El censo de 2019 contabilizó 720.956 personas, 131.566 hogares privados y 926 viviendas no privadas, con una media de unas 5,5 personas por hogar privado. La Política Nacional para la Infancia 2023-2028 señala que los menores representan más del 40 % de la población. Por ello, el apoyo familiar suele implicar a parientes, miembros del hogar, ancianos de la comunidad, iglesias y ONG, además de los servicios públicos. No se ha identificado un servicio universal integral para familias ni una prestación familiar universal; la provisión pública sigue fragmentada entre las islas. Las relaciones familiares pueden surgir por parentesco, adopción, matrimonio, costumbre o relación doméstica. Un cónyuge de hecho es una pareja en una relación doméstica sin matrimonio formal. La Ley de Protección Familiar cubre a cónyuges, cónyuges de hecho, hijos, nietos, hijastros, parientes políticos, hermanos, tías, tíos, sobrinos, primos y algunas relaciones domésticas o similares a las familiares. Su marco de relaciones domésticas también abarca la crianza compartida, el compromiso o noviazgo, las relaciones consuetudinarias, las relaciones íntimas de cualquier duración y los trabajadores domésticos. La protección reconocida no significa que todas las relaciones tengan el mismo estatus en todos los ámbitos jurídicos. Conforme a la Ley de Matrimonio de los Isleños, el matrimonio formal se celebra ante un ministro religioso o un registrador de distrito. Normalmente exige un preaviso mínimo de 21 días y una ceremonia entre 21 días y tres meses después del aviso, con al menos dos testigos. Por lo general, una persona menor de 18 años necesita consentimiento escrito del padre o, cuando corresponda, de la madre, tutor o tribunal. El proceso formal fija una edad mínima de 15 años. La bigamia puede conllevar una pena de prisión de hasta cinco años. Las tasas indicadas incluyen $2 por el aviso, $2 por una copia certificada y $2 por un extracto del registro, pero los gastos de transporte y acceso dependen de la isla y provincia. Un matrimonio consuetudinario se forma conforme a la costumbre local. Puede registrarse voluntariamente ante un registrador de distrito; el registro le otorga, a efectos de la legislación de divorcio, el estatus de matrimonio conforme a la Ley. Por tanto, un matrimonio consuetudinario registrado puede tener consecuencias distintas de una relación consuetudinaria no registrada. El nacimiento debe registrarse tan pronto como sea razonablemente posible. Si asistió un profesional sanitario, normalmente lo comunica el médico o enfermero; en caso contrario, lo comunica el padre y, si es necesario, después la madre. El registro incluye el nombre, sexo y lugar de nacimiento del menor, y los nombres y domicilio de sus progenitores. El Registro Civil y el Registrador son fundamentales en este proceso. Las pruebas locales pueden incluir un registro del centro sanitario, certificado de bautismo o declaración jurada; el formulario de nacimiento permite consignar la condición parental legal, consuetudinaria y de hecho. Las fuentes consultadas no establecen una tasa oficial nacional fiable para registrar nacimientos o defunciones. La muerte también debe notificarse tan pronto como sea razonablemente posible. Puede hacerlo un profesional sanitario o, en caso de entierro eclesiástico, el ministro de la iglesia. Si ninguno puede, esa función puede corresponder al cónyuge, el hijo adulto superviviente de mayor edad, un progenitor o el hermano adulto de mayor edad. El registro puede incluir la residencia de la persona fallecida, lugar y causa conocida de la muerte y lugar del entierro. El registro civil ayuda a demostrar la condición familiar y facilita la herencia u otras transiciones de cuidado y apoyo; las prácticas funerarias religiosas y consuetudinarias siguen siendo importantes en la práctica. Las fuentes consultadas no establecieron una prestación nacional para supervivientes ni un servicio estandarizado de duelo o atención a personas mayores. La adopción requiere una orden del Tribunal Superior conforme a la Ley de Adopción de 2004. El menor debe tener menos de 18 años. En general, el solicitante debe ser uno de los progenitores, un pariente de al menos 21 años u otra persona de al menos 25, con sujeción al consentimiento, la revisión del tutor y la evaluación de bienestar social. La autoridad local pertinente es el Ejecutivo Provincial o la Autoridad Municipal de Honiara; el Registrador General mantiene el Registro de Adopciones. La Ley no elimina las prácticas de adopción consuetudinaria. La adopción internacional exige informes adicionales y la intervención de un funcionario de bienestar social, y restringe ciertas transferencias y pagos. No se establecieron cifras oficiales fiables sobre costes y plazos de adopción. La Ley de Bienestar Infantil y Familiar de 2017 entró en vigor el 14 de septiembre de 2022. Establece un marco para menores que necesitan atención o protección, asesoramiento familiar, gestión de casos y derivaciones. El Ministerio de Salud y Servicios Médicos (MHMS) dirige su aplicación a través de la División de Bienestar Social y trabaja con el Ministerio de Asuntos de la Mujer, Juventud, Infancia y Familia, la Policía Real de las Islas Salomón, la Oficina del Procurador Público, escuelas, iglesias, ONG y ancianos comunitarios. En 2024 se informó de 17 funcionarios de bienestar social en todo el país, por lo que la ubicación y el personal pueden limitar la capacidad de respuesta. Los servicios de salud reproductiva e infantil, planificación familiar, rehabilitación comunitaria, salud mental y bienestar social se ofrecen a través de distintas vías sectoriales, pero el acceso varía según la localidad. La Ley de Protección Familiar de 2014 considera violencia doméstica el abuso físico, sexual, psicológico y económico, tanto si se trata de un acto como de un patrón. La policía puede emitir un Aviso de Seguridad de hasta 21 días y, en las circunstancias permitidas, prorrogarlo una vez hasta otros 21 días. Un Tribunal de Magistrados o juez autorizado puede dictar una Orden de Protección que restrinja el contacto, la aproximación, la residencia o las armas, y puede abordar el desalojo de una vivienda, el acceso a bienes, la custodia o visitas temporales de menores y la manutención temporal. La policía debe investigar, explicar los derechos y poner a las personas afectadas en contacto con alojamiento seguro, asesoramiento, atención médica y servicios jurídicos. Los proveedores sanitarios deben organizar exámenes y derivaciones, y comunicar las preocupaciones de protección infantil a un funcionario de bienestar social o a la policía. Los asuntos de manutención y separación suelen tramitarse ante un Tribunal de Magistrados o tribunal local. Según la Ley de Filiación, Separación y Manutención, una reclamación de filiación puede presentarse antes del nacimiento y, por lo general, dentro de los tres años posteriores; hay un plazo especial si el progenitor supuesto está en el extranjero. El tribunal puede ordenar pagos periódicos o una suma única para manutención y educación, gastos de nacimiento o funeral y costas legales. Los tribunales pueden decidir la custodia y las visitas; puede solicitarlo un funcionario de bienestar social o secretario provincial. La manutención infantil suele continuar hasta los 16 años, con posible prórroga por educación o circunstancias especiales. El cónyuge de una persona casada también puede solicitar separación, manutención conyugal o infantil, custodia y visitas. El cumplimiento depende de los ingresos, las pruebas, el acceso al tribunal y la distancia entre islas. Los matrimonios consuetudinarios registrados pueden disolverse conforme a la Ley de Divorcio de los Isleños. Las fuentes oficiales consultadas no identifican una asignación nacional para menores o familias, una prestación nacional de cuidados ni una ayuda independiente para personas mayores. Por ello, hogares, parientes, comunidades, iglesias, ONG y servicios sectoriales suelen asumir la carga práctica de los cuidados, incluso durante la pobreza, crisis climáticas u otras emergencias. La División de Asuntos Familiares, la División de Desarrollo Infantil, la División de Bienestar Social, los ancianos comunitarios y los proveedores locales pueden ser pertinentes según el asunto, pero sus funciones y disponibilidad varían por lugar. Conviene encauzar cada asunto familiar por la vía correcta: el Registrador para registros civiles; un registrador de distrito para registrar matrimonios; el Tribunal Superior para adopciones; los servicios de bienestar social o protección infantil para problemas de cuidados; la policía o un Tribunal de Magistrados para violencia; y un Tribunal de Magistrados o tribunal local para manutención y separación.
Familia en las Islas Salomón
La vida familiar en las Islas Salomón está marcada por las leyes formales, las prácticas consuetudinarias, las relaciones de hecho, los hogares y los vínculos comunitarios amplios. El matrimonio, el registro de nacimientos, la crianza, los cuidados, la protección frente a la violencia doméstica, la manutención, la adopción y las responsabilidades tras una muerte siguen vías formales y consuetudinarias distintas. El acceso a los servicios públicos varía entre islas, por lo que la oficina responsable, el transporte y el personal disponible pueden influir en la gestión de un asunto.
Consejo
Elige un procedimiento jurídico formal cuando necesites acreditar el estado familiar, obtener una orden ejecutable o recibir protección. El apoyo consuetudinario, doméstico, religioso y comunitario puede ayudar con los cuidados y la mediación si la situación es segura, pero no debe sustituir la intervención policial o judicial ante violencia, seguridad infantil, manutención, adopción o disputas de estado civil. Conserva los documentos e identifica pronto la oficina responsable, ya que la distancia entre islas y el personal limitado pueden retrasar la asistencia.