El Estado de Lesoto

La Constitución de Lesoto se aprobó en 1993 y ha sido enmendada. Protege derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la reunión, la asociación, la correspondencia y las garantías de un juicio justo, sujetos a límites legales y necesarios. Las instituciones públicas y jurídicas usan sesotho e inglés. Lesoto tiene tres poderes constitucionales: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El Parlamento es bicameral. La Asamblea Nacional tiene 120 miembros elegidos, incluidos 80 escaños de circunscripción y 40 escaños de representación proporcional, y normalmente ejerce un mandato de cinco años. El Senado tiene 33 miembros: 22 jefes principales que ocupan el cargo de oficio y 11 miembros designados por el rey. El Parlamento aprueba leyes, examina la actuación del Ejecutivo, autoriza las asignaciones presupuestarias, examina peticiones y realiza labores de supervisión mediante comités. Las oficinas del secretario del Parlamento respaldan la administración, el Hansard, los comités, la investigación, las adquisiciones y las relaciones públicas. El primer ministro encabeza el Gobierno y el Consejo de Ministros. El Consejo responde colectivamente ante ambas cámaras. Los ministerios y sus secretarios principales administran carteras públicas como Finanzas y Planificación del Desarrollo, Gobierno Local y Jefatura Tradicional, Derecho y Justicia, Servicio Público, Interior y Policía, Defensa y Seguridad Nacional, e Información, Comunicaciones, Ciencia, Tecnología e Innovación. La Comisión del Servicio Público es el órgano constitucional de personal, mientras que la Ley del Servicio Público establece el marco para un servicio público disciplinado e imparcial bajo la dirección ministerial y de los secretarios principales. Lesoto se divide en 10 distritos administrativos, cuyas capitales ofrecen importantes puntos de acceso a los servicios públicos. Los administradores de distrito trabajan con las estructuras de los consejos distritales. En niveles inferiores, las categorías jurídicas incluyen consejos comunitarios, distritales, urbanos y municipales, así como consejos municipales de ciudad cuando han sido publicados en la Gaceta. Los jefes principales y la jefatura tradicional siguen siendo vías formales de gobernanza local. La descentralización es una vía jurídica y política, pero su aplicación y las transferencias fiscales son desiguales. El número de consejos puede variar entre publicaciones oficiales, por lo que se necesita consultar la Gaceta vigente para obtener una cifra precisa. El acceso a los servicios públicos depende del servicio, la residencia o ciudadanía, el tipo de documento, la jurisdicción local, el estado del caso y los requisitos legales. La información gubernamental sobre servicios abarca la inscripción de nacimientos y defunciones, los documentos de identidad, los pasaportes, las adquisiciones, las estadísticas y la información pública. El Ministerio del Interior gestiona el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, la migración, los pasaportes y la inmigración, y los registros ganaderos. Los servicios pueden estar disponibles a través de ministerios centrales, oficinas de distrito, consejos o servicios electrónicos. Las tasas y los plazos de tramitación varían según el servicio y deben consultarse en el aviso o la carta de servicios vigente del organismo responsable. Las quejas pueden dirigirse al organismo responsable, al centro de contacto del Gobierno o al Defensor del Pueblo. El Poder Judicial es independiente y funciona conforme a la Constitución y la legislación. Su estructura incluye la jurisdicción de apelación máxima, el Tribunal Superior, los tribunales inferiores o de magistrados, los tribunales marciales y los tribunales especializados. Los materiales oficiales emplean tanto «Tribunal de Apelación» como «Tribunal Supremo»; cuando la distinción sea relevante, prevalece el texto constitucional consolidado y el de la Gaceta más recientes. El Fiscal General asesora al Gobierno, el director de la Fiscalía Pública se ocupa de los procesos penales y la cartera de Justicia incluye servicios de asistencia jurídica y libertad vigilada. Los fondos públicos se administran a través del Fondo Consolidado, y el Parlamento autoriza los gastos mediante una Ley de Asignaciones Presupuestarias. El Ministerio de Finanzas es responsable de la política macrofiscal, los ingresos, la planificación, el presupuesto, la Tesorería, la deuda y la ayuda, la auditoría interna y la política de adquisiciones. El ejercicio financiero de Lesoto va de abril a marzo. El proceso presupuestario incluye un presupuesto anual y una perspectiva a medio plazo de tres años, seguidos de ejecución, seguimiento y evaluación, auditoría y supervisión parlamentaria. Los ingresos provienen de impuestos nacionales, ingresos no tributarios, recaudaciones de la Unión Aduanera del África Austral, subvenciones y préstamos. La Ley de Adquisiciones se aplica a los ministerios y organismos centrales, las misiones diplomáticas y las autoridades locales; sus principios fundamentales son la competencia, la integridad, la transparencia y la relación calidad-precio. Los libros presupuestarios, los boletines de ejecución, un portal presupuestario y una guía ciudadana ofrecen información pública cuando se publican. La supervisión se distribuye entre comités parlamentarios permanentes, de sesión, selectos y especiales, incluido el Comité de Cuentas Públicas. Las reuniones de los comités suelen ser públicas, pero estos pueden decidir celebrarlas a puerta cerrada. El Auditor General es la institución superior de auditoría de rango constitucional y audita al Gobierno central, las autoridades locales, el Poder Judicial, las comisiones, el Parlamento y los organismos financiados con fondos públicos. Las auditorías pueden examinar las finanzas, la regularidad y el cumplimiento, el desempeño, cuestiones ambientales o presuntas irregularidades. El Defensor del Pueblo investiga de manera independiente la mala administración y las quejas relacionadas con los derechos humanos o el medio ambiente, y recomienda medidas correctivas. La Dirección de Corrupción y Delitos Económicos investiga la corrupción y los delitos económicos, apoya la prevención y la educación pública y puede promover procesos judiciales conforme a la ley. También hay funciones de derechos humanos documentadas en la cartera de Justicia. El Gobierno se comunica mediante portales oficiales, comunicados de prensa, radio, televisión, redes sociales, audiencias públicas y participación parlamentaria. El Servicio Nacional de Radiodifusión de Lesoto, la Agencia de Noticias de Lesoto y el diario Lesotho Post figuran entre las estructuras de comunicación pública. El acceso práctico varía según la conectividad, la localidad y la respuesta institucional. El marco examinado no establece una tasa universal por solicitar información ni un plazo de tramitación único para todos los organismos públicos. Las funciones de seguridad siguen sujetas al control civil, la legalidad, la rendición de cuentas y la transparencia. El Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional fija la política de defensa y seguridad. La Fuerza de Defensa de Lesoto protege la integridad territorial y la soberanía, y puede apoyar la protección del orden constitucional y responder al terrorismo, los disturbios internos y las emergencias en servicios esenciales bajo autoridad legal. El Servicio de Policía Montada de Lesoto protege la vida y los bienes, mantiene el orden, previene y detecta delitos, detiene a sus autores y apoya la justicia. El Servicio de Seguridad Nacional realiza labores de inteligencia conforme a su marco legal. El Servicio Penitenciario de Lesoto se ocupa de la custodia segura y humana, la rehabilitación y la reinserción. El número nacional de emergencias es 112. Las funciones militares y policiales son distintas, y los poderes de seguridad no autorizan una sustitución general de un servicio por otro.