Derecho de inmigración en Gambia

El marco jurídico incluye la Ley de Inmigración, capítulo 16:02, de 1965, sus modificaciones hasta 1996, el Reglamento de Inmigración, la Ley de Refugiados, capítulo 16:04, de 2008, la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía de 1965 y la Constitución de 1997, modificada hasta 2018. El proyecto de Ley de Inmigración de 2026 había llegado a la fase de comisión el 15 de julio de 2026, pero aún no había sustituido al marco vigente como fuente de derechos y obligaciones actuales. Por lo general, una persona viajera necesita un pasaporte válido y una tarjeta de vacunación contra la fiebre amarilla. Se exige visado a las nacionalidades no exentas, y las solicitudes suelen tramitarse a través de una misión gambiana, una representación acreditada o, cuando esté disponible, un visado a la llegada. El funcionario de inmigración toma la decisión de admisión, por lo que la aprobación de un visado no garantiza el desembarque ni la entrada. Las visitas y estancias de negocios suelen durar como máximo 90 días y no autorizan a trabajar. El GID también puede exigir un certificado sanitario y pruebas de recursos económicos suficientes. Los ciudadanos de la CEDEAO se benefician de la entrada sin visado y de derechos regionales relativos a la residencia y al establecimiento. La Ley Suplementaria de la CEDEAO de 2014 elimina el límite de 90 días como cuestión de derecho regional, pero una brecha en su aplicación hace que el GID aún pueda exigir un permiso de residencia tras una estancia de hasta 90 días. La información del GID para ciudadanos de fuera de la CEDEAO indica un plazo de hasta 56 días antes de solicitar un permiso de residencia. Por ello, conviene confirmar directamente con el GID el plazo y el procedimiento de permiso aplicables antes de que expire la estancia inicial. Las principales categorías de residencia son el Permiso de Residencia A para residir sin empleo, el Permiso de Residencia B para residir con empleo y el Permiso de Residencia C para residir con empleo no cualificado. El permiso A exige buena conducta y recursos suficientes y no permite trabajar, realizar actividades empresariales ni siquiera sin remuneración. El permiso B está vinculado al empleador y al propósito aprobados; cambiar de empleo o añadir trabajo suele requerir aprobación. La información de servicios del GID se centra actualmente sobre todo en los permisos A y B. Las personas dependientes pueden figurar en el permiso de residencia, mientras que un hijo adulto normalmente necesita una situación independiente. Un permiso válido puede permitir volver a entrar sin un visado nuevo. Por lo general, una persona no gambiana necesita el consentimiento escrito del director general antes de gestionar un negocio o ejercer una ocupación. El empleador también necesita autorización para contratar a un trabajador extranjero, aunque el Reglamento de Inmigración prevé excepciones para ciertos empleos gubernamentales y de las Naciones Unidas. Para trabajar con autorización se requiere un permiso válido de residencia y trabajo. El GID gestiona las funciones de cupos para expatriados. Tras un despido, el empleador comunica el cambio y organiza la repatriación. Una persona trabajadora puede presentar una apelación por escrito al ministro sobre la regularización de su situación; el acuerdo temporal correspondiente puede durar como máximo tres meses. Un inversor o una persona que gestione un negocio propio necesita aprobación escrita del director general; un permiso temporal de residencia y trabajo puede durar tres meses y cada prórroga puede durar como máximo tres meses. Las solicitudes y renovaciones se presentan ante el GID o una oficina designada. Los documentos habituales incluyen pasaporte, documentos de identidad y situación migratoria, y una certificación de una embajada o alta comisión. Una solicitud del permiso B requiere además un recibo del impuesto sobre nóminas de la Autoridad Tributaria de Gambia. La renovación suele requerir el permiso anterior, el formulario y la tarifa establecidos, el pago a través de Vista Bank y la autenticación de un juez de paz. El proceso puede incluir una entrevista, comprobaciones de nacionalidad y documentos, huellas dactilares y una fotografía, seguidas de verificación, impresión y entrega. El GID no publica un plazo fijo de tramitación. Las tarifas publicadas por el GID no son reembolsables y pueden cambiar. Las tarifas indicadas son GMD 3.100 para un permiso A de la CEDEAO, GMD 3.600 para un permiso B de la CEDEAO, GMD 5.700 más GMD 2.500 por una tarjeta de extranjero para un permiso A de una persona de fuera de la CEDEAO, y GMD 7.700 más GMD 2.500 para un permiso B de una persona de fuera de la CEDEAO. La tarjeta de identidad para personas no gambianas figura a GMD 750. Las cifras antiguas de otros servicios públicos difieren, por lo que conviene confirmar el importe y el periodo de validez con el GID antes de pagar. La Comisión de Refugiados de Gambia (GCR) decide la condición de refugiado en virtud de la Ley de Refugiados de 2008. La solicitud puede presentarse directamente a la GCR, al funcionario autorizado más cercano, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Una solicitud presentada a un funcionario extranjero debe remitirse a la GCR en un plazo de siete días. Por lo general, el formulario está en inglés, la interpretación es gratuita y la persona solicitante tiene derecho a ser escuchada. La GCR debe emitir una decisión escrita dentro de los 30 días posteriores a recibir la solicitud y explicar las razones de una decisión desfavorable. Se puede apelar ante el ministro en un plazo de 21 días, y la persona solicitante puede permanecer en el país mientras se resuelve la apelación. Tras una decisión negativa definitiva, hay al menos 30 días para obtener admisión en un tercer país con apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Las personas reconocidas como refugiadas reciben una tarjeta de identidad de refugiado y pueden tener derecho a un documento de viaje para refugiados. La ley contempla el acceso al empleo remunerado o por cuenta propia, la circulación y residencia, y los servicios sociales, sujetos a restricciones de seguridad, orden público y afluencia masiva. El principio de no devolución protege frente al retorno a un lugar donde la persona se enfrenta al riesgo de protección pertinente según la Ley de Refugiados y las obligaciones internacionales aplicables. Los refugiados deben cumplir la legislación gambiana. La ciudadanía puede adquirirse por nacimiento, descendencia, matrimonio, registro o naturalización. Nacer en Gambia no confiere automáticamente la ciudadanía; las condiciones constitucionales incluyen tener al menos un progenitor gambiano. La ciudadanía por descendencia corresponde a una persona nacida fuera de Gambia con al menos un progenitor gambiano, sujeta a los requisitos constitucionales. El registro por matrimonio exige estar casado con una persona gambiana y, normalmente, siete años de residencia ordinaria; se aplica una condición de residencia similar de siete años cuando termina el matrimonio. Por lo general, la naturalización exige al menos 15 años de residencia ordinaria continua, mayoría de edad y capacidad jurídica, buena conducta, intención de residir permanentemente y medios para mantener a la persona solicitante y sus dependientes. La solicitud puede requerir copias de permisos y tarjetas de extranjero, un formulario de 19 preguntas cumplimentado por dos personas responsables, el formulario 20, una historia de vida, cuatro fotografías de pasaporte, un certificado de matrimonio cuando corresponda, certificados de nacimiento del cónyuge o de los hijos, un certificado policial de buena conducta y pruebas del registro de una empresa. Registrar un nacimiento no equivale a demostrar la ciudadanía. Por lo general, la naturalización implica renunciar a otra nacionalidad y prestar juramento, mientras que la doble ciudadanía y la recuperación de la ciudadanía siguen sujetas a límites constitucionales. El sistema actual no ofrece un servicio general de residencia permanente o permiso indefinido de estancia que esté acreditado por separado. Los permisos de residencia tienen una duración limitada, dependen de la situación y pueden revocarse, por lo que el asentamiento a largo plazo suele requerir un proceso de ciudadanía en vez de surgir automáticamente de la residencia. No se establece una prueba general independiente de integración o idioma para la residencia; las solicitudes de ciudadanía se centran, en cambio, en la identidad, la residencia, la conducta, la historia de vida y el sustento económico. La ley permite impedir la entrada o detener a una persona en casos como la condición de inmigrante prohibido, la falta de recursos o el riesgo de convertirse en una carga pública. El ministro puede emitir una orden de deportación por motivos como una condena en virtud de la ley, la condición de inmigrante prohibido, delitos fiscales o la retirada de la situación. El incumplimiento de las normas sobre permisos o autorizaciones puede constituir delito. El ministro puede revocar un permiso por recomendación del director general, y la ley describe esa decisión como definitiva e impugnable ante los tribunales. El marco disponible no establece un recurso administrativo general contra la denegación de visados o permisos de residencia; la posibilidad de revisión judicial o constitucional requiere asesoramiento jurídico específico para cada caso. La apelación de refugiados en un plazo de 21 días es un recurso distinto expresamente previsto.