En virtud de la Loi n°2021-25 sur les prix et la protection du consommateur, puede ser consumidor una persona física o jurídica que actúe por necesidades no profesionales. Los proveedores deben ofrecer información fiable, mostrar los precios y emitir facturas veraces. Las facturas falsas, el fraude, los productos falsificados o inseguros y el incumplimiento de precios máximos o mínimos pueden dar lugar a medidas de control. También se contemplan las cláusulas abusivas y las prácticas comerciales prohibidas. Una asociación de consumidores autorizada puede defender intereses colectivos, mientras que el Conseil national de la Consommation se ocupa principalmente de la consulta y el diálogo sobre precios, y no ofrece resolución universal de conflictos. El Ministère de l’Industrie et du Commerce, a través de la Direction du Commerce Intérieur (DCI), se ocupa de asuntos como precios, facturas, calidad de productos, falsificaciones, fraude y prácticas de mercado. El acceso y los plazos de tramitación varían según el caso y la región. Conserve el recibo o la factura, el contrato, la garantía, el comprobante de pago, los mensajes y las fotografías. Según la información disponible, las compras ordinarias en tienda no tienen un derecho general de desistimiento. La solución puede depender, en cambio, de defectos ocultos, falta de conformidad, una garantía contractual o compromisos posventa. Las compras digitales se rigen en parte por la Loi n°2008-08 y sus normas de aplicación. Un proveedor en línea debe identificarse, facilitar información contractual y entregar al consumidor un registro duradero. El plazo de desistimiento es de siete días hábiles, o tres meses si no se facilitó la información obligatoria. Hay excepciones, entre ellas los servicios ya iniciados, los bienes personalizados o perecederos y el software o los soportes abiertos. Plantee primero el asunto al proveedor y después considere acudir a la DCI, a una asociación de consumidores autorizada o a los tribunales. Las reclamaciones sobre datos personales se tramitan por separado bajo el marco de la CDP. Varios problemas habituales los atienden organismos sectoriales. Para telecomunicaciones y servicios postales, reclame primero a la empresa y después utilice la plataforma de reclamaciones de ARTP. El formulario registra al consumidor, región, municipio, servicio, incidente y pruebas; el número gratuito es 800 800 200. El Code des communications électroniques establece transparencia, protección de los usuarios y un plazo de tramitación de reclamaciones de hasta 30 días. Un conflicto de dinero móvil puede involucrar a la empresa de telecomunicaciones, al emisor del pago, a ARTP, BCEAO u OQSF, según el servicio. Las entidades de pago deben responder dentro de siete días hábiles; una entidad de crédito sujeta a esas obligaciones dispone de hasta un mes para su respuesta interna. La mediación de OQSF es gratuita; requiere una solicitud escrita y firmada con pruebas, suele emitir una notificación de admisibilidad en una semana y tiene como objetivo resolver en dos meses. Nunca comparta un PIN ni una contraseña de un solo uso y avise inmediatamente al proveedor sobre un pago no autorizado. Para reclamaciones sobre facturación, conexión, calidad, cortes y seguridad eléctrica, contacte primero con Senelec, el productor independiente de electricidad o el concesionario rural correspondiente; después, cuando proceda, recurra a CRSE. CRSE publica orientación para consumidores, información sobre asociaciones y tarifas de 2026 por proveedor. La verificación de un contador eléctrico puede tardar hasta 10 días conforme a las normas citadas. Las reclamaciones de viaje dependen de la reserva, el transportista y el contrato. El ministerio responsable de Turismo, la Direction de la Réglementation touristique y los servicios turísticos regionales se ocupan de la supervisión sectorial, la acreditación y las inspecciones, pero no se ha constatado un servicio nacional unificado de resolución de conflictos de viaje. ARP regula farmacias, medicamentos, vacunas, productos sanitarios, laboratorios y la publicidad y vigilancia del mercado correspondientes. Compre medicamentos en una farmacia autorizada y compruebe la fecha de caducidad, el envase y la autorización. Notifique a la farmacia, ARP o autoridad sanitaria, y cuando proceda a la policía, los productos presuntamente falsificados o inseguros. La Loi n°2023-06 penaliza la distribución a distancia o en línea de productos médicos falsificados con cinco a diez años de prisión y una multa de FCFA 500.000 a FCFA 10.000.000. Ante vendedores falsos en línea, phishing, ataques de ingeniería social, productos falsificados o caducados, esquemas piramidales y estafas de dinero móvil, conserve chats, números de teléfono, URL, capturas de pantalla, recibos e identificadores de transacción. Proteja la cuenta, contacte con el proveedor y denuncie los incidentes cibernéticos a SNCSIRT. La DSC de la Police nationale acepta denuncias PSIC en línea, anónimas o identificadas, con seguimiento; también puede presentar una denuncia formal ante la policía, la gendarmería o la fiscalía. No se garantiza recuperar el dinero, por lo que la rapidez y las pruebas completas son importantes. Los canales formales se atienden principalmente en francés y puede ser necesaria asistencia en un idioma local.
Protección al consumidor en Senegal
La protección al consumidor en Senegal abarca los derechos y las garantías de los consumidores particulares frente a empresas y proveedores profesionales. La Loi n°2021-25 protege el derecho a la información, los precios y las facturas veraces, las prácticas comerciales justas y la protección frente a cláusulas contractuales abusivas. La aplicación de estas normas se reparte entre autoridades comerciales, reguladores sectoriales, asociaciones de consumidores, policía y tribunales; no existe un único defensor del consumidor para todos los sectores.
Consejo
Aborde un problema de consumo en Senegal como un proceso de conservación de pruebas y escalamiento: guarde los justificantes, contacte por escrito con el proveedor y elija después el organismo que corresponda al sector. No dé por supuesto un derecho general de devolución para una compra en tienda ni espere que exista un defensor único para todos los sectores. Actúe con rapidez si están en riesgo el dinero, el acceso a una cuenta, la seguridad o la salud.