La Constitución de 1987 establece el marco de las facultades gubernamentales, los derechos, los tribunales y otros componentes del sistema jurídico filipino. El Congreso aprueba leyes; los departamentos y organismos ejecutivos las administran y emiten reglamentos autorizados; los tribunales interpretan y aplican la ley; y las unidades de gobierno local adoptan ordenanzas dentro de sus facultades legales. El derecho laboral regula la relación entre trabajadores y empleadores, incluidas las condiciones de empleo, los salarios, las horas de trabajo, las licencias, la seguridad laboral, las medidas disciplinarias y la terminación del empleo. El derecho de inmigración regula la entrada, estancia, trabajo, estudios y salida de ciudadanos extranjeros; la Oficina de Inmigración se ocupa de muchos asuntos prácticos de inmigración. El derecho penal define los delitos y establece el proceso de investigación, enjuiciamiento, juicio y sentencia con arreglo al Código Penal Revisado y a leyes penales especiales. La protección al consumidor abarca la seguridad de los productos, la información veraz, las transacciones justas y los recursos disponibles; el Departamento de Comercio e Industria atiende muchas quejas de consumidores, mientras que los organismos sectoriales se ocupan de asuntos como alimentos, medicamentos, servicios públicos, servicios de salud y finanzas. El derecho civil regula los derechos y deberes privados relacionados con contratos, bienes, obligaciones, daños y perjuicios, herencias, familias, empresas y organizaciones. Un mismo hecho puede implicar más de un ámbito jurídico. Una lesión en el trabajo puede plantear cuestiones laborales, civiles y, a veces, penales. Una controversia por una compra puede requerir una queja de consumo, una reclamación contractual o ambas. Según los hechos y el recurso solicitado, una controversia puede pasar primero por una queja ante un organismo, la conciliación en el barangay cuando corresponda, la revisión del fiscal o un proceso judicial. Un registro inicial útil identifica a las partes, las fechas, el lugar, los documentos, las comunicaciones, el dinero implicado y el resultado solicitado. Los contratos, recibos, avisos, documentos de identidad, registros de pagos, fotografías y mensajes pueden ayudar a establecer lo ocurrido. Los canales de presentación, las tasas, los plazos y los formularios requeridos dependen del asunto jurídico y de la autoridad responsable; por eso, antes de presentar una solicitud, hay que consultar las instrucciones vigentes de esa autoridad.
Derecho en Filipinas
El derecho en Filipinas establece normas para el ejercicio del poder público, las relaciones privadas, el trabajo, el movimiento transfronterizo, los delitos y las transacciones de consumo. La Constitución, las leyes, los reglamentos, las decisiones judiciales y las ordenanzas locales válidas funcionan en conjunto, pero distintas autoridades se ocupan de diferentes controversias. Por eso, el derecho laboral, el derecho de inmigración, el derecho penal, la protección al consumidor y el derecho civil requieren procedimientos y recursos distintos.
Consejo
Usa la categoría jurídica que corresponda a los hechos y al resultado que buscas; no todas las controversias se resuelven ante un tribunal. Primero establece quiénes son las partes, qué ocurrió, qué documentos hay, dónde sucedió, qué recurso solicitas y si existe un plazo. Comprueba si se solapan varios ámbitos cuando un mismo hecho puede tener consecuencias laborales, civiles, de consumo, migratorias o penales.