Derecho penal en la República Centroafricana

El derecho penal se basa, entre otras cosas, en el principio de legalidad, la interpretación estricta de las disposiciones penales y la responsabilidad personal. La tentativa, la participación y la complicidad pueden ser punibles. Se considera que una persona no es penalmente responsable si su capacidad para comprender o controlar su conducta quedó abolida. Las personas jurídicas, salvo el Estado, pueden ser penalmente responsables cuando así lo disponga una ley o un reglamento. La Constitución del 30 de agosto de 2023 protege contra las detenciones arbitrarias, garantiza la presunción de inocencia y salvaguarda el derecho a la defensa. Entre los delitos contemplados figuran, entre otros, el homicidio, la violencia, los delitos sexuales, los delitos contra la infancia y las mujeres, la mutilación genital femenina, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, los delitos relacionados con armas y municiones, la corrupción, los delitos contra la propiedad y el fraude, así como delitos relacionados con drogas y seguridad. La legislación especial complementa el Código Penal Centroafricano (Code pénal centrafricain). El artículo 164 del Código Penal trata la piratería electrónica y el fraude electrónico; el artículo 111 se refiere a la pornografía infantil. La Ley 24.002 regula además la ciberdelincuencia y la ciberseguridad. Se puede presentar una denuncia o querella penal formal (dénonciation) ante la policía, la gendarmería o el Fiscal de la República (Procureur de la République). La policía judicial (Police judiciaire) establece los hechos, protege las pruebas e investiga a los posibles responsables; después remite las actuaciones a la fiscalía. Si descubre un delito flagrante, informa inmediatamente al Fiscal de la República y puede asegurar, incautar o precintar objetos. Puede abrirse una investigación preliminar de oficio o por instrucción del Fiscal de la República. Para un crimen, es obligatorio un procedimiento de instrucción ante un juez de instrucción (Juge d’instruction); para un delito, puede llevarse a cabo. La custodia policial (garde à vue) es una detención provisional por la policía. Dura como máximo 72 horas en los lugares donde se puede contactar con un magistrado y puede prorrogarse una vez. A continuación, el Fiscal de la República pone a la persona acusada a disposición de las autoridades u ordena su puesta en libertad. En lugares remotos, una orden de encarcelamiento (ordre d’écrou) puede ser válida por un máximo de ocho días y prorrogarse una vez cuando sea estrictamente necesario; debe informarse a un magistrado dentro de las 48 horas. Deben comunicarse el motivo de la detención y el derecho a un abogado. La persona afectada puede solicitar un abogado o un médico, y debe informarse a la fiscalía o a la familia. El incumplimiento de los plazos y otras infracciones procesales pueden dar lugar a la anulación de determinadas actuaciones procesales. En la práctica, existen riesgos de detención arbitraria, prisión preventiva excesivamente prolongada y centros de detención hacinados y mal equipados. Tras la investigación, el procedimiento puede archivarse, dar lugar a una citación, a un procedimiento sumario por un delito flagrante o a una instrucción judicial formal. El Tribunal de Primera Instancia (Tribunal de grande instance) conoce en primera instancia de los delitos; las infracciones se tramitan en la sede de la circunscripción de la subprefectura competente. El Tribunal Penal (Cour criminelle) resuelve los crímenes y celebra sesiones ordinarias al menos dos veces al año. Ante el Tribunal Penal se designa un abogado defensor si la persona acusada no ha elegido uno. Los recursos se rigen por el Código de Procedimiento Penal Centroafricano (Code de procédure pénale centrafricain); el Tribunal de Casación es el máximo tribunal ordinario. Las personas perjudicadas pueden participar en el proceso penal como parte civil (partie civile) si sufrieron un daño específico, personal y directamente causado por el delito. Pueden presentar una denuncia y constituirse en parte civil ante el juez de instrucción. Un magistrado fija una fianza (consigne), que debe pagarse en un plazo de 30 días. La participación puede permitir solicitar pruebas, recibir información sobre el procedimiento y reclamar una indemnización; no sustituye automáticamente una acción civil separada. No se ha establecido un baremo nacional actual y fiable de tasas para los procesos penales ordinarios. Los procedimientos ante el Tribunal Penal Especial (Cour Pénale Spéciale), incluida la asistencia a participantes sin recursos, son gratuitos. El Tribunal Penal Especial es un tribunal nacional híbrido con magistrados nacionales e internacionales. Persigue los crímenes más graves relacionados con el conflicto, como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio cometidos desde el 1 de enero de 2003. Las víctimas pueden ponerse en contacto con el Fiscal Especial, recibir información sobre el estado procesal, utilizar los servicios de un abogado o intérprete, presentar solicitudes de pruebas y recursos, y pedir reparaciones. El servicio de protección y apoyo a víctimas y testigos (USPVT) protege y asiste a víctimas y testigos. El servicio de apoyo a la defensa SAVD informa y asiste a las partes civiles y organiza la defensa de participantes sin recursos. El Tribunal Penal Especial no sustituye al derecho penal general. Para las personas menores de 18 años, por lo general tiene jurisdicción el tribunal de menores o el tribunal penal de menores, en lugar de los tribunales penales ordinarios. En el caso de menores de 14 años, priman las medidas educativas y de protección; en general, se excluye la custodia policial y solo se permite excepcionalmente durante diez horas, con una posible prórroga de diez horas. Debe informarse a los padres o al tutor y se prevé un abogado defensor designado por el tribunal. Para las personas de 14 a 18 años, priman la protección, la educación y la supervisión, aunque sigue siendo posible imponer una pena penal. Por lo general, para los jóvenes mayores de 15 años, una pena de prisión no puede superar la mitad de la pena aplicable a un adulto. El Código de Protección de la Infancia (Code de protection de l’enfant) complementa la protección frente a la violencia, la explotación y el reclutamiento o uso en conflictos armados. Entre las posibles sanciones figuran la prisión, la prisión por un periodo determinado o la prisión perpetua con trabajos forzados (travaux forcés à perpétuité), las multas, la confiscación, las prohibiciones, las penas suspendidas, los servicios comunitarios, la libertad condicional, la rehabilitación y las inscripciones en los antecedentes penales. La Ley 22.011 del 27 de junio de 2022 abolió la pena de muerte. Los delitos que antes se castigaban con la pena de muerte ahora pueden castigarse con prisión perpetua con trabajos forzados; el periodo mínimo de seguridad puede oscilar entre diez y 30 años. Los delitos de tráfico vial se rigen por normas nacionales, la Ordenanza 88.011, el Decreto 88.151 y las normas comunes de tráfico de la CEMAC. La Dirección de Transporte por Carretera (Direction des Transports Routiers), la policía, la gendarmería y el sistema judicial comparten responsabilidades de control y persecución. Entre los aspectos prácticos importantes figuran la velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, la sobrecarga, el desconocimiento de las normas y los accidentes de tráfico. No se ha verificado de forma fiable un baremo nacional actual de multas y tasas. Los delitos digitales tienen una base legal, pero las fuentes oficiales accesibles no documentan suficientemente las unidades especializadas, las facultades para preservar pruebas ni los canales uniformes de acceso en todo el país. El acceso y la duración de los procedimientos dependen en gran medida del lugar, la situación de seguridad, la distancia a la policía y los tribunales, la disponibilidad de abogados y la capacidad de los centros de detención y del sistema judicial. Fuera de Bangui, el transporte, los recursos limitados y las largas distancias pueden dificultar considerablemente el acceso efectivo. No se ha acreditado que las soluciones informales sean vías jurídicas equivalentes y fiables para perseguir y castigar delitos.