Las principales normas migratorias de Lesoto se basan en la Ley de Control de Extranjeros de 1966, el Reglamento de Control de Extranjeros de 1968, la Orden de Ciudadanía de Lesoto de 1971, la Ley de Refugiados de 1983 y el Reglamento de Refugiados de 1986. El Ministerio del Interior y los Servicios de Inmigración se ocupan de la administración migratoria. Las misiones de Lesoto y sus servicios consulares en el extranjero pueden ayudar con las solicitudes de visado; los funcionarios de inmigración y los puestos de entrada designados controlan la admisión. La Unidad de Coordinación de Refugiados coordina los asuntos de refugiados, y el Comité Interministerial para la Determinación del Estatuto de Refugiado decide sobre dicho estatuto. No hay pruebas de que exista un régimen migratorio municipal separado en Lesoto; aun así, el acceso práctico puede variar entre puestos fronterizos y oficinas. Entre las opciones de entrada figuran los visados de entrada única y múltiple, los visados electrónicos, los permisos temporales y los permisos de residencia de categorías específicas. Un visado de entrada única cuesta M1,000, suele tener una validez de tres meses y normalmente tarda de tres a cinco días laborables. Un visado de entradas múltiples cuesta M2,000 y suele tener una validez de seis meses. Las categorías incluyen turismo, visita, negocios, matrimonio, misiones religiosas, voluntariado, intercambio o deporte, estudios, estudios superiores o universitarios, estudios escolares, invitados gubernamentales y viajes de expatriados. La información pública de Lesoto desaconseja confiar en la obtención del visado a la llegada. El país tiene 14 puestos fronterizos con Sudáfrica; algunos no cuentan con personal de forma continua, y Maseru y Maputsoe están entre los más concurridos. El estatus de residencia depende del propósito y la duración de la estancia. Un permiso temporal puede cubrir hasta 90 días. Otras categorías incluyen un permiso de residencia de dos años, un permiso de estudios de hasta cuatro años y un permiso indefinido. Las personas que se reúnen con familiares o cónyuges, antiguos ciudadanos que regresan, médicos, enfermeros, docentes, misioneros, voluntarios y solicitantes de negocios pueden estar sujetos a reglas y tasas distintas según la categoría. El expediente de solicitud puede incluir pasaporte, sello de entrada o permiso anterior, cartas de solicitud, formulario o informe médico, certificado policial cuando se exija, prueba de alojamiento, extracto bancario, documentos académicos certificados, contrato de trabajo, permiso de trabajo, certificado fiscal, licencia comercial o certificado de visado. Pueden exigirse copias certificadas y verificación oficial. El empleo requiere atención por separado. Un permiso de residencia por sí solo no autoriza a trabajar. Por lo general, se necesita un permiso o visado de trabajo junto con la documentación de residencia exigida o una prueba de aprobación. Trabajar sin la autorización correcta, quedarse en el país después de vencer el permiso o incumplir sus condiciones puede dar lugar a medidas migratorias y a una situación de estancia ilegal. Las solicitudes familiares suelen requerir pruebas del parentesco, el permiso de residencia del patrocinador y pruebas económicas. La información publicada establece un mínimo de M10,000 por cada familiar extranjero en la categoría de reunificación familiar. Los casos de matrimonio pueden exigir declaraciones juradas, documentos de identidad familiar, una carta que confirme que no existe impedimento, certificado policial y documentos relacionados con la publicación en la Gaceta Oficial. Las solicitudes de estudios suelen exigir admisión, inscripción en el Ministerio de Educación, certificados o expedientes académicos, pruebas de financiación, informe médico y seguro. Las tasas de residencia varían según la categoría. Entre los ejemplos publicados figuran M3,000 para un permiso de dos años de negocios, médico o docente; M5,000 para un permiso de dos años de misionero; y M25,000 para un permiso indefinido en esos ejemplos. Las tarifas para familiares a cargo pueden variar según el sexo y la edad. La Carta pública de residencia indica generalmente un plazo de tramitación de unas cuatro semanas, pero los solicitantes deben confirmar la categoría, las tasas y la lista de documentos vigentes antes de presentar la solicitud. Quienes necesiten protección pueden recurrir al procedimiento de asilo y refugio. La definición de refugiado abarca la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política, así como la agresión externa, la ocupación, la dominación extranjera y los acontecimientos que perturben gravemente el orden público. El solicitante debe presentarse en un plazo de 14 días ante el funcionario de inmigración o funcionario autorizado más cercano. Hasta que se decida el estatuto de refugiado, la ley protege a la persona frente a ser declarada inmigrante prohibida, detenida o sancionada únicamente por su entrada o presencia ilegal; el principio de no devolución limita su traslado a un lugar donde se enfrente al peligro pertinente. Las fuentes públicas no indican una tasa ni un plazo de tramitación fijo para el asilo. A una persona cuya solicitud sea rechazada se le debe conceder un plazo razonable para obtener admisión legal en otro país. La residencia permanente se obtiene mediante el permiso indefinido. Es un estatus jurídico discrecional y no surge automáticamente tras cinco años de residencia. El Ministerio advierte que los permisos y la ciudadanía no se pueden comprar y que pueden examinarse el propósito de la solicitud, los documentos y la contribución o el valor que la persona solicitante afirma aportar. El vencimiento de un permiso o el incumplimiento de sus condiciones puede convertir la estancia en ilegal. La ciudadanía puede obtenerse por nacimiento o filiación, registro, naturalización o una vía relacionada con el matrimonio. Por lo general, la naturalización exige al menos cinco años de residencia legal, residencia continua con un permiso de residencia válido conforme a la Carta vigente, conocimiento suficiente del sesoto o el inglés, buena conducta, solvencia económica, prestar juramento, intención de residir permanentemente y pruebas de idoneidad. La naturalización de refugiados exige 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud y, además, un total de al menos cinco años anteriores de residencia, junto con los requisitos de idioma, conducta, idoneidad y residencia permanente. Conforme a la enmienda constitucional de 2018, la vía de ciudadanía por matrimonio para cualquiera de los cónyuges requiere cinco años de convivencia en Lesoto y residencia legal continua, además de la solicitud y el juramento correspondientes. La doble ciudadanía está permitida por la Constitución desde 2018. Las personas naturalizadas y las inscritas como ciudadanas pueden tener que esperar diez años para recibir prestaciones sociales. Una propuesta de enmienda presentada en el Senado en 2025 no debe tratarse como ley promulgada; las disposiciones anteriores sobre ciudadanía deben interpretarse a la luz de la enmienda de 2018. El ministro o un funcionario autorizado puede denegar la entrada o un permiso, o emitir una orden de expulsión. La estancia ilegal puede dar lugar a una orden de expulsión y, en algunos casos, a detención o custodia mientras se organiza la salida. La información falsa, la obstrucción, la falsificación y el incumplimiento de las condiciones del permiso pueden constituir delitos. La Ley de Control de Extranjeros no establece un recurso legal contra todos los actos ministeriales u oficiales, pero el Tribunal Superior puede conceder reparación constitucional o revisión judicial. Por lo general, una solicitud pendiente ante el Tribunal Superior suspende la ejecución conforme al artículo 40(4), salvo que el Tribunal disponga lo contrario. La demora o denegación de la ciudadanía también puede impugnarse mediante revisión judicial o un mandamus, aunque los tribunales tienen en cuenta la discrecionalidad legal del ministro. Guarda juntos los pasaportes, permisos, aprobaciones, recibos y documentos certificados, y consulta los requisitos oficiales vigentes antes de viajar, trabajar, estudiar o solicitar la ciudadanía.
Derecho migratorio en Lesoto
El derecho migratorio de Lesoto regula la entrada, los visados, la residencia, el trabajo, los estudios, la migración familiar, la protección de refugiados, la residencia permanente y la ciudadanía. Entre los organismos responsables están el Ministerio del Interior y los Servicios de Inmigración, los funcionarios de inmigración, las autoridades de refugiados y las misiones de Lesoto en el extranjero. Un permiso de residencia válido no autoriza por sí solo a trabajar, y la ciudadanía o la residencia permanente no se conceden automáticamente al cabo de un plazo fijo.
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