Derecho laboral en Sudán

El marco central es la Ley del Trabajo de 1997, complementada por la Ley de Sindicatos de 2010, la Ley de Seguro Social y Pensiones de 2016, la Ley de Compensación por Lesiones Laborales de 1981, la Ley del Salario Mínimo Básico de 1974 y las protecciones constitucionales de igualdad y laborales. En general, se considera trabajador a una persona de al menos 16 años que trabaja bajo la supervisión de un empleador a cambio de un salario. Un contrato de trabajo puede ser escrito, oral o inferirse de la conducta de las partes. Los contratos de más de tres meses deberían constar por escrito en tres ejemplares, firmados o marcados por ambas partes, con una copia para cada una y otra para el comisionado. Deberían identificar al empleador y a la empresa, el lugar de trabajo, la identidad, edad y cualificaciones del trabajador, las funciones, la fecha de inicio, el lugar de trabajo, el salario, el método de pago y el plazo de preaviso. El periodo de prueba no puede superar los tres meses. Los contratos de duración determinada suelen poder durar hasta dos años y renovarse una vez en la misma empresa; la continuidad del trabajo después de ese plazo puede convertirlos en contratos indefinidos. Si no hay un contrato escrito, las partes pueden demostrar sus condiciones mediante otras pruebas. El trabajador debería recibir un comprobante de los documentos entregados al empleador, y este no puede crear contra el trabajador un derecho de cobro judicialmente exigible por sus propios costos de contratación. El salario incluye el sueldo básico y otras remuneraciones, como comida, combustible, vivienda, horas extraordinarias y bonificaciones. Las cotizaciones al seguro social, a pensiones y al seguro de vida, las asignaciones de viaje, los obsequios y los gastos especiales se tratan por separado en las normas salariales. El pago puede ser diario, semanal, quincenal o mensual, según el acuerdo. Por lo general, un pago atrasado debe regularizarse dentro de los tres días posteriores a su vencimiento, y la liquidación final debería hacerse dentro de la semana siguiente a la terminación del empleo. Las deducciones requieren base legal o acuerdo escrito, y el empleador debería entregar un desglose cuando se le solicite. Los préstamos del empleador suelen estar exentos de intereses; las deducciones periódicas no pueden superar el 15 % del salario básico. El marco legal establece un salario mínimo básico, pero antes de basarse en una cifra concreta debería confirmarse el importe vigente con una autoridad sudanesa competente. En general, la jornada normal es de 48 horas semanales u ocho horas diarias, con una pausa remunerada de al menos 30 minutos. Durante el Ramadán, las personas que ayunan y las madres lactantes con hijos de hasta dos años reciben una hora diaria menos de trabajo remunerado. Las horas extraordinarias suelen depender de un acuerdo; las de emergencia pueden llegar a cuatro horas al día y doce a la semana. Por lo general, se pagan a 1,5 veces el salario básico en días ordinarios y al doble en los días de descanso semanal o festivos oficiales. Las mujeres durante el periodo protegido solo pueden hacer horas extraordinarias voluntariamente. Las vacaciones anuales son remuneradas después de un año de servicio continuo. Los periodos indicados son de 20 días tras entre uno y tres años, 25 días tras ocho y menos de quince años, y 30 días a partir de quince años. La redacción legal no es clara sobre el periodo comprendido entre tres y menos de ocho años, que requiere confirmación para cada caso. Al terminar el empleo, pueden pagarse proporcionalmente las vacaciones no utilizadas. Con el consentimiento del empleador, pueden aplazarse hasta un año. Tras tres meses de servicio, los días festivos oficiales son remunerados. Las vacaciones anuales por viaje son de hasta diez días remunerados. La licencia de maternidad dura ocho semanas con salario completo tras el periodo de servicio exigido; normalmente se divide en cuatro semanas antes y cuatro después del parto o, con el acuerdo requerido, dos semanas antes y seis después. Según la protección indicada, no se puede despedir a una trabajadora durante el embarazo o la licencia de maternidad. Tras tres meses de servicio, una licencia por enfermedad certificada puede incluir tres meses con salario completo, tres con la mitad y tres con una cuarta parte del salario dentro de un periodo de 12 meses, seguidos de una licencia sin sueldo hasta que la evalúe una comisión médica. El marco legal reconoce la igualdad salarial por trabajo igual y otras protecciones de igualdad, pero también restringe el trabajo nocturno de las mujeres entre las 22:00 y las 06:00 y el trabajo peligroso, arduo o perjudicial para la salud, sujeto a excepciones profesionales y ministeriales enumeradas. El trabajo forzoso está prohibido por compromisos constitucionales e internacionales. Las normas legales antiguas prohíben el trabajo infantil por debajo de los 12 años, salvo en determinados entornos de formación o familiares; permiten que el ministerio imponga restricciones a menores de 15 años y prohíben el trabajo peligroso o nocturno a menores de 16. Sudán ratificó el Convenio n.º 138 de la OIT, que fija la edad mínima de empleo en 14 años, por lo que los casos relativos a la edad deberían comprobarse conforme a la norma vigente aplicable, en vez de basarse en una traducción antigua aislada. Las fábricas y los centros de trabajo industriales deben cumplir los requisitos de registro y seguridad. Los inspectores de seguridad pueden acceder a los lugares de trabajo, examinar documentos y tomar muestras. Se exige un responsable de seguridad industrial a tiempo parcial en lugares con entre 30 y 150 trabajadores, y a tiempo completo cuando superan los 150. En los establecimientos con 500 trabajadores se requiere un comité de seguridad que incluya a dos representantes sindicales. Los empleadores deberían informar a los trabajadores de los riesgos, proporcionar medidas de precaución y equipos de protección, y organizar formación y supervisión. Las muertes, los incendios, las explosiones, los accidentes graves y las lesiones que causen al menos un día de incapacidad deben notificarse el mismo día. Un comisionado puede suspender una fábrica o actividad insegura. La Ley de Compensación por Lesiones Laborales y el seguro social regulan las lesiones laborales y las enfermedades profesionales. El Fondo Nacional de Pensiones y Seguro Social administra la cobertura obligatoria del sector privado, incluidos los trabajadores extranjeros, cuando el empleador cuenta con al menos un trabajador. Se excluyen las misiones diplomáticas. Los empleadores y los trabajadores se registran en el Fondo; la tasa de cotización indicada es el 25 % del salario sujeto a cotización: el 17 % corresponde al empleador y el 8 % a la persona asegurada. El salario sujeto a cotización incluye el sueldo básico y las asignaciones por costo de vida, vivienda, transporte y otras asignaciones fijas. La cobertura incluye lesiones laborales y enfermedades profesionales, vejez, discapacidad de salud y fallecimiento, aunque el acceso local y los tiempos de tramitación varían según la región. Se prevé que los sindicatos y las federaciones sean voluntarios, democráticos, independientes y permanentes. La inscripción otorga personalidad jurídica al sindicato. El Registrador General de Organizaciones Laborales recibe el comité provisional y los estatutos, que normalmente deben presentarse en un plazo de dos meses; la actividad provisional puede empezar tras recibir el comprobante de depósito, y la decisión de inscripción debería emitirse en el plazo de un mes. Se puede recurrir una decisión del Registrador ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días. Un aviso vigente del Ministerio de Justicia, fechado el 11 de agosto de 2025, indicaba que el Decreto Constitucional 4/2025 levantó la congelación impuesta en enero de 2023 y permitió reanudar la actividad sindical. La información del Ministerio de 2026 identifica a un Registrador activo, pero el acceso y la independencia sindical siguen siendo desiguales a causa del conflicto y el control regional. En general, el marco limita cada empresa a un sindicato y no permite un sindicato profesional por categoría. Los empleadores no pueden interferir en la actividad sindical ni sancionar a un trabajador por ejercer legalmente su actividad sindical. Las solicitudes escritas pueden autorizar el descuento de cuotas sindicales, y la licencia sindical remunerada está limitada por plazos legales. Los conflictos colectivos suelen pasar de la negociación a la mediación y, si fuera necesario, al arbitraje. Las negociaciones deberían empezar dentro de las dos semanas posteriores al inicio del conflicto y concluir dentro de las tres semanas siguientes, con una posible prórroga de dos semanas por acuerdo. La solicitud de mediación identifica a las partes, las direcciones, el asunto y los negociadores; cada parte puede contar con hasta tres representantes y la autoridad competente puede tardar hasta tres semanas. Si fracasa la mediación, un tribunal arbitral examina el asunto, normalmente dentro de la semana siguiente a la remisión, y emite un laudo en cuatro semanas, con una posible prórroga de otras cuatro. Según el procedimiento indicado en la Ley del Trabajo, el laudo es definitivo y vinculante. Antes de completar los pasos de negociación y mediación exigidos, y mientras haya una mediación o arbitraje en curso, se prohíben los paros totales o parciales y el cierre patronal. Por lo general, los casos de trabajadores y sindicatos están exentos de tasas judiciales, aunque un tribunal puede imponer costas si se pierde el caso. Las reclamaciones por indemnización por antigüedad suelen prescribir a los cinco años; las reclamaciones salariales y por otros derechos, al año. La terminación puede producirse, entre otros motivos, por preaviso tras una incapacidad confirmada por una comisión médica, vencimiento del contrato, destrucción total, cumplir 60 años, despido durante el periodo de prueba, acuerdo mutuo por escrito, liquidación, renuncia o fallecimiento. El preaviso depende del ciclo de pago, la antigüedad y las circunstancias: normalmente es de un mes para un trabajador con salario mensual, mientras que para quienes cobran semanal o diariamente va desde el final del día hasta un mes. El preaviso relacionado con la edad de jubilación es de seis meses. La falta de preaviso normalmente da derecho a reclamar el salario correspondiente a ese periodo. Para las faltas reiteradas se requieren las máximas sanciones disciplinarias disponibles, una carta con los motivos y el pago de los derechos adeudados. Las faltas graves incluyen documentos falsificados, negligencia grave que cause pérdidas importantes, desobediencia deliberada de las normas de seguridad, incumplimientos graves de las obligaciones, divulgación de secretos, ciertas condenas, agresiones y trabajar bajo los efectos del alcohol o las drogas. Un trabajador puede dejar el empleo de inmediato si el empleador lo engaña, no cumple sus obligaciones, lo agrede o persiste en un peligro grave conocido sin corregirlo. Las reducciones de personal o cierres por motivos económicos o tecnológicos requieren una solicitud a la autoridad competente y el examen de una comisión con representación estatal, empresarial y de los trabajadores. Una reducción no autorizada puede dar lugar a la reincorporación, el pago de salarios u otros derechos pendientes y una compensación de seis meses de salario. El empleador debería expedir un certificado de empleo que no indique la causa de terminación. La indemnización por antigüedad suele corresponder tras tres años de servicio continuo: un salario básico mensual por año entre tres y diez años de servicio, 1,5 meses por año por encima de diez años y 1,75 meses por año por encima de quince años, hasta un máximo de 36 salarios básicos mensuales. Para trabajadores de producción se utiliza el ingreso efectivo medio de los últimos tres años; el trabajo estacional que cumpla los requisitos puede computarse por temporadas. La redacción legal sobre la indemnización parcial tras la renuncia es internamente contradictoria y requiere revisión jurídica para cada caso. El Ministerio de Recursos Humanos y Bienestar Social, el Ministerio de Justicia, las oficinas de trabajo, los comisionados, el Consejo Nacional de Relaciones Laborales, el Consejo Federal de Relaciones Laborales, el Registrador General de Organizaciones Laborales y el Fondo Nacional de Pensiones y Seguro Social desempeñan distintas funciones. La inscripción en la bolsa de empleo es gratuita, puede dar lugar a un certificado en un plazo de hasta dos días y suele tener una validez de hasta un año; las bolsas privadas requieren autorización ministerial. Los proyectos con al menos diez trabajadores suelen designar a los trabajadores mediante una bolsa de empleo, y las personas sudanesas que buscan trabajo en el extranjero necesitan un permiso de la Comisión. En la práctica, los desplazamientos por la guerra, el deterioro de la capacidad estatal y las condiciones de seguridad regionales pueden determinar si se puede acceder a estos organismos y aplicar sus decisiones formales.