Deuda en Sudán

Sudán tiene varios sistemas de deuda distintos. El Ministerio de Finanzas y Planificación Económica y el Banco Central de Sudán gestionan aspectos de la deuda pública y del sector financiero, mientras que bancos, instituciones de microfinanzas y empresas de arrendamiento financiero autorizados ofrecen financiación formal. El crédito entre familiares, amigos y comerciantes sigue teniendo importancia práctica, pero hay pocos datos nacionales fiables sobre la deuda de hogares y pequeñas empresas. No existe un servicio nacional de asesoramiento sobre deudas documentado ni un procedimiento uniforme de insolvencia de consumidores comparable a un sistema estandarizado de liquidación de deudas. La deuda pública y externa es distinta de un préstamo a un hogar. La deuda externa de Sudán ascendía aproximadamente a 22.000 millones de dólares estadounidenses en 2024, incluidos unos 4.700 millones de deuda externa a corto plazo. Gran parte de la deuda externa consiste en atrasos de pago de larga data. Sudán alcanzó el Punto de Decisión de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC) el 29 de junio de 2021, pero aún no ha alcanzado el Punto de Culminación. El alivio HIPC reduciría la deuda existente y la presión de pagos futura; no proporcionaría un nuevo pago en efectivo. El avance depende del desempeño macroeconómico, un historial respaldado por el FMI, una estrategia de reducción de la pobreza, condiciones de reforma y el tratamiento de los acreedores. En 2025 se informó de que la asistencia provisional del FMI ascendía a 0,5 millones de DEG, y figura una fecha de pago de deuda al FMI para el 29 de diciembre de 2026. En 2026, el Banco Mundial informó que reanudar el proceso HIPC es necesario para crear margen fiscal. El acceso a nuevos préstamos estatales está, por tanto, muy limitado. Una persona o empresa que solicita financiación formal puede pasar por una consulta de crédito antes de que un prestamista conceda, aumente, prorrogue o modifique una línea de crédito. La Agencia de Información y Calificación Crediticia, conocida como CIASA, gestiona funciones de información y puntuación crediticias. El prestatario puede pedir su propio informe a CIASA y reclamar por datos incorrectos. La revisión de la agencia puede tardar hasta 15 días. Se puede elevar una reclamación al Gobernador en un plazo de dos semanas; el plazo de respuesta es de hasta un mes y el proveedor de los datos dispone de hasta 10 días para corregir errores confirmados. En 2025 se informó que la información de CIASA era gratuita para clientes de instituciones de microfinanzas y empresas de arrendamiento financiero y que en esos casos no se cobraba a los clientes. Las instituciones financieras también tienen obligaciones de confidencialidad. La financiación formal puede consistir en crédito convencional o financiación islámica. La Murabaha es una venta con margen de costo, el Ijara es un arrendamiento y el Musharaka es un acuerdo de sociedad. El contrato determina el calendario de pagos, el costo total, las garantías, las consecuencias del impago y las opciones de reestructuración. La Unidad de Microfinanzas y la Agencia de Garantía de Microfinanzas se ocupan de la regulación y el desarrollo de las microfinanzas, con programas dirigidos también a grupos pobres, vulnerables y desatendidos. La aprobación sigue dependiendo de la evaluación del prestamista, la capacidad de pago, las garantías o los avales y el producto concreto. Cuando se vuelve difícil pagar, suele ser más útil contactar pronto con el prestamista que esperar a la cobranza o a una acción judicial. Las posibles respuestas incluyen supervisión, una nueva fecha de pago, reprogramación o reestructuración. Puede intervenir una agencia de cobro, y el prestamista puede ejecutar las garantías o iniciar acciones legales para recuperar la deuda. Los términos contractuales, los costos y los plazos varían según el caso. En la banca islámica, una penalización por demora no se considera ingreso ordinario del banco y se destina a fines benéficos conforme a las normas de la sharía aplicables. Un préstamo moroso solo puede darse de baja con autorización del Banco Central de Sudán y una vez transcurrido el periodo correspondiente. Para un préstamo ordinario vencido, el periodo mínimo comunicado es de tres años. En el caso de una empresa o negocio, la liquidación o quiebra suele requerir al menos un año; también se han señalado plazos de un año para el fallecimiento sin bienes recuperables y para un prestatario prófugo o ilocalizable. Dar de baja el préstamo no equivale a cancelar la deuda: pueden continuar los esfuerzos de cobro. Después de la decisión, el banco puede bloquear a los prestatarios afectados, incluidos los propietarios de empresas y los nombres comerciales. Sudán tiene una tradición formal de quiebra y liquidación asociada a la Ley de Quiebras de 1929, la Ley de Sociedades de 2003 y la Ley de Insolvencia de 2011. Los análisis jurídicos disponibles describen la quiebra de personas físicas como poco común y socialmente estigmatizada, y señalan mecanismos modernos de reestructuración débiles o limitados. No está clara su aplicación actual durante la guerra ni la capacidad de los tribunales, y las pruebas disponibles no establecen una condonación automática de la deuda personal. El conflicto de 2023–2025 perturbó el empleo, los ingresos y el acceso a la banca. Una encuesta urbana de la ONU de 2024 informó que el 31 % de los hogares se había desplazado, el 18 % no tenía ingresos ni trabajo y más del 40 % de los titulares de cuentas habían sufrido problemas de pago o retiro. Algunos bancos cerraron, lo que aumentó la importancia del apoyo familiar y comunitario, pero también el riesgo de deuda informal, impagos y pérdida de bienes dados en garantía. El prestatario debe conservar contratos, pruebas de pago, informes de crédito y comunicaciones; distinguir las reclamaciones formales de las informales; y obtener asistencia jurídica o financiera específica para su caso si hay cobros, ejecución de garantías o procedimientos judiciales. La deuda en Sudán no debe confundirse con los sistemas separados de banca, inversión o gastos generales del hogar, y la información aquí no se refiere a Sudán del Sur.