La Loi n°2020-007 du 4 juin 2020 protege la salud y la seguridad, los intereses económicos de los consumidores, el orden del mercado y el acceso a información de consumo. También combate el fraude. La ley cubre bienes y servicios suministrados, a cambio de pago o gratuitamente, para consumo humano o animal. Los medicamentos y productos de diagnóstico quedan fuera de este marco general y se someten a controles sanitarios especializados. El Ministère du Commerce et du Tourisme, mediante su Direction de la Protection des Consommateurs et de la Répression des Fraudes (DPCPRF), controla a productores, importadores y vendedores, así como alimentos, bienes no alimentarios y servicios. Las delegaciones regionales extienden esta labor por Mauritania. Las inspecciones y el muestreo pueden dar lugar a incautaciones, retiradas del mercado o advertencias públicas. El productor o importador asume los costes relacionados con productos peligrosos. Las infracciones por alimentos tóxicos pueden conllevar una multa de hasta MRU 5.000.000 y hasta cinco años de prisión; otras infracciones de etiquetado falso y seguridad también pueden castigarse con multas o prisión. La información sobre precios debe estar disponible antes de celebrar un contrato. El precio expuesto debe poder leerse y puede exigirse el precio por unidad de medida. Las ofertas especiales deben mostrar tanto el precio de referencia como el reducido. Cuando no sea posible conocer de antemano el precio final, el vendedor debe explicar el método de cálculo y los posibles costes adicionales. El proveedor de servicios debe enumerar los servicios sujetos a cobro y los costes adicionales. Las etiquetas de alimentos deben estar en árabe y francés y, por regla general, indicar nombre del producto, ingredientes y cantidades, peso neto, fechas de producción y caducidad, plazo de consumo una vez abierto, datos del fabricante, instrucciones, conservación, lote, alérgenos y advertencias. Las fuentes revisadas no establecen un derecho legal general de devolución o reembolso ni un plazo estándar de compensación individual. Una reclamación administrativa busca principalmente una investigación y sanciones; no genera automáticamente un reembolso. Las multas se pagan al Estado y no constan como compensación para el consumidor afectado. Conserve la factura, contrato, recibo, justificante de pago, etiqueta, anuncio, mensajes, fotografías, fecha y lugar del incidente. Las reclamaciones pueden presentarse ante la DPCPRF o una delegación regional. El portal electrónico Himayti acepta solicitudes y permite hacer seguimiento, aunque su página pública inicial no define la asignación de todos los sectores. Los números gratuitos incluyen 80001080 y 80001090 para Mauritel, 80003006 y 80003007 para Chinguitel y 34112200 para Mattel. Las fuentes revisadas no establecen un plazo administrativo general de tramitación. En mayo de 2025 se tramitaron 322 reclamaciones; durante 2025 las autoridades informaron de 3.620 reclamaciones tramitadas, 4.350 controles y 9.022 infracciones. Las asociaciones de consumidores pueden ofrecer asesoramiento, asistencia, apoyo jurídico, información pública y vigilancia del mercado. Una asociación puede ser general o especializada y actuar a escala nacional o de wilaya, moughataa, comuna o barrio. Según el marco descrito, se necesitan al menos 20 consumidores para constituir una. Puede solicitar intervención urgente de una autoridad administrativa en cualquier momento. Si hay riesgo para la salud, también puede iniciar una acción de persecución penal pública. Las fuentes revisadas no publican tarifas ni plazos estándar para la asistencia de estas asociaciones. Los contratos electrónicos, la publicidad y las ventas a distancia se rigen en parte por la Loi n°2018-022. En general, el proveedor responde de la correcta ejecución del contrato, incluido el trabajo de un subcontratista. Debe conservar los contratos electrónicos y facilitarlos cuando se soliciten. Si el servicio o producto acordado no está disponible, debe informar al consumidor a más tardar 24 horas antes de la fecha de entrega convenida y reembolsar íntegramente el importe. Si el proveedor incumple el contrato fuera de un supuesto de fuerza mayor, el consumidor puede tener motivos para cancelarlo, reclamar el reembolso y, posiblemente, daños y perjuicios. Las fuentes revisadas no establecen un derecho general de desistimiento de 14 días. Las reclamaciones financieras suelen comenzar ante el banco, la entidad de pago o la aseguradora. Los bancos deben publicar información sobre precios, intereses, comisiones y tarifas, y mantener un servicio interno transparente de reclamaciones de clientes. La Banque Centrale de Mauritanie puede emitir normas de protección al consumidor para servicios financieros y de pago. Las condiciones de pago electrónico deben ser claras y comprensibles, estar disponibles en árabe y francés y entregarse gratuitamente en papel u otro soporte duradero. Las entidades de pago y dinero electrónico deben mantener una estructura de atención de reclamaciones e información visible sobre quejas, vías extrajudiciales y registros cronológicos. Las fuentes revisadas no establecen un plazo nacional para un ombudsman externo. Los seguros se rigen por el Code des assurances y la supervisión del Ministère des Finances; no se estableció un plazo general de compensación al consumidor. Los proveedores de telecomunicaciones deben informar claramente sobre tarifas, contratos y calidad del servicio, proteger la confidencialidad y aplicar un trato igualitario. Deben publicar un procedimiento de reclamaciones. El regulador de telecomunicaciones, identificado habitualmente como ARE, puede revisar el cumplimiento después de una reclamación o durante una inspección. Durante una interrupción del servicio, el proveedor debe informar sin demora al regulador y a los clientes e indicar el plazo previsto de restablecimiento. Para modificar una oferta, debe avisar con antelación; el cliente puede cancelarla sin penalización y dispone de 30 días para decidir. La activación puede excluir un derecho de cancelación posterior. En 2025 las autoridades realizaron controles de calidad del servicio de Mattel, Mauritel y Chinguitel. En materia eléctrica, el Code de l’électricité de 2022 permite que un usuario, una asociación de usuarios u otra persona con interés legítimo denuncie infracciones. El regulador de electricidad puede exigir medidas correctivas dentro de un plazo fijado. El incumplimiento continuado puede provocar suspensión o retirada de la licencia, o una multa de hasta el 5 % de la facturación o MRU 10.000.000. Las sanciones regulatorias pueden impugnarse ante la Cour Suprême en el plazo de un mes. La línea permanente de SOMELEC para interrupciones y reclamaciones es 80001414. Las fuentes revisadas no establecen un plazo individual de reembolso por electricidad. Las agencias y oficinas de viajes necesitan licencia y están supervisadas por la Direction du Tourisme. El procedimiento administrativo descrito en las fuentes contempla una autorización provisional que se expide en unas dos semanas y tiene vigencia de seis meses. La tarifa para el proveedor es de MRU 8.000 para el tipo A y MRU 5.000 para el tipo B; no son cargos para consumidores. Las reclamaciones de viaje pueden enviarse a la secretaría central. Las fuentes revisadas no establecen normas generales específicas para cancelaciones, reembolsos o compensaciones de viajes combinados. Las disputas contractuales pueden implicar al proveedor, Commerce, Tourisme o los tribunales ordinarios. Las reclamaciones sobre alimentos en mal estado, caducados o peligrosos pueden comunicarse a la línea de AMSSA, 1113, disponible las 24 horas. Los medicamentos y productos de diagnóstico requieren tramitación especializada por el Ministère de la Santé, la Direction de la Pharmacie et des Laboratoires o CAMEC, no mediante la ley general de protección al consumidor. En 2025 las autoridades intensificaron las incautaciones de medicamentos, cosméticos y suplementos no autorizados o falsificados. No use productos sanitarios desconocidos o no autorizados y denúncielos. El engaño comercial, los precios falsos, las medidas incorrectas, las facturas inexactas y las etiquetas falsas pueden denunciarse ante la DPCPRF, una delegación regional, una asociación de consumidores, la policía o los tribunales. El fraude financiero o de pagos digitales debe comunicarse primero al proveedor y, cuando corresponda, a la Banque Centrale de Mauritanie, la policía o los tribunales. Las infracciones de protección de datos pueden denunciarse ante la Autorité de Protection des Données, la policía o los tribunales. Elegir la entidad responsable según el sector evita enviar una reclamación general a una institución que no pueda investigar el problema subyacente.
Protección al consumidor en Mauritania
La protección al consumidor en Mauritania abarca bienes y servicios gratuitos o de pago destinados al consumo humano o animal, incluida la información de precios, la seguridad de productos, los contratos, las ofertas digitales y las reclamaciones. La Loi n°2020-007 constituye el marco general, pero su aplicación se reparte entre autoridades sectoriales, delegaciones regionales, proveedores y asociaciones de consumidores. Las fuentes revisadas no muestran un derecho legal general de devolución o reembolso; la entidad responsable y el remedio disponible dependen del producto o servicio.
Consejo
Considere una reclamación de consumo en Mauritania como una escalada documentada, no como una solicitud de reembolso automático. Primero proteja la salud y la seguridad de los pagos; después identifique la autoridad sectorial competente y conserve pruebas que respalden el remedio concreto que solicita.