Seguros en Cabo Verde

En las operaciones de seguros de Cabo Verde se utilizan habitualmente los términos portugueses seguro (seguro), aseguradora (seguradora), tomador del seguro (tomador do seguro), persona asegurada (segurado), póliza (apólice), prima (prémio) y siniestro (sinistro). El Banco de Cabo Verde (Banco de Cabo Verde, BCV) supervisa a las aseguradoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y fondos de pensiones por medio de su Oficina de Supervisión de Seguros, Fondos de Pensiones y Gestión del Fondo de Garantía del Automóvil (Gabinete de Supervisão de Seguros, Fundos de Pensões e de Gestão do Fundo de Garantia Automóvel). La Oficina de Atención al Consumidor (Gabinete de Apoio ao Consumidor) recibe reclamaciones de consumidores. Garantia e IMPAR son aseguradoras consolidadas; Aliança Seguros S.A. recibió autorización del BCV en 2024 para ofrecer seguros de vida y de no vida. Está documentado que IMPAR tiene cobertura en todas las islas, aunque el acceso efectivo puede variar según la isla y el proveedor. La legislación sobre seguros se basa, entre otras normas, en el Decreto Legislativo 3/2010, sobre el acceso y ejercicio de la actividad de seguros y reaseguros, y el Decreto-Ley 35/2010, sobre el régimen general del contrato de seguro. Los propietarios o usuarios de vehículos y los armadores necesitan un seguro de responsabilidad civil. Los empleadores y, según el ámbito aplicable, los trabajadores por cuenta propia deben asegurar los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Las pólizas y tarifas uniformes aprobadas por el BCV se aplican a estos seguros obligatorios. En los controles de tráfico pueden exigir una prueba de cobertura vigente; conducir sin seguro puede acarrear una multa, la incautación del vehículo y responsabilidad civil personal. Los seguros privados también pueden cubrir daños en el hogar e incendios, salud, viajes, vida, accidentes personales, responsabilidad civil, dispositivos electrónicos, educación y mercancías transportadas. La prima depende del riesgo, la suma asegurada, la franquicia, el plazo, el producto y la tarifa. No existe un cuadro general de contribuciones estatales para los seguros privados. La póliza especifica qué pérdidas, exclusiones, pruebas y plazos se aplican. El Instituto Nacional de Previsión Social (Instituto Nacional de Previdência Social, INPS) organiza la seguridad social pública obligatoria para trabajadores por cuenta ajena, empleadores, trabajadores por cuenta propia, trabajadores domésticos y empresas del sistema REMPE (REMPE). Las prestaciones incluyen atención médica y hospitalaria, tratamientos dentales, fisioterapia, prestaciones por enfermedad, asignaciones familiares y pensiones de discapacidad, vejez y supervivencia. La cotización total de los trabajadores por cuenta ajena es del 24,5 %, desglosada en un 16 % a cargo del empleador y un 8,5 % a cargo del trabajador. Los trabajadores por cuenta propia cotizan un 19,5 %; los trabajadores domésticos, un 23 %, del que el empleador paga el 15 % y la persona empleada el 8 %; para REMPE, la cotización es del 8 %. El pago debe efectuarse antes del día 15 del mes siguiente. Los retrasos pueden generar intereses y multas, y cuatro meses consecutivos sin pagar las cotizaciones constituyen atrasos graves. Los empleadores deben registrar e informar el inicio del empleo de un trabajador en un plazo máximo de 15 días desde su comienzo. Tras un siniestro, la persona asegurada informa al proveedor mediante el canal designado y presenta la póliza, los detalles del accidente o la pérdida y, según el caso, pruebas médicas, policiales u otras. Debe informar con veracidad sobre los riesgos, pagar las primas, reducir las pérdidas en la medida de lo posible y cooperar con la evaluación. La aseguradora debe proporcionar la cobertura prometida en el contrato y tramitar el siniestro. El Fondo de Garantía del Automóvil (Fundo de Garantia Automóvel, FGA) es un fondo independiente del BCV. Puede indemnizar lesiones personales derivadas de accidentes de tráfico si el vehículo no estaba asegurado, se desconoce a la persona responsable, la póliza no era válida o la aseguradora era insolvente; también cubre daños materiales si el conductor responsable conocido carecía de cobertura válida o la aseguradora era insolvente. Después, el FGA puede reclamar el reembolso y los intereses a la persona responsable; se financia con el 2 % de las primas del seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos a motor. Las reclamaciones se presentan primero ante la aseguradora y, si la disputa sigue sin resolverse, ante la oficina de atención al consumidor del BCV; según el caso, pueden seguir una mediación o un proceso judicial. En 2024, el BCV registró 26 reclamaciones de seguros: 20 contra Garantia y 6 contra IMPAR. Las aseguradoras utilizaban procedimientos de reclamación por correo electrónico; no constaba una plataforma integrada. Por regla general, las reclamaciones derivadas de contratos de seguros prescriben cinco años después de que se conocen, salvo que una norma especial establezca otro plazo para los seguros obligatorios. Las condiciones estándar de las pólizas de automóvil prevén la renovación anual. Por regla general, el aviso de cancelación debe enviarse por carta certificada al menos 30 días antes de la fecha de aniversario y surte efecto a las 24:00 de la fecha indicada. Al vender un vehículo, la póliza no se transfiere automáticamente al comprador. El reembolso de la prima depende del motivo de la rescisión. Los plazos para notificar siniestros y efectuar pagos varían según la clase de seguro y la póliza.