Convivencia en las Islas Salomón

El censo de 2019 registró 720.956 personas en las Islas Salomón. Alrededor del 72,4 % vivía en zonas rurales y el 27,6 % en zonas urbanas; Honiara tenía 129.569 residentes y una densidad de unas 5.916 personas por kilómetro cuadrado. El hogar promedio tenía 5,4 integrantes. Estas diferencias influyen en la convivencia cotidiana: las comunidades rurales suelen depender más de los jefes, las iglesias, las estructuras de ward y las instituciones provinciales, mientras que Honiara afronta más presión sobre la vivienda, los servicios, los mercados, las carreteras, los parques y otros espacios públicos. La Constitución protege la vida, la libertad, la seguridad, la protección de la ley, la libertad de conciencia, expresión, reunión y asociación, la circulación y la privacidad. También prohíbe expresamente la discriminación por raza, lugar de origen, opiniones políticas, color, credo y sexo. Pueden aplicarse restricciones por seguridad pública, orden público, moralidad, salud o los derechos de otras personas. Las Islas Salomón no cuentan con una ley general moderna de igualdad y lucha contra la discriminación que abarque todas las situaciones. El derecho consuetudinario sigue formando parte del marco jurídico y social, pero opera dentro de la Constitución, las leyes del Parlamento y el derecho común. Las disputas cotidianas entre vecinos y dentro de las familias suelen abordarse mediante el liderazgo consuetudinario, los jefes, los líderes de iglesias, el diálogo familiar o las conversaciones comunitarias. Honiara también cuenta con wards de la ciudad, grupos comunitarios y estructuras de mercado. No hay una oficina nacional de atención vecinal con un procedimiento único. El acceso, el costo y los plazos dependen de la isla, la provincia, el idioma, el transporte, el personal disponible y la institución correspondiente. Para un proceso de resolución de disputas más estructurado, el Ministerio de Gobernanza Tradicional, Paz y Asuntos Eclesiásticos puede facilitar mediación a petición de familias, comunidades o ministerios gubernamentales. Si se acepta una solicitud, puede enviarse un Grupo de Personas Eminentes integrado por líderes de iglesias y de la comunidad, y hay funcionarios capacitados en consolidación de la paz en todas las oficinas provinciales. Según la situación, se utilizan mediación, negociación, diplomacia itinerante, diálogo y prácticas de alerta temprana. El ministerio y el Grupo de Personas Eminentes no publican una tarifa nacional ni un plazo fijo para completar el proceso. La Fuerza de Policía Real de las Islas Salomón se ocupa de la seguridad pública, la policía comunitaria y las llamadas de emergencia al 999. Los tribunales y el Procurador Público ofrecen vías formales para asuntos civiles o penales cuando la resolución informal no es adecuada o la conducta puede ser ilícita. La violencia doméstica es ilegal según la Ley de Protección Familiar de 2014. El marco de protección incluye avisos policiales de seguridad, órdenes de protección del Tribunal de Magistrados, asistencia a las víctimas, deberes de los servicios de salud y la policía, asesoramiento, delitos e indemnización. Una persona puede pedir ayuda a la Fuerza de Policía Real de las Islas Salomón, un tribunal, un servicio de salud u otro proveedor de apoyo. Los servicios disponibles, sus costos y sus plazos no se rigen por un único estándar nacional fiable; por eso, ante un riesgo inmediato para la seguridad, hay que acudir a la policía o a un proveedor de salud sin esperar a una mediación comunitaria. Las Islas Salomón tienen una gran diversidad lingüística y cultural. El censo de 2019 registró identidad melanesia en el 95,5 % de la población, polinesia en el 2,8 % y micronesia en el 1,2 %. El inglés es el idioma oficial y el pijin se usa ampliamente como lengua franca; el pijin era la primera lengua de 101.588 personas de cinco años o más, es decir, el 16,1 %. En Honiara, la capacidad comunicativa declarada era del 87,4 % en inglés y del 81,0 % en pijin. Una lengua local, una tribu y un linaje no son categorías intercambiables. Para comunicarse con claridad puede hacer falta una lengua local apropiada, pijin, inglés o el apoyo de alguien de confianza para la comunidad. Las iglesias son instituciones sociales importantes. El censo de 2019 registró afiliación a la Iglesia de Melanesia en el 32,2 %, a la Iglesia católica romana en el 20,0 %, a la Iglesia Evangélica del Mar del Sur en el 17,3 %, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el 11,6 % y a la Iglesia Unida en el 9,3 %. En muchas comunidades, las iglesias brindan educación, atención de salud, asistencia social, refugio y asesoramiento. Su función es práctica además de religiosa, pero la respuesta de una iglesia no sustituye la protección policial, judicial o sanitaria cuando se necesita una intervención formal. El Grupo Asesor de Traducción de las Islas Salomón y la Oficina Nacional de Estadística brindan apoyo terminológico para ciertos mensajes públicos relacionados con idiomas. La Política de Desarrollo Inclusivo de la Discapacidad de las Islas Salomón 2023–2031 respalda la inclusión. Las Islas Salomón ratificaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 22 de junio de 2023. El Ministerio de Salud y Servicios Médicos, mediante su División Nacional de Rehabilitación y Discapacidad, trabaja con organizaciones de personas con discapacidad y grupos de discapacidad en rehabilitación, sensibilización e integración transversal. En el censo de 2019, alrededor del 11 % de las personas de cinco años o más fue registrado con al menos una discapacidad funcional. La accesibilidad efectiva y la aplicación de las medidas siguen dependiendo de la institución, el lugar, el transporte y los recursos disponibles. Las personas pueden participar mediante los derechos constitucionales de reunión y asociación, la educación cívica, la planificación participativa, la rendición de cuentas social y las estructuras de ward. El Ministerio de Gobierno Provincial y Fortalecimiento Institucional apoya a los comités de ward. Los Comités de Desarrollo de Ward funcionan en las nueve provincias y los 172 wards, y su participación es un requisito mínimo para acceder al Fondo de Desarrollo de Capacidades Provinciales. Los objetivos de participación incluyen expresamente a mujeres, jóvenes y grupos desfavorecidos. El Ministerio de Asuntos de la Mujer, la Juventud, la Infancia y la Familia también apoya la participación y el trabajo por la igualdad de género. Un programa del Fondo para la Consolidación de la Paz, vigente de abril de 2026 a abril de 2028, se centra en la cohesión social, la gobernanza inclusiva y la descentralización en las nueve provincias; la disponibilidad del programa puede cambiar según la financiación y la ejecución. En Honiara hay reglas más específicas sobre espacios públicos en virtud de la Ley de la Ciudad de Honiara de 1999 y las ordenanzas municipales. Estas abarcan la basura, la venta ambulante, las zonas libres de nuez de betel, los perros, los parques, las áreas recreativas, las tasas y los cargos. Una modificación de 2023 sobre la basura estableció infracciones y multas fijas por tirar basura en lugares públicos, y los agentes de cumplimiento de la ley del Ayuntamiento de Honiara trabajan desde el 16 de noviembre de 2023. Los vertidos ilegales, la contaminación, los disturbios relacionados con el alcohol y el vandalismo pueden afectar a los mercados, parques y otros espacios públicos. El Plan de Ordenación de Honiara identifica relativamente pocas zonas de litoral y espacios abiertos de acceso público. Fuera de Honiara, las reglas provinciales y locales son menos uniformes. El ayuntamiento, los residentes, los vendedores y los negocios influyen en que los espacios públicos sigan siendo utilizables y seguros. La vivienda compartida se organiza principalmente mediante la convivencia de familias y parientes, no mediante un sistema nacional de vivienda compartida. Los datos censales abarcan hogares, régimen de tenencia y viviendas, pero no establecen un régimen nacional único con reglas uniformes de admisión, costo o plazos. Las preguntas formales sobre alquiler y vivienda corresponden principalmente a la legislación y los servicios de vivienda; en el ámbito de la convivencia, la cuestión pertinente es cómo compartir el espacio, acordar las expectativas del hogar y manejar las disputas. La convivencia digital es desigual. En 2019, el 44,7 % de las personas de 12 años o más tenía un teléfono móvil, y el 40,7 % de los teléfonos móviles en funcionamiento tenía acceso a internet. Entre los usos de internet declarados, las redes sociales representaban el 66,0 %, la comunicación el 62,0 % y el entretenimiento el 51,3 %. El acceso es mucho mayor en Honiara que en las provincias remotas. La Política Nacional de Ciberseguridad de 2024, el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de las Islas Salomón, establecido en 2025, y la cooperación entre ese equipo y la Fuerza de Policía Real de las Islas Salomón respaldan la educación sobre privacidad, estafas, ciberacoso, desinformación y comunicación respetuosa. La libertad de expresión constitucional también se aplica en línea, sujeta al orden público y a los derechos y la reputación de otras personas. Una declaración gubernamental de 2020 indicó que no había regulación de redes sociales específica para las plataformas, mientras que los avisos policiales actuales advierten contra rumores no verificados, la incitación, las amenazas y el acoso. Las consecuencias jurídicas concretas deben verificarse caso por caso. Una respuesta práctica empieza por identificar el problema, el lugar y el nivel de riesgo. Un desacuerdo entre vecinos o familiares puede ser adecuado para el diálogo, un jefe, un líder de iglesia, una estructura de ward o un mediador capacitado. Las amenazas, la violencia doméstica, las lesiones graves, la conducta delictiva o un peligro urgente requieren protección policial, sanitaria, judicial u otra protección formal. El idioma, la discapacidad, el transporte, el acceso digital y la autoridad de la persona intermediaria elegida pueden determinar si la solución propuesta es realmente accesible y segura.