que la deuda pública era sostenible, pero señaló un riesgo elevado de dificultades de deuda entre 2025 y 2027. El Ministerio de Finanzas utiliza instrumentos como la reestructuración, la refinanciación, el pago anticipado, las recompras, los canjes y la condonación, dentro de los límites anuales de deuda y una estrategia de gestión de la deuda de tres años. El endeudamiento privado también es considerable. En 2025, el crédito concedido alcanzó los 30.000 millones de TJS, un 22,1 % más, y los préstamos al consumo representaron el 42,6 % de los nuevos créditos. Los microcréditos llegaron a 22.000 millones de TJS. Los tipos de interés medios ponderados fueron aproximadamente del 22,6 % para los préstamos en somoni tayikos y del 11,7 % para los préstamos en moneda extranjera. A finales de 2025, Tayikistán tenía 18 bancos tradicionales, un banco islámico, 26 organizaciones de depósito de microcrédito, dos organizaciones de microcrédito y 22 fondos de microcrédito. El Banco Nacional de Tayikistán autoriza y supervisa estos proveedores. El acceso depende del contrato de crédito, la capacidad de pago, el historial crediticio y, cuando se exige, una garantía real o personal. El crecimiento del crédito a hogares ha llevado al FMI a pedir normas prudentes para la concesión de préstamos. El historial crediticio registra las deudas, los periodos de reembolso, las garantías reales y los riesgos derivados del crédito, el arrendamiento financiero, el factoring y el forfaiting. CRIF Tayikistán y la Oficina de Historiales Crediticios Somoniyon son las dos agencias de crédito activas. El prestatario debe notificar por escrito o dar su consentimiento para el proceso correspondiente de historial crediticio y puede obtener gratis un informe al año; los informes adicionales pueden tener un coste. Puede solicitar una copia, preguntar por la fuente de un dato, impugnar información inexacta, pedir su corrección y presentar una queja ante el organismo responsable. La división de protección del consumidor del Banco Nacional acepta reclamaciones por escrito, electrónicamente o verbalmente. Si una reclamación llega al organismo equivocado, debe remitirse en un plazo de tres días; la respuesta debe respetar los demás plazos generales aplicables. No hay un servicio nacional de asesoramiento sobre deudas verificado ni un defensor financiero independiente plenamente establecido en Tayikistán. Cuando un prestatario se retrasa, puede hablar primero con el prestamista sobre el contrato, un plan de pagos, la refinanciación o la reestructuración. Salvo que el contrato u otra ley disponga algo distinto, los intereses de demora conforme al Código Civil están vinculados al tipo de refinanciación del Banco Nacional. El prestamista puede estar facultado para exigir el reembolso anticipado íntegro si el prestatario incumple o disminuye el valor de la garantía constituida en prenda. El acreedor garantizado tiene prioridad sobre los bienes dados en prenda. Una vez emitido un título ejecutivo, el Servicio de Ejecución puede acceder a cuentas, ingresos, bienes muebles e inmuebles y otros créditos. En algunos casos, la autoridad puede restringir la salida del país. La tasa de ejecución es del 10 % de la reclamación, más los costes de ejecución. Un tribunal puede ordenar un aplazamiento, pagos fraccionados o una ampliación del plazo. El deudor puede examinar el expediente, obtener copias, aportar pruebas y solicitudes, participar en los procedimientos, pedir la aprobación judicial de un acuerdo y presentar una queja. Debe facilitar información y documentos, comparecer cuando se le requiera y comunicar cambios de residencia o bienes en un plazo de tres días. La Ley de Insolvencia (Quiebra) se aplica a las personas jurídicas y los empresarios individuales, no a las personas físicas ordinarias. Un indicador de insolvencia establecido es que las obligaciones lleven impagadas al menos tres meses y el total de pasivos supere los activos. Hay procedimientos de observación, administración externa para las grandes empresas, procedimientos concursales y acuerdos amistosos. Puede presentar una solicitud una persona jurídica o un empresario individual, un acreedor, un organismo fiscal o un organismo autorizado cuando se cumplan los requisitos legales. Una vez que el tribunal admite el caso, por regla general los acreedores presentan sus reclamaciones colectivamente en lugar de llevar adelante ejecuciones separadas. Desde el inicio del procedimiento concursal, dejan de acumularse intereses y penalizaciones y las reclamaciones se tramitan dentro del procedimiento. El plazo para presentar reclamaciones es de al menos dos meses. El procedimiento puede durar hasta cinco meses para una pequeña o mediana empresa u organización sin fines de lucro y hasta doce meses para una gran empresa, con la posibilidad de añadir un mes. Las personas físicas ordinarias no disponen de un procedimiento establecido de insolvencia personal que, por regla general, cancele sus deudas. Existen préstamos informales de familiares y amistades, pero no se mide de forma fiable su prevalencia actual en todo el país.