Derecho penal en Montenegro

El Krivični zakonik Crne Gore, o Código Penal de Montenegro, define los delitos y sus sanciones. Se aplica principalmente a delitos cometidos en Montenegro, incluidos los cometidos en barcos y aeronaves montenegrinos, y se aplica de forma limitada a conductas fuera del país. Por regla general, se aplica la ley vigente en el momento del delito, salvo que una ley posterior más favorable beneficie a la persona acusada. Las empresas también pueden incurrir en responsabilidad penal conforme a la ley sobre responsabilidad de las personas jurídicas por delitos. Las infracciones ordinarias de tráfico y otras infracciones leves o administrativas pueden seguir siendo asuntos de prekršaj, en lugar de causas penales, cuando no se cumplen los elementos y consecuencias previstos en el Código Penal. Se puede presentar una denuncia penal sin formalidades fijas ante la Fiscalía del Estado, la Dirección de Policía u otro organismo estatal. Puede presentarse por escrito, a mano, por correo postal, correo electrónico o fax; el organismo estatal que la reciba debe remitirla. El fiscal decide cómo proceder y verifica todas las denuncias; denunciar hechos falsos deliberadamente puede generar responsabilidad. La legislación montenegrina prevé que los ciudadanos denuncien delitos y exige hacerlo cuando se trate de un delito contra un menor. La Dirección de Policía recopila información bajo la dirección del fiscal. El fiscal dirige las diligencias previas y la investigación, y puede ordenar una investigación cuando exista sospecha fundada. La persona acusada, la defensa y la parte perjudicada pueden proponer pruebas. Un juez de instrucción decide sobre registros, incautaciones, exhumaciones y detenciones, mientras que el Código de Procedimiento Penal permite pruebas electrónicas y medidas especiales de investigación bajo determinadas condiciones. La vía habitual comprende la denuncia, su verificación, la investigación, una acusación u otra imputación, el juicio, la sentencia, el recurso o revisión y la ejecución. La persona acusada se presume inocente, puede guardar silencio, obtener asistencia de un abogado defensor, utilizar un intérprete, consultar el expediente y las pruebas, participar en el procedimiento y ser juzgada por un tribunal independiente y público en un plazo razonable. La detención sigue sometida a control judicial. Las fiscalías básicas del Estado tramitan causas con una pena principal de prisión de hasta 10 años; las fiscalías superiores del Estado, causas con pena principal superior a 10 años y otros delitos graves enumerados por ley. La Fiscalía Especial del Estado se ocupa del crimen organizado, la corrupción de altos funcionarios, el blanqueo de capitales, el terrorismo y los crímenes de guerra. El Tribunal Básico suele ser el tribunal de primera instancia, mientras que el Tribunal Superior, incluida su sección especial en Podgorica, conoce de los delitos graves que le corresponden. Los recursos y las revisiones posteriores pueden llegar al Tribunal de Apelación y al Tribunal Supremo. Las sanciones incluyen multas, prisión, prisión de larga duración, condenas condicionales, supervisión protectora, medidas de seguridad, decomiso y, si se cumplen las condiciones legales, servicios comunitarios de 60 a 360 horas con el consentimiento del infractor. Los servicios comunitarios solo se aplican a delitos sancionados con multa o con una pena máxima de prisión de cinco años. La vigilancia electrónica y el arresto domiciliario pueden formar parte de los mecanismos de ejecución. La administración penitenciaria UIKS ejecuta la detención, las penas de prisión, el internamiento de menores, las medidas de seguridad y las medidas educativas institucionales; las estructuras de ejecución pertinentes se encargan de la libertad condicional, las condenas condicionales, los servicios comunitarios y la vigilancia electrónica. Las personas presas conservan derechos relativos a la atención sanitaria, las visitas, la educación, la religión y la rehabilitación. La víctima o parte perjudicada, llamada oštećeni, puede denunciar el delito, asistir a diligencias probatorias, proponer pruebas, contar con un abogado, presentar una imovinskopravni zahtjev para reclamar indemnización dentro del proceso penal, recibir información sobre las decisiones y recurrir dentro de los límites legales. La protección de testigos puede incluir medidas de anonimato, pantallas de protección y acuerdos con testigos colaboradores; la ley de protección de testigos se aplica cuando existe un peligro real y grave. Los tribunales y las autoridades protegen la identidad y privacidad de los menores víctimas y testigos. La ley contempla indemnización estatal para víctimas de delitos violentos, pero una modificación aplaza las solicitudes hasta el 1 de julio de 2027, por lo que no debe suponerse que el pago estará disponible de inmediato. Los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal. Se considera menor a quien tiene entre 14 y menos de 18 años; los menores jóvenes tienen entre 14 y menos de 16 años y los menores mayores, entre 16 y menos de 18. Las personas de 18 a menos de 21 años pueden recibir el tratamiento previsto para adultos jóvenes conforme a las normas aplicables. Los procesos juveniles se centran en el interés superior del menor, su dignidad, desarrollo, rehabilitación y reintegración social. Los menores jóvenes solo pueden recibir medidas educativas, mientras que los menores mayores pueden recibir, en casos adecuados, una pena de internamiento juvenil. La conducta vial constituye un delito cuando cumple los requisitos del Código Penal relativos a la seguridad del tráfico público, por ejemplo, cuando causa peligro, lesiones o daños de gran cuantía. Las infracciones viales menos graves siguen siendo asuntos de prekršaj. Los delitos digitales están comprendidos en las disposiciones del Código Penal sobre datos y seguridad informáticos; las unidades de lucha contra el delito y de alta tecnología de la Dirección de Policía, así como los servicios forenses, apoyan estas causas. La Agencia de Ciberseguridad regula la seguridad de las redes y los sistemas de información, pero no sustituye a los investigadores penales ni a los fiscales. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía Suprema del Estado coordinan funciones como la asistencia jurídica internacional. Los tribunales superiores tramitan los requisitos de extradición y ciertos asuntos de reconocimiento o ejecución, mientras que las unidades de Interpol, Europol y SIRENE de la Policía respaldan la cooperación transfronteriza. El servicio de asistencia jurídica gratuita del Tribunal Básico competente puede ofrecer ayuda a ciudadanos montenegrinos, residentes legales, apátridas, solicitantes de asilo y beneficiarios cubiertos por tratados que cumplan los requisitos legales de vulnerabilidad y recursos económicos. Puede cubrir asesoramiento, preparación de documentos, representación ante tribunales, fiscalías o el Tribunal Constitucional, y ciertos gastos procesales. En otros casos, los honorarios de abogados, expertos e intérpretes, los gastos de viaje y las reclamaciones dependen del asunto. Los procesos penales no tienen una duración uniforme; se aplican la garantía de plazo razonable y los plazos pertinentes del Código de Procedimiento Penal.