La administración pública local, conocida como APL, funciona en un primer nivel a través de aldeas, comunas, ciudades y municipios, y en un segundo nivel a través de raiones, Chișinău, Bălți y la UTA Găgăuzia. La primărie y el consejo local se ocupan del orden local, las infraestructuras y los espacios públicos conforme a las decisiones locales y la legislación nacional. Las relaciones entre vecinos se gestionan principalmente mediante acuerdos directos y arreglos prácticos en la vivienda o el vecindario, ya que Moldavia no tiene una institución nacional uniforme para los vecindarios. La Ley de Transparencia LP239/2008 establece consultas públicas, audiencias públicas, reuniones públicas e iniciativas cívicas como vías para influir en las decisiones locales. Las personas pueden seguir las consultas en particip.gov.md, presentar comentarios y recurrir a una iniciativa cívica; el plazo aplicable para consultar depende del procedimiento concreto y no se indica ninguna tasa general de participación. La ciudadanía, las personas extranjeras y las apátridas pueden participar en este marco como personas interesadas. Una asociación sin ánimo de lucro, llamada asociație obștească, puede ofrecer una vía más continuada para el trabajo cívico o comunitario; el registro y cualquier condición de utilidad pública dependen de la documentación y del procedimiento previstos en la LP86/2020. El marco de igualdad de Moldavia, establecido por la LP121/2012, prohíbe la discriminación directa e indirecta y el acoso por motivos que incluyen la nacionalidad, la etnia, el idioma, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad, las opiniones, la afiliación política y la orientación sexual. El Consiliul pentru Egalitate, o Consejo para la Igualdad, acepta denuncias, incluso mediante un formulario en línea, y puede examinar el asunto y escuchar a las partes. El censo de 2024 registró identidades étnicas autodeclaradas: 76.7% moldavos, 8.0% rumanos, 5.1% ucranianos, 3.4% rusos, 4.0% gagauzos, 1.6% búlgaros y 0.4% romaníes. El 79.9% de la población declaró el rumano y el moldavo como lenguas maternas, mientras que el 11.6% declaró el ruso como lengua materna; el ruso se declaró como lengua hablada habitualmente por el 15.9% y conocida por el 68.2%. Estas cifras son autodeclaraciones y no sirven para asignar la identidad o el idioma de una persona. El rumano es la base administrativa, mientras que el ruso, el gagauzo, el ucraniano y el búlgaro tienen relevancia práctica en determinadas localidades. La UTA Găgăuzia tiene un estatuto especial que influye en los contextos institucionales y lingüísticos locales. Desde el 1 de enero de 2026, la Agencia de Relaciones Interétnicas, o ARI, dependiente del Ministerio de Educación e Investigación, es responsable de las organizaciones etnoculturales, el diálogo interétnico y la mediación comunitaria, incluida la mediación con comunidades romaníes. Por ello, el acceso a los servicios puede depender del municipio, la región y el apoyo lingüístico disponible. Ante una amenaza grave o violencia, hay que llamar al 112, disponible las 24 horas; después, la policía, el IGP, las autoridades locales y, cuando corresponda, los servicios de protección o sociales determinan la respuesta. Un conflicto corriente entre vecinos, relacionado con una propiedad o con zonas comunes, suele poder comenzar con un acuerdo directo y las normas del condominio, continuar mediante mediación privada y, si hace falta, llegar a los tribunales. La mediación es confidencial y su duración y coste privado dependen del acuerdo y del caso. El Consejo de Mediación, el Ministerio de Justicia y el registro estatal de mediadores conforman el marco oficial. Está previsto que la LP9/2026 sustituya y modernice el marco de mediación a partir del 12 de septiembre de 2026; sus nuevas obligaciones de sesiones informativas se aplican solo a los grupos de casos definidos por ley, los conflictos administrativos quedan excluidos y cualquier importe comunicado de 550 MDL por una sesión informativa debe verificarse antes de confiar en él. Las denuncias contra autoridades públicas se tramitan mediante una petición, un procedimiento administrativo o un proceso ante el tribunal administrativo, y no mediante la mediación prevista en ese marco. El CNAJGS y sus oficinas territoriales en Chișinău, Bălți y Cahul ofrecen asistencia jurídica estatal según los requisitos de elegibilidad y las necesidades. Un condominio es un edificio o complejo inmobiliario con unidades de propiedad privada y partes compartidas. La LP187/2022 regula en todo el país los condominios residenciales y no residenciales. La Asociația de Proprietari din Condominiu, o APC, es la asociación de propietarios; solo los propietarios son miembros de la APC de forma automática. La asamblea general y las normas del condominio regulan las partes compartidas, su uso de buena fe, la convivencia vecinal, el mantenimiento y las aportaciones a los gastos o fondos comunes. Un inquilino no es miembro de la APC de forma automática y normalmente plantea un conflicto sobre zonas comunes a través del propietario, el administrador o la APC. La ASP registra los condominios y las APC, mientras que las aportaciones y los fondos dependen de la propiedad y de las decisiones que se adopten. La LP26/2008 protege las reuniones pacíficas al aire libre. El procedimiento ordinario prevé una declaración previa ante la autoridad local competente, mientras que las reuniones pequeñas de hasta 50 personas, las reuniones espontáneas y las reuniones simultáneas tienen normas específicas. Las restricciones deben ser legales, proporcionadas y no discriminatorias. La policía, los carabinieri y los servicios médicos pueden intervenir según el riesgo. Los servicios religiosos, los eventos deportivos, culturales o artísticos y las actividades comerciales quedan fuera de la categoría de reuniones regulada por esta ley y pueden estar sujetos a otras normas. La convivencia digital incluye los grupos vecinales y las plataformas sociales. El consentimiento, la privacidad, la no divulgación de datos personales y la desescalada ayudan a evitar daños. La LP195/2024 está en vigor desde el 23 de agosto de 2026 y armoniza el tratamiento de datos personales con los principios del RGPD; la CNPDCP es el organismo autónomo de supervisión para las solicitudes relativas a derechos y las denuncias. Un incidente cibernético puede comunicarse a STISC y CERT-GOV-MD, mientras que los presuntos delitos informáticos corresponden al IGP Cybercrime. El contenido ofensivo en línea también puede plantear cuestiones de igualdad, civiles o penales, según los hechos. Hay apoyo para personas con discapacidad en el 0800 10808 y el 060 601 549; la línea de ayuda para la infancia es el 116 111, y la línea de ayuda para la violencia contra mujeres y niñas es el 0800 88008. En la región de Transnistria, una administración de facto separada implica que el acceso a los servicios y derechos del Estado constitucional debe evaluarse caso por caso, siguiendo las orientaciones gubernamentales vigentes; las normas locales de facto no pueden generalizarse a todo Moldavia.
Convivencia cotidiana en Moldavia
La convivencia cotidiana en Moldavia abarca las normas y prácticas que dan forma a los vecindarios, los edificios compartidos, los espacios públicos, la diversidad, los conflictos y la participación cívica. Moldavia no cuenta con un único servicio nacional para estos asuntos: las autoridades locales, los organismos nacionales, la sociedad civil y los acuerdos informales desempeñan distintas funciones. La respuesta adecuada depende de si el asunto se refiere a discriminación, peligro inmediato, un condominio, una reunión pública, la conducta digital o una decisión local.
Consejo
Elige cómo responder según el tipo de problema y su urgencia, en lugar de tratar cualquier asunto de convivencia como un conflicto vecinal. Usa el 112 ante un peligro inmediato, el Consiliul pentru Egalitate para la discriminación, los canales de participación local para las decisiones públicas y las normas del condominio o la mediación para los conflictos corrientes sobre bienes compartidos. Conserva un registro escrito y verifica los procedimientos sujetos a cambios de fecha antes de confiar en un plazo, una tasa o un nuevo requisito legal.