En Luxemburgo no hay una única autoridad responsable de todas las formas de comunicación. El Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique, dependiente del Ministerio de Estado, se ocupa de la política de medios, las concesiones, la financiación pública y las ayudas a la prensa. ALIA, una institución pública administrativa independiente, supervisa la televisión, la radio, los servicios de vídeo bajo demanda y las plataformas para compartir vídeos, incluidas las normas sobre comunicaciones comerciales, dignidad humana, encuestas políticas, menores y clasificación de películas. El Conseil de Presse apoya la autorregulación de la prensa mediante tarjetas de prensa, la lista de periodistas profesionales, el código deontológico, la mediación y los procedimientos de reclamación. La prensa y el sector audiovisual se rigen por normas distintas. La Constitución protege la libertad de prensa y de expresión y prohíbe la censura. La Ley de Libertad de Prensa regula las publicaciones y concede a las personas u organizaciones afectadas un derecho de réplica cuando un periódico o una publicación en línea las nombra o las identifica claramente. Por lo general, la solicitud gratuita debe enviarse por carta certificada en un plazo de 90 días desde la publicación y, cuando se cumplan las condiciones legales, la réplica en línea debe publicarse en tres días laborables. Los periodistas pueden proteger sus fuentes confidenciales y negarse a introducir cambios esenciales bajo su firma. Conforme a la ley vigente desde el 2 de agosto de 2026, los periodistas profesionales también pueden solicitar acceso a documentos administrativos cuando realizan una misión informativa de interés público. Para la radio y la televisión difundidas por vía terrestre, cable o satélite suele necesitarse una concesión. Los servicios de radio local y las redes se seleccionan mediante convocatorias públicas y solicitudes electrónicas a ALIA. El panorama radiofónico luxemburgués incluye servicios locales, regionales y nacionales. Média de service public 100,7 es una institución independiente de servicio público que informa y ofrece cultura y entretenimiento sin publicidad en sus emisiones ni en su sitio web; RTL y CLT-UFA también tienen obligaciones de servicio público conforme a acuerdos estatales distintos. Los servicios DAB+ usan un múltiplex nacional; las autorizaciones se pueden renovar por diez años y los costes dependen del múltiplex y del modelo contractual. Los servicios de vídeo bajo demanda, o VOD, permiten elegir contenidos de un catálogo cuando se desee, bajo responsabilidad editorial. Un proveedor de VOD establecido en Luxemburgo debe notificarlo al ministro de Medios a más tardar 20 días antes de empezar el servicio y debe facilitar a ALIA el acceso o la información de supervisión que solicite. Según la información disponible, Luxemburgo no tiene una única plataforma nacional de streaming; los usuarios suelen acceder a estos servicios por internet, cable, satélite, televisión terrestre y contratos con proveedores, incluidas suscripciones o servicios con pago por acceso. Los servicios extranjeros suelen acogerse al principio del país de origen de la Unión Europea, sujeto a restricciones legales. La Ley de Servicios Digitales, o DSA, se aplica a redes sociales, foros, servicios de alojamiento, mercados en línea y motores de búsqueda. La Autorité de la concurrence actúa como coordinador nacional de servicios digitales de Luxemburgo. Los usuarios pueden denunciar contenidos ilegales ante una plataforma y presentar reclamaciones mediante el procedimiento de la DSA; la Comisión Europea supervisa las plataformas y motores de búsqueda de muy gran tamaño. BEE SECURE y KJT ofrecen un canal de alertadores fiables para denunciar contenido presuntamente ilegal en servicios como Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y OnlyFans. La plataforma decide si retira o bloquea el contenido denunciado; los usuarios afectados pueden utilizar los procedimientos internos de reclamación, la resolución extrajudicial certificada o los tribunales. El uso de medios también implica datos personales, derechos de imagen, derechos de autor y protección de menores. La imagen de una persona reconocible es un dato personal, por lo que su publicación profesional o institucional requiere una base adecuada de protección de datos, transparencia y respeto de los derechos de la persona afectada; el permiso para grabar y el permiso para publicar son cosas distintas. Los derechos de autor y derechos afines protegen imágenes, vídeos y audios de terceros, así que volver a publicarlos o emitirlos no es automáticamente legal. Los contenidos audiovisuales perjudiciales deben presentarse de modo que los menores no puedan verlos u oírlos normalmente, mediante medidas como limitaciones horarias, verificaciones de edad y controles parentales. Las medidas más estrictas se aplican a la pornografía y la violencia gratuita. Los límites de edad y requisitos de consentimiento parental propuestos para redes sociales siguen siendo propuestas legislativas, no derecho vigente. La publicidad debe ser reconocible y no puede utilizar técnicas subliminales, menoscabar la dignidad humana ni discriminar. El patrocinio y la inclusión de productos no deben comprometer la independencia editorial y, por lo general, deben identificarse. La publicidad y la televenta en televisión no pueden superar el 20 % en cada uno de los periodos de 06:00 a 18:00 y de 18:00 a 24:00. Está prohibida la publicidad radiofónica de tabaco y 100,7 no emite publicidad. Las quejas sobre contenidos de prensa se pueden dirigir al Conseil de Presse; las quejas sobre servicios audiovisuales, VOD, plataformas para compartir vídeos, clasificación de películas y encuestas políticas se dirigen a ALIA. El Conseil de Presse puede rechazar o admitir una queja, emitir una recomendación o imponer una amonestación pública o privada. El Centre national de l’audiovisuel, CNA, recibe por depósito legal obras luxemburguesas o relacionadas con Luxemburgo de tipo audiovisual, sonoro y multimedia, incluidas las difundidas en streaming o descargadas de la web. Por lo general, el depósito debe efectuarse en un plazo de 12 meses desde que la obra está disponible al público o termina la producción, y es gratuito. Luxemburgo también ofrece ayudas a la prensa neutrales en cuanto a tecnología para medios impresos y en línea que cumplan las condiciones, incluidas las relativas al pluralismo, contenido editorial, identificación del contenido de pago, accesibilidad, alfabetización mediática y protección ante contenido ilegal de usuarios. Las ayudas a los medios ciudadanos pueden cubrir proyectos de ASBL o fundaciones con participación voluntaria de ciudadanos y al menos dos equivalentes a jornada completa, incluido al menos un periodista profesional. La reforma propuesta conocida como Projet de loi 8625 seguía en revisión en la comisión parlamentaria en septiembre de 2026 y, por tanto, todavía no modifica el marco institucional vigente.
Medios de comunicación en Luxemburgo
Los medios de comunicación de Luxemburgo incluyen prensa, radio, televisión, servicios de vídeo bajo demanda, plataformas de streaming, redes sociales y periodismo. El sistema está organizado por sectores: el Ministerio de Estado se ocupa de la política y las ayudas a los medios; ALIA supervisa los servicios audiovisuales; y el Conseil de Presse gestiona las tarjetas de prensa, las normas profesionales y las quejas sobre medios. Luxemburgo protege la libertad de expresión y de prensa, y aplica normas sobre privacidad, derechos de autor, publicidad, contenidos perjudiciales y responsabilidad de las plataformas.
Consejo
Considere las decisiones sobre medios en Luxemburgo según el tipo de servicio: la autoridad competente, los permisos, las vías de reclamación y las obligaciones de protección dependen de si se trata de prensa, radiodifusión, VOD, redes sociales o una plataforma para compartir vídeos. Antes de publicar, compruebe los derechos de imagen, los derechos de autor, las etiquetas publicitarias y las salvaguardias para menores. Mantenga las normas vigentes separadas de Projet de loi 8625, que seguía en revisión parlamentaria y todavía no modifica el marco aplicable.

