Deuda en Mauritania

El panorama de la deuda en Mauritania abarca el endeudamiento público, el crédito privado, los atrasos, el cobro y la insolvencia empresarial. La Direction de la dette publique, dentro del Ministerio de Finanzas, dirige la gestión de la deuda pública, con el apoyo de la Banque Centrale de Mauritanie y la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique en materia de datos y conciliación. El Comité National de la Dette Publique contribuye a la estrategia y supervisión. Un boletín oficial de mediados de 2025 registró una deuda pública de unos 191.000,18 millones de MRU: un 84 % de deuda externa y un 16 % de deuda interna. La deuda externa ascendía a unos 161.392,66 millones de MRU, repartidos entre acreedores multilaterales y bilaterales; la deuda interna, a unos 29.607,52 millones de MRU, compuestos principalmente por valores del Tesoro y un crédito de la Banque Centrale de Mauritanie. A finales de 2025, una evaluación del FMI situó la deuda pública en torno al 39,2 % del PIB y la deuda externa en torno al 32,7 % del PIB, con un riesgo general moderado de sobreendeudamiento en el escenario de referencia. Las variaciones de los precios de exportación, las sequías, las inundaciones, la exposición cambiaria, las crisis de seguridad y las necesidades de refinanciación interna pueden afectar a la deuda pública. Aproximadamente el 48,46 % de la deuda interna debía refinanciarse en 2026, y cerca del 84 % de la cartera total estaba expuesta a las fluctuaciones de las divisas. Por ello, la estrategia para 2026–2028 da prioridad a la financiación externa en condiciones concesionales o semiconcesionales y a vencimientos internos más largos. El crédito privado está disponible a través de aproximadamente 18 bancos, unas 34 instituciones de microfinanzas, empresas de arrendamiento financiero, crédito comercial o de proveedores y préstamos con garantía. Las instituciones de microfinanzas atienden a numerosos clientes mediante una red de servicios limitada, mientras que los tres operadores de dinero móvil respaldan principalmente pagos y remesas y no se han documentado como equivalente directo del crédito. El crédito al sector privado es poco profundo en comparación con muchos otros mercados, y el endeudamiento formal sigue siendo limitado, especialmente fuera de los principales centros urbanos. Un acuerdo escrito debe especificar el capital, los intereses, las tasas, el vencimiento, las cuotas, las garantías reales y personales. El acceso depende de la evaluación del prestamista, la documentación, la capacidad de reembolso, las garantías y la ubicación. No se ha identificado un límite nacional verificado para los tipos de interés del crédito al consumo ni una prueba normalizada de capacidad de pago. La familia y los amigos, los prestamistas privados, los comerciantes, las redes comunitarias y los alimentos comprados a crédito también proporcionan liquidez, pero sus intereses, garantías, plazos y exigibilidad varían. En los acuerdos informales es especialmente valioso dejar constancia escrita de la cantidad adeudada, los recibos y los pagos. En general, el prestatario debe respetar el calendario de pagos acordado. Si el reembolso se vuelve difícil, contactar pronto con el acreedor puede permitir solicitar un aplazamiento, una reestructuración o una liquidación acordada. Conserva el contrato, los extractos de cuenta, las pruebas de pago, las notificaciones y la correspondencia. El acreedor puede intentar un cobro amistoso, una reclamación judicial, la ejecución de garantías u otras medidas legales. Mauritania cuenta con un régimen especial de recuperación de créditos para bancos e instituciones financieras, pero el texto vigente promulgado y los plazos detallados de cada fase deben verificarse según el caso. Hay tribunales comerciales en Nuakchot y Nuadibú y salas comerciales en los tribunales de wilaya. El acceso a los tribunales se concentra en los principales centros urbanos. El Código de Comercio reconoce el embargo, las reclamaciones de los acreedores, las garantías y la ejecución judicial. El Ministerio de Justicia informó de una reforma de 2020 que eliminó o limitó la prisión por deudas civiles y comerciales; antes de confiar en esa situación, debe comprobarse el texto consolidado vigente. La insolvencia empresarial es distinta de la deuda personal ordinaria. Por lo general, un comerciante que se encuentre en cessation des paiements, es decir, que ya no pueda pagar las deudas vencidas, tiene el deber de declararlo en un plazo de 30 días. Un Tribunal de commerce puede ordenar un redressement judiciaire cuando todavía es posible continuar la actividad o alcanzar un concordato, como un acuerdo aprobado con los acreedores. Puede ordenar una liquidation judiciaire cuando la situación sea irremediable. El tribunal nombra a un juge-commissaire y a un syndic para supervisar el procedimiento, verificar las reclamaciones y administrar el proceso correspondiente. La liquidación priva al deudor del control de la administración y disposición de sus bienes. En los casos previstos por las normas aplicables, los responsables empresariales pueden afrontar inhabilitaciones mercantiles o para ejercer funciones públicas de entre tres y diez años. Un garante o codeudor puede seguir expuesto aunque el prestatario principal negocie o entre en un procedimiento de insolvencia. Tras la liquidación, obtén una liberación por escrito, un extracto de cuenta actualizado y, si corresponde, una prueba de que las garantías se han liberado o cancelado en el registro. Confirma por separado que no continúen las obligaciones de garantes o codeudores ni ninguna medida de ejecución. No se ha identificado un procedimiento nacional de rehabilitación del historial de crédito ni de segunda oportunidad.