Derecho penal en Mongolia

Mongolia tiene un único sistema nacional de derecho penal. Para la interpretación legal y la práctica vigente prevalecen las versiones mongolas del Código Penal y de la Ley de Procedimiento Penal. Las versiones en inglés de estas leyes son en su mayoría traducciones no oficiales; el texto mongol vigente y sus modificaciones posteriores determinan la norma aplicable. El derecho penal abarca conductas delictivas, responsabilidad, investigación, acusación, juicio, penas, ejecución y los derechos de las personas afectadas por un caso. El principio de legalidad exige que exista una norma penal aplicable a la conducta. Las autoridades no pueden crear responsabilidad penal por analogía. En general, se aplica la ley vigente cuando ocurrió el acto. Una norma posterior que despenalice la conducta o reduzca la pena puede aplicarse retroactivamente; una norma más estricta, no. El derecho penal mongol suele abarcar los actos cometidos en Mongolia, incluidos los cometidos en misiones diplomáticas, buques y aeronaves mongoles. El Código Penal y los acuerdos internacionales pueden establecer competencias adicionales fuera de Mongolia. Las personas físicas pueden ser penalmente responsables, y las personas jurídicas también cuando la ley lo disponga expresamente. La intoxicación no elimina por sí sola la responsabilidad penal, y nadie es responsable sin una determinación de culpabilidad. El Código Penal distingue los delitos de las infracciones administrativas. La clasificación de un hecho depende del artículo aplicable, el umbral pertinente, la intención, el método, la víctima, el daño y las consecuencias. La parte especial del Código incluye delitos contra la vida y la salud, la libertad sexual, la no discriminación, los niños, la propiedad, la trata de personas, las drogas, la corrupción, el blanqueo de capitales, la seguridad del Estado, el medio ambiente, las obligaciones militares, la información electrónica y el transporte. Por ello, una misma conducta puede tener consecuencias legales distintas según el importe implicado, el grado de daño, la edad de la víctima, el uso de la fuerza, la intención y otras condiciones legales. Un caso penal suele comenzar con información o una denuncia presentada ante la policía, un investigador o la Fiscalía. Un investigador realiza una indagación o investigación. La indagación es el examen inicial de la información y las pruebas que sirve para decidir cómo proceder. La investigación continúa después de la imputación y reúne pruebas para la acusación y la revisión judicial. La Fiscalía supervisa la legalidad, decide o revisa si se deben iniciar o cerrar actuaciones, determina la competencia, formula la acusación, propone arrestos u otras medidas restrictivas, autoriza ciertas diligencias probatorias cuando la ley lo permite y presenta la acusación pública. La policía suele encargarse de los delitos que no corresponden a la competencia especial de otros órganos de investigación. La Agencia General de Inteligencia se ocupa de asuntos enumerados como los delitos contra la seguridad del Estado, el terrorismo, las elecciones, las fronteras y los secretos de Estado. La Autoridad Independiente contra la Corrupción, conocida localmente como Авлигатай тэмцэх газар, tramita delitos de corrupción conforme al capítulo 22 y el blanqueo de capitales relacionado con la corrupción. Es posible realizar indagaciones o investigaciones conjuntas. Si más de una autoridad puede encargarse de un caso, la Fiscalía determina la competencia. El acceso local depende del territorio del caso y puede implicar un órgano de soum, de varios soums, de distrito, de aimag o de la capital; la investigación disponible no establece un sistema penal separado para una provincia administrativa más allá de estos acuerdos de competencia. La indagación suele durar un mes y cada prórroga se limita a tres meses. La investigación continúa después de la imputación hasta que el caso llega a los tribunales, con plazos indicados que dependen de la gravedad del delito. El material en inglés consultado describe un plazo de 14 días para casos menos graves y de un mes para casos graves, pero conviene comprobar la legislación mongola vigente y sus modificaciones antes de basarse en esas cifras. Una persona afectada por una negativa a abrir un caso o por una decisión de archivo puede impugnarla ante un fiscal de nivel superior dentro de siete días. Las personas acusadas, las víctimas y sus representantes también pueden impugnar medidas de investigación y medidas restrictivas. Por lo general, el arresto requiere una orden judicial y puede durar hasta 48 horas. Solo se permite arrestar sin orden por motivos establecidos por la ley. Después de un arresto sin orden, el tribunal debe decidir en un plazo de 24 horas. Según la norma consultada, si la Fiscalía o el tribunal no toman la decisión requerida dentro de 48 horas, corresponde la puesta en libertad. El sospechoso debe recibir información sobre el motivo del arresto y puede ponerse en contacto con un abogado y un familiar, guardar silencio, recibir atención médica, presentar una queja y solicitar una indemnización por arresto ilegal. El tribunal ordena la prisión preventiva. Entre los motivos pueden figurar el riesgo de fuga, el riesgo de influir en testigos o pruebas, una sospecha justificada de delito o el incumplimiento de otra medida restrictiva o de una citación. La prisión preventiva se considera especialmente en delitos con una pena máxima superior a ocho años. El período básico es de un mes y, por lo general, las prórrogas se limitan a un mes cada vez. El máximo total suele ser de 12 meses cuando el delito conlleva hasta cinco años de prisión y de 18 meses cuando conlleva más de cinco años. Algunos casos especiales, incluidos homicidio agravado, robo agravado, sabotaje y genocidio, pueden permitir seis meses adicionales. Las normas son más restrictivas para menores, personas embarazadas y personas en período de lactancia. El sospechoso o acusado tiene derecho a no incriminarse y a no ser obligado a confesar. Debe recibir información sobre el caso y puede hablar en privado con un abogado. Si no puede entender o comunicarse eficazmente en mongol o en otro idioma necesario, debe proporcionársele un intérprete. El acusado puede examinar el expediente después de la investigación, impugnar actuaciones del investigador o la Fiscalía, solicitar revisión de la prisión preventiva, asistir a la vista de primera instancia e impugnar una decisión o medida judicial. Debe cumplir las citaciones legales y no puede obstruir el procedimiento ni influir en testigos u otros participantes. Se excluyen las pruebas obtenidas mediante tortura o coacción ilegal. El proceso penal ordinario va desde la indagación hasta la imputación, la investigación, el acceso al expediente y la revisión judicial preliminar; después sigue el juicio de primera instancia, la apelación y la revisión de casación. El tribunal de primera instancia determina la culpabilidad y la pena. El tribunal de apelación examina los motivos legales y las cuestiones procesales. El tribunal de casación examina el cumplimiento del Código Penal y del procedimiento penal. En general, las audiencias son públicas, aunque un tribunal puede celebrarlas a puerta cerrada, por ejemplo, si hay un acusado menor de edad, una víctima menor de 18 años o secretos estatales, empresariales o personales. Cuando la pena de prisión prevista supera los ocho años, el tribunal de primera instancia suele contar con tres jueces, el de apelación con tres y el de casación con cinco. Puede haber un procedimiento simplificado cuando el acusado admite voluntariamente el delito, lo solicita antes de que el caso se remita a juicio y paga el daño o aporta pruebas de indemnización. La Fiscalía debe explicar las consecuencias y nadie puede ser obligado a usar este procedimiento. No se aplica cuando el delito tiene una pena máxima de prisión superior a ocho años. La conciliación y la indemnización solo pueden influir en un caso cuando la Ley de Procedimiento Penal establece las condiciones pertinentes. Un acuerdo privado no reemplaza automáticamente la responsabilidad penal ni pone fin a todos los procesos penales. El acusado, la víctima, el abogado o el representante legal pueden presentar una apelación, y la Fiscalía puede formular una protesta. El plazo ordinario por escrito es de 14 días desde la entrega de la decisión. En general, el tribunal de apelación resuelve en 30 días, con una posible prórroga de 30 días conforme a las normas aplicables. Quien apela debe identificar la decisión impugnada, el error legal o procesal y el resultado solicitado, y respetar los requisitos de presentación vigentes del tribunal competente. Una víctima puede ser una persona física o jurídica que sufra daños físicos, no físicos o patrimoniales que afecten la vida, la salud, los derechos o la libertad. El investigador, la Fiscalía o el tribunal reconocen formalmente la condición de víctima. La víctima puede representarse a sí misma, nombrar a un abogado, solicitar asistencia jurídica, presentar pruebas y solicitudes, hacer preguntas, impugnar decisiones, examinar el expediente, pedir la recusación, recibir una copia de la sentencia y reclamar una indemnización dentro del proceso penal sin pagar tasas judiciales. Cuando la ley lo prevé, puede negarse a testificar contra su cónyuge, progenitor o hijo. La protección de testigos y víctimas puede incluir restricciones a la divulgación de información, guardaespaldas, confidencialidad, dispositivos de seguridad o comunicación, identidad protegida y audiencias a puerta cerrada. Por lo general, la Fiscalía gestiona la protección durante la fase previa al juicio y el tribunal durante el juicio. La medida concreta depende del riesgo y de las condiciones legales. La víctima debe conservar historiales médicos, pruebas financieras, mensajes, fotografías y otros materiales que acrediten el daño, y evitar conductas que interfieran con la investigación. La Ley de Asistencia Jurídica de 2022 proporciona defensa gratuita financiada por el Estado en los casos cubiertos a sospechosos, acusados, procesados o condenados insolventes. El sistema también cubre determinadas víctimas menores, víctimas de violencia doméstica o trata de personas, testigos menores y ciertos extranjeros o apátridas insolventes. Las delegaciones estatales de asistencia jurídica prestan estos servicios. Se puede nombrar a un abogado privado cuando una delegación estatal no esté disponible, esté sobrecargada o tenga un conflicto de intereses. Es posible que el solicitante deba presentar pruebas de insolvencia y los datos exigidos para la categoría correspondiente. La investigación disponible no establece un arancel general para abogados privados. En situaciones específicas, también puede ofrecerse asesoramiento jurídico gratuito. La edad general de responsabilidad penal es 16 años. Una persona de 14 a menos de 16 años solo responde por delitos enumerados, incluidos asesinato, lesiones corporales intencionales, violación, robo, atraco, daños a la propiedad, consumo ilegal de drogas, delitos contra la paz pública, delitos relacionados con redes electrónicas y terrorismo. Las personas de 14 a menos de 18 años están sujetas a un régimen juvenil que tiene en cuenta la reintegración social, la comprensión del daño, la separación de entornos perjudiciales, la edad, la salud y el desarrollo moral y mental. Las medidas posibles incluyen de 120 a 360 horas de servicio comunitario, limitación de la libertad de circulación, reclusión educativa reforzada, libertad condicional educativa y medidas correctivas durante uno a tres años. Los menores no pueden recibir cadena perpetua. En un caso juvenil debe convocarse al representante legal o tutor. Hay que notificar a familiares o al abogado en las seis horas posteriores a una conducción coercitiva, arresto o detención. Los menores deben permanecer separados de los adultos. En general, el período de detención de un menor empieza con un mes y el máximo total es de tres meses para delitos que conllevan hasta cinco años y de seis meses para delitos con penas superiores a cinco años. Las vistas sobre medidas restrictivas para menores pueden celebrarse a puerta cerrada y es obligatoria la presencia de un abogado. Las sanciones para una persona física incluyen multas de 100 a 40.000 unidades, de 240 a 720 horas de servicio comunitario, restricción de la libertad de circulación durante uno a cinco años, prisión de seis meses a 20 años, privación de derechos y medidas adicionales como confiscación, condiciones de libertad condicional y medidas médicas. Una unidad equivale a 1.000 tugriks. La prisión puede tener régimen abierto o cerrado. La cadena perpetua sigue siendo la sanción personal más severa enumerada. La revisión para una posible puesta en libertad puede comenzar después de 25 años y repetirse cada dos años. La supervisión tras una liberación anticipada depende de la indemnización y la proporción de la condena cumplida: la mitad para condenas de hasta cinco años; dos tercios para condenas superiores a cinco y de hasta 12 años; y tres cuartos para condenas superiores a 12 y de hasta 20 años. El incumplimiento de las condiciones puede llevar a convertir la medida en prisión. Las personas jurídicas pueden recibir multas de 10.000 a 400.000 unidades, privación obligatoria de derechos, disolución y confiscación de bienes o ingresos. La responsabilidad empresarial puede existir independientemente de la responsabilidad de una persona física. Hay normas especiales para reorganizaciones y relaciones entre sociedades matrices. La Agencia de Ejecución de Decisiones Judiciales y los agentes de ejecución hacen cumplir las decisiones penales, las multas, el servicio comunitario, las penas no privativas de libertad y la prisión conforme a la Ley del Estatuto de Ejecución de Decisiones Judiciales. La Fiscalía supervisa la ejecución, y las personas pueden reclamar por la ejecución o solicitar el restablecimiento de derechos cuando la ley lo disponga. El Código Penal no enumera actualmente la pena de muerte. Mongolia se adhirió en 2012 al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, en el sistema estudiado la cadena perpetua es la sanción personal más severa, aunque las condiciones exactas de revisión para la puesta en libertad se rigen por la ley vigente y la sentencia individual. Los delitos viales incluyen infracciones relacionadas con instalaciones viales y seguridad del tráfico de vehículos de motor. Según la descripción consultada del artículo 27.10, una lesión puede dar lugar a una multa de 450 a 5.400 unidades, de 240 a 720 horas de servicio comunitario o una restricción de la libertad de circulación de uno a doce meses. Conducir bajo los efectos del alcohol o los narcóticos, conducir sin licencia, causar lesiones graves o causar daños cuantiosos puede acarrear la privación de la licencia durante uno a tres años, junto con la restricción de la libertad de circulación durante seis meses a tres años o prisión de seis meses a tres años. Una muerte puede conllevar la privación de la licencia durante tres a cinco años y la restricción de la libertad de circulación durante uno a cinco años o prisión de uno a cinco años. Una muerte agravada relacionada con intoxicación o con varias muertes puede conllevar la privación de la licencia durante cinco a ocho años y prisión de dos a ocho años. La fuga tras un accidente se sanciona por separado. Los delitos digitales del capítulo 26 incluyen el acceso ilícito a información electrónica, la eliminación o el daño de datos, la restricción del acceso y el desarrollo, la venta, el uso o la distribución de programas maliciosos. Las consecuencias dependen de la conducta y las circunstancias. Los rangos descritos incluyen una multa de 2.700 a 10.000 unidades o la restricción de la libertad de circulación o prisión de seis meses a dos años por acceso ilícito; una multa de 5.400 a 27.000 unidades o prisión de uno a cinco años por eliminar o dañar datos o restringir el acceso; de dos a ocho años por daños a una autoridad pública o infraestructura crítica; y de cinco a 12 años en casos de grupos organizados, secretos de Estado o redes críticas. La Ley de Ciberseguridad remite las infracciones aplicables al Código Penal o a la Ley de Infracciones. La ubicación del tribunal, la policía, el investigador o la Fiscalía depende de la competencia territorial y material del caso. Mongolia no tiene un régimen penal separado para la ubicación nacional visible, y la investigación disponible no establece variaciones adicionales por ciudad o región administrativa. Se debe identificar a la autoridad pertinente de soum, varios soums, distrito, aimag o capital y presentar las quejas, solicitudes o impugnaciones ante ese órgano. Antes de basarse en un plazo, una sanción, un período de detención o una clasificación delictiva concreta, conviene consultar la legislación mongola consolidada vigente y sus modificaciones.