El Código penal de 2020, promulgado por el Decreto 21-018/PR en febrero de 2021, contiene las principales infracciones penales y sanciones de las Comoras. El Código de procedimiento penal regula las denuncias, las investigaciones, la detención, la acusación, el juicio y los recursos. El derecho penal abarca delitos contra la seguridad del Estado y la Constitución, violencia contra las personas, violencia sexual y abuso infantil, delitos contra la propiedad, fraude, falsificación, corrupción, terrorismo, piratería, trata, estupefacientes, armas, delitos de prensa, orden público, religión, alcohol, medioambiente, trabajo y salud. La Ley 14-036 aborda la violencia contra mujeres y niñas; la Ley 14-034, el trabajo infantil y la trata; y la Ley 11-022 aplica el Estatuto de Roma. Por tanto, el derecho penal comprende tanto los códigos generales como legislación especial. Una infracción es una transgresión punible, clasificada como crime, délit o contravention. Los crimes son la categoría más grave; los délits comprenden infracciones intermedias; y las contraventions, infracciones menos graves. La tentativa de crime se trata igual que el delito consumado. La tentativa de délit solo es punible cuando así lo establece una norma especial. Por lo general, la acción penal prescribe a los 20 años para un crime, a los cinco años para un délit y al año para una contravention. La corrupción prescribe a los 20 años. Las agresiones sexuales, la pedofilia, el terrorismo, los crímenes de guerra, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los delitos económicos no están sujetos a los plazos de prescripción ordinarios previstos en las normas proporcionadas. Se puede presentar una denuncia o un informe ante la Policía, la Gendarmería o el Procureur de la République. El Procureur de la République, como parte del Ministère public, decide cómo debe proseguir la acción penal pública y dirige la labor de la policía judicial. Los agentes de la policía judicial, conocidos como OPJ, pueden preservar pruebas, identificar sospechosos, incautar objetos, efectuar registros y redactar actas oficiales. Los agentes auxiliares de la policía judicial, conocidos como APJ, ayudan con estas tareas, pero no deciden la garde à vue. Las investigaciones y las diligencias judiciales son confidenciales. Por lo general, los registros se realizan entre las 06:00 y las 20:00, con excepciones específicas, entre ellas determinados casos relacionados con menores o la prostitución. En general, las pruebas pueden acreditarse por cualquier medio, pero el tribunal tiene en cuenta aquellas que las partes hayan podido examinar y cuestionar contradictoriamente. La garde à vue suele durar un máximo de 24 horas. Cuando hay indicios graves, se puede trasladar al sospechoso al Parquet por un máximo de 48 horas. Las normas especiales sobre terrorismo, piratería, estupefacientes, seguridad del Estado o estado de excepción permiten llegar a 120 horas, con prórrogas adicionales de 24 horas para un délit o de 48 horas para un crime y, en algunos casos, duplicar esos períodos. Deben comunicarse los motivos. Transcurridas 24 horas, se puede solicitar un examen médico. Las personas de 13 a 18 años permanecen en espacios separados. La prisión preventiva en asuntos correccionales solo se permite si la infracción conlleva al menos dos años de prisión y la detención es necesaria. La orden puede durar hasta cuatro meses y prorrogarse en períodos de hasta cuatro meses. Se puede solicitar la puesta en libertad en cualquier momento; por lo general, el juge d'instruction decide en cinco días, y la chambre d'accusation puede examinar el caso de forma subsidiaria. En cada capital insular hay un Tribunal de Première Instance (TPI). Su jurisdicción correccional conoce los délits, mientras que el tribunal de policía conoce las contraventions. La Cour d'assises conoce los crimes y puede resolver en primera y última instancia según las normas indicadas. Está integrada por un presidente, dos jueces profesionales, seis jurados, el Ministère public y un greffier. La Cour d'appel revisa las decisiones recurribles y la Cour Suprême puede conocer asuntos de casación. El Procureur ejerce la acción penal pública y ejecuta las decisiones judiciales. El juge d'instruction solo actúa a raíz de un requerimiento fiscal o una denuncia con constitución de partie civile. La defensa letrada es opcional en los procesos correccionales, pero obligatoria ante la Cour d'assises. Cuando sea necesario, se puede nombrar a un abogado por medio del despacho. La asistencia jurídica estatal está disponible a través de la Direction Générale des Affaires Judiciaires. Las fuentes proporcionadas no establecen un cuadro fiable y centralizado de tasas judiciales ni de honorarios de abogados. Se puede exigir un cautionnement para garantizar la representación procesal, la indemnización de una persona perjudicada o el pago de una multa. Se puede apelar o recurrir en casación, pero el plazo depende de la resolución de que se trate. La persona directamente perjudicada por una infracción puede iniciar una acción civil por separado o junto con la acción penal pública. Puede constituirse como partie civile ante la secretaría del tribunal o durante la vista, y para ese paso no es obligatorio contar con un abogado. Las asociaciones con al menos un año de existencia pueden actuar en asuntos de violencia contra personas vulnerables, discriminación, agresión sexual o lesiones corporales relacionadas con el tráfico. La CNDHL admite denuncias, cuenta con una subcomisión sobre detención y tortura, inspecciona las prisiones y protege la confidencialidad. Por lo general, no lleva un caso paralelo, salvo cuando hay una denegación manifiesta de justicia. Según las fuentes proporcionadas, no se ha establecido un fondo estatal central de indemnización a las víctimas cuya disponibilidad sea fiable. La mayoría de edad penal comienza a los 15 años y la mayoría de edad civil, a los 18. No se impone garde à vue a los menores de 15 años, salvo que las personas de 10 a 15 años puedan quedar sujetas al procedimiento controlado previsto para un crime o un délit castigado con al menos cinco años de prisión; para ello se requiere aprobación y control de un magistrado, hasta 10 horas más una posible prórroga de otras 10. Los menores de 18 años acusados de un crime o un délit comparecen ante tribunales de menores. Un tribunal pour mineurs conoce los délits en los que estén implicadas personas menores de 18 años. Los menores de 15 años solo reciben medidas educativas. Entre los 15 y los 18 años, una atenuante normalmente limita la pena a la mitad de la prevista para un adulto, aunque el tribunal puede denegar esa reducción con una motivación. No se aplica la pena de muerte a una persona menor de 18 años. Las vistas se celebran a puerta cerrada, se protege la identidad de los menores y los crímenes son competencia de la cour criminelle des mineurs. La liberté surveillée puede mantenerse hasta la edad máxima de 21 años. Entre las infracciones de tráfico se incluyen conducir bajo los efectos del alcohol o los estupefacientes, carecer de documentación o matrícula del vehículo, o tenerla falsificada, prestar servicios de transporte público peligrosos, llevar sobrecarga y circular sin la inspección técnica requerida. Conducir bajo los efectos del alcohol o los estupefacientes puede acarrear de tres meses a un año de prisión, una multa de 50.000 a 500.000 KMF, la retirada temporal o la anulación del permiso y la prohibición de solicitar uno nuevo por un máximo de tres años. La falta de documentos o matrículas del vehículo, o su falsificación, puede conllevar de dos meses a dos años de prisión y una multa de 25.000 a 250.000 KMF. El transporte público peligroso, la sobrecarga o la falta de inspección técnica pueden acarrear de 11 días a seis meses de prisión y una multa de 20.000 a 200.000 KMF, además de la posible confiscación del vehículo. El conductor puede incurrir en responsabilidad penal y exponerse a la retirada del permiso y a la confiscación del vehículo. Los delitos digitales se rigen por los artículos 449 a 505 del Código penal y por la Ley 21-012/AU sobre ciberseguridad y ciberdelincuencia. El acceso fraudulento a un sistema puede acarrear de uno a dos años de prisión; la retención ilícita, de uno a tres años; y la interrupción del sistema o la manipulación de datos, de tres a cinco años. La interceptación, alteración o supresión de datos puede conllevar de cinco a diez años. El marco también contempla la suplantación de identidad, el robo de información, la pornografía infantil, los juegos de azar en línea, las amenazas, la información falsa, las transferencias ilegales de dinero, las obligaciones de los proveedores, las pruebas digitales, la criptología y los datos personales. En los casos pertinentes, el Procureur informa a la CNIL; un juez puede ordenar la supresión de datos o el levantamiento de una incautación. Los cibercafés deben identificar a sus usuarios. Las sanciones penales pueden incluir la pena de muerte, la cadena perpetua o de 10 a 30 años de prisión por un crime. Un délit puede acarrear de un mes a 10 años de prisión, trabajos comunitarios o una multa. Los trabajos comunitarios van de 20 a 210 horas y requieren consentimiento. Una contravention puede conllevar de uno a 30 días de detención y/o una multa de 5.000 a 20.000 KMF. Entre las sanciones adicionales puede haber una multa, la confiscación de bienes, la prohibición de residencia para extranjeros y la pérdida de derechos civiles. Puede concederse una condena condicional. La prisión preventiva se descuenta de la pena. Se puede estudiar la libertad condicional tras cumplir un tercio de una pena de seis meses o menos, la mitad de una pena más larga o dos tercios en casos de reincidencia o crime. Según las normas proporcionadas, la reincidencia penal excluye la libertad condicional.
Derecho penal en las Comoras
El derecho penal de las Comoras define las infracciones, atribuye responsabilidad personal y regula la investigación, el juicio, las penas y los derechos de las personas acusadas y perjudicadas. El sistema nacional se basa principalmente en el Código penal de 2020, la Ley 20-038/AU y el Código de procedimiento penal de 2014. Las infracciones se clasifican como crímenes, délits o contravenciones, con distintos tribunales y sanciones. La Policía, la Gendarmería, la fiscalía y los tribunales tienen responsabilidades diferentes.
Consejo
Trata cualquier asunto penal en las Comoras como un proceso urgente cuyo punto de entrada, tribunal y derechos de defensa dependen de la clasificación de la presunta infracción. Conserva los documentos y las pruebas de inmediato, registra cada actuación oficial y busca asistencia jurídica cuanto antes si hay detención, acusación por un crime, menores o personas perjudicadas. No supongas que las denuncias, los períodos de detención, las multas o los plazos de apelación siguen las mismas normas en todos los casos.