Convivencia en Libia

Libia cuenta con marcos nacionales y locales formales para la convivencia cotidiana, pero su efecto práctico varía porque las instituciones, el control de la seguridad, los servicios y los conflictos locales difieren entre municipios y regiones. No existe un portal nacional único de servicios ni una oficina pública responsable de todas las cuestiones relacionadas con la convivencia. El municipio es la unidad local directa para los servicios a la ciudadanía. Conforme a la Ley n.º 59/2012, sus responsabilidades incluyen la planificación urbana, los edificios, los asuntos de salud y sociales, el agua, el alumbrado, el saneamiento, las carreteras, las plazas, los puentes, el transporte local, la higiene, los jardines, las zonas recreativas, los refugios, los mercados públicos y los permisos locales. Los municipios también fijan prioridades locales, gestionan proyectos de desarrollo y supervisan ámbitos como los mercados, el medio ambiente y la salud pública. Un consejo municipal, llamado majlis baladi, tiene un mandato de cuatro años. Una mahalla es una localidad y un mukhtar es el jefe designado de la localidad. El Ministerio de Gobierno Local, los municipios y los consejos municipales ofrecen los canales locales formales, aunque su alcance depende de las condiciones institucionales y de seguridad locales. La Declaración Constitucional transitoria establece la igualdad ante la ley, los derechos culturales de los componentes sociales del país y derechos relacionados con la opinión, la comunicación, los medios de comunicación, la circulación, la reunión pacífica y la creación de organizaciones de la sociedad civil conforme a la legislación aplicable. La privacidad y las comunicaciones solo pueden restringirse mediante una orden judicial motivada. La investigación disponible no acreditó que hubiera una constitución permanente en vigor. La Ley n.º 65/2012 regula las manifestaciones y otras reuniones pacíficas. Por lo general, los organizadores presentan una notificación por escrito a la dirección de seguridad al menos 48 horas antes de la manifestación. Las autoridades pueden cambiar la hora, el lugar o el recorrido con al menos 24 horas de antelación. Una prohibición debe estar vinculada a un riesgo para la seguridad pública y notificarse con al menos 12 horas de antelación. Los organizadores deben mantener el orden, impedir la incitación a cometer delitos y evitar que haya armas en la reunión. La ley prevé hasta seis meses de detención o una multa de hasta LYD 5,000, o ambas sanciones, por las infracciones. La aplicación de la ley y la protección siguen siendo desiguales. La participación municipal también incluye el voto, las peticiones, las reuniones públicas, las consultas comunitarias, la labor de la sociedad civil y los mecanismos de rendición de cuentas social. Se completaron elecciones municipales en 119 municipios entre noviembre de 2024 y febrero de 2026. Se inscribieron unas 700,000 personas, se emitieron unas 500,000 papeletas y la participación declarada fue del 72 por ciento. Los resultados incluyeron 207 mujeres elegidas y 119 personas con discapacidad elegidas. La Alta Comisión Electoral Nacional (HNEC) y el Comité Central para las Elecciones Locales (CCLE) se encargan de funciones relacionadas con las elecciones. La inscripción electoral de las mujeres aumentó del 19 por ciento al 29 por ciento en los municipios destinatarios, y se informó de dos alcaldesas para el ciclo de elecciones locales de 2024–2026, aunque persisten barreras políticas y sociales. Los amaziges, los tuareg y los tebúes están reconocidos como componentes lingüísticos y culturales distintos. Para que la participación sea efectiva, aún hay que prestar atención al idioma, la seguridad, la movilidad, la accesibilidad para las personas con discapacidad y las barreras sociales. Las comunidades de acogida, las personas desplazadas internamente, los retornados, los migrantes y los refugiados suelen compartir los mismos entornos urbanos y servicios. La investigación informa de presión sobre los servicios y los recursos, discriminación, retórica xenófoba, detención arbitraria y riesgo de desalojos forzosos. La protección jurídica y el acceso a plataformas de inclusión o consolidación de la paz varían según el lugar. Los conflictos locales pueden implicar fragmentación institucional y política, competencia entre grupos armados y actores de seguridad, agravios tribales o relacionados con los recursos, desplazamiento, migración, comercio ilícito, servicios deficientes y escaso empleo. El diálogo municipal, las organizaciones de la sociedad civil, los Comités de Consolidación de la Paz, las alianzas para la paz social y el desarrollo local, los foros de mediación y las consultas comunitarias pueden contribuir a reducir las tensiones. Los consejos de shura, los ancianos, las redes tribales y los contactos municipales pueden ejercer una fuerte influencia social, pero sus decisiones no tienen la misma fuerza jurídica en todas partes. Los tribunales y los organismos de seguridad constituyen el proceso formal separado para las disputas jurídicas, las amenazas y la conducta delictiva. La investigación no acreditó ninguna tarifa nacional de mediación ni un plazo fijo de tramitación. Una evaluación de la OIM que abarcó 100 municipios y 765 informantes clave encontró una sociedad civil activa en el 77 por ciento de las comunidades encuestadas e informó de que los foros de resolución de conflictos eran ampliamente accesibles. Estas cifras reflejan patrones locales, no una situación nacional uniforme, ya que la evaluación también halló grandes diferencias entre regiones, ciudades y zonas del sur. Los parques municipales, las instalaciones deportivas, los espacios culturales, los mercados y otros lugares públicos pueden favorecer la interacción cuando son seguros y accesibles. Proyectos del PNUD restauraron parques, instalaciones deportivas y culturales y espacios seguros en municipios seleccionados. El acceso no es uniforme y las normas sociales locales pueden influir en el uso; por ejemplo, se documentaron horarios deportivos solo para mujeres en Sabratha. Esta evidencia no demuestra que exista una norma nacional de segregación. La convivencia en línea afronta riesgos similares. El 1 de junio de 2026, las Naciones Unidas en Libia advirtieron que la información errónea, la desinformación y la retórica incendiaria dirigidas contra personas o grupos pueden aumentar la desconfianza, la discriminación y la violencia. Entre las respuestas útiles figuran consultar fuentes oficiales, contrastar afirmaciones con pruebas fiables, promover la alfabetización mediática, verificar datos, mantener un debate público responsable, dialogar con la comunidad y la sociedad civil y respetar el debido proceso. La HNEC y sus socios hicieron seguimiento de la violencia en línea contra las mujeres durante las elecciones. La investigación no acreditó una figura nacional de defensoría para plataformas ni un canal estándar de quejas para problemas de convivencia digital en Libia. La investigación no acreditó un equivalente nacional de una oficina unificada de convivencia, una casa vecinal, un servicio formal de mediación comunitaria, un sistema de gobernanza de vivienda compartida ni una defensoría de convivencia digital. Por ello, las alternativas funcionales son prácticas municipales, de la sociedad civil, informales y digitales. Las disputas privadas de alquiler y alojamiento corresponden principalmente al derecho y los servicios de vivienda, mientras que las cuestiones de convivencia abarcan las consecuencias sociales, cívicas y relativas a los espacios públicos compartidos.