Convivencia en Bután

Bután está dividido en 20 distritos, cada uno llamado dzongkhag (distrito). A nivel local, la asamblea de distrito (Dzongkhag Tshogdu), la asamblea de subdistrito (Gewog Tshogde) y la asamblea municipal (Thromde Tshogde) trabajan con miembros electos. Un subdistrito (Gewog) comprende unidades de aldea; una unidad de aldea (Chiwog) incluye, entre otras personas, al jefe de un Gewog (Gup), al subjefe de un Gewog (Mangmi) y al representante local (Tshogpa), mientras que un municipio (Thromde) está dirigido por el jefe de un Thromde (Thrompon). Las asambleas de distrito se reúnen al menos dos veces al año; las de subdistrito y municipio, al menos tres veces. Las preocupaciones públicas de ámbito local pueden presentarse a través de la administración local competente. La ciudadanía butanesa puede votar a partir de los 18 años si tiene una tarjeta de ciudadanía y lleva al menos un año inscrita en la circunscripción. Los tribunales están abiertos a todas las personas; sin embargo, quienes no tienen nacionalidad butanesa no gozan de los mismos derechos políticos que la ciudadanía. La Constitución protege a la ciudadanía butanesa contra la discriminación por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política u otra condición y garantiza, entre otras cosas, la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad religiosa y el derecho de reunión y asociación pacíficas. Exige a todas las personas proteger el medio ambiente, la cultura y los bienes públicos, ayudar a las víctimas de accidentes y desastres, y actuar contra la violencia o los abusos. Las costumbres informales pueden influir en las interacciones cotidianas, pero no tienen fuerza de ley por sí mismas. El budismo se considera el patrimonio espiritual de Bután; al mismo tiempo, el Estado protege todas las religiones. Las instituciones y personalidades religiosas se mantienen separadas de la política. La autoridad para las organizaciones religiosas (Chhoedey Lhentshog) las registra y tiene como objetivo salvaguardar la armonía religiosa; la decisión sobre el registro no debería tardar más de seis meses. Entre las instituciones religiosas se encuentran el cuerpo monástico (Dratshang), el templo (Lhakhang), la comunidad religiosa (Goendey) y el templo hindú (Hindu Mandir). La naturalización requiere, entre otras cosas, al menos 15 años de residencia legal, conocimientos de dzongkha, conocimientos de la cultura y la historia de Bután y la renuncia a la nacionalidad anterior. No consta que exista un canal nacional uniforme para la inclusión local. Las normas medioambientales y contra la contaminación se aplican a los espacios públicos e incluyen el ruido, así como la contaminación visual y física. En virtud del Reglamento de prevención y gestión de residuos, el Thromde organiza la separación, recogida, tratamiento, transporte y eliminación de residuos. Las comunidades, los Thumis o Tsogpas electos y la Policía Real de Bután colaboran en esta labor. Las infracciones pueden comunicarse a la autoridad local competente o a la Policía Real de Bután. Zero Waste Hour es una actividad de limpieza de una hora que se realiza el segundo día de cada mes. En Timbu, la División de Medio Ambiente de la Ciudad también gestiona los residuos, los parques, los espacios abiertos, las reservas de uso y los Voluntarios Comunitarios para los Residuos. No existen normas uniformes para el uso de todos los espacios públicos; los requisitos y procedimientos locales pueden variar. Los conflictos pueden resolverse primero mediante un acuerdo. La Ley de resolución alternativa de disputas de 2013 también permite la negociación y el arbitraje a través del centro independiente de resolución alternativa de disputas (Bhutan ADR Centre). Las normas de los gobiernos locales siguen aplicándose a las disputas locales. Los costes y la duración dependen del caso y del procedimiento elegido; no consta que exista una tarifa privada uniforme a nivel nacional para la mediación vecinal. En los casos de violencia en una relación doméstica, la Ley de prevención de la violencia doméstica abarca la violencia física, sexual, emocional y económica. Pueden presentar una denuncia la víctima, una persona que solicite protección, quien cuide de una persona menor de edad, un agente de protección o bienestar social, una institución educativa o la policía por iniciativa propia. La denuncia puede hacerse oralmente, por escrito o a través de otro canal de comunicación y se trata de forma confidencial. En determinadas condiciones, puede dictarse una orden provisional de protección sin audiencia previa; la respuesta a la solicitud no debería tardar más de 15 días y una orden de protección puede tener una vigencia de hasta nueve meses. La Policía Real de Bután y los tribunales hacen cumplir las órdenes de protección. La Comisión Nacional de Mujeres y Niños ofrece servicios jurídicos y de protección, y puede remitir casos a la policía, los tribunales, las administraciones locales u organizaciones de la sociedad civil. En caso de peligro inmediato, se puede llamar a la Policía Real de Bután al 113. Conviene volver a verificar la información vigente sobre la línea de ayuda para mujeres y niños 1098 antes de utilizarla, porque la información oficial no es coherente. Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de beneficio público complementan los servicios estatales y pueden promover la armonía social y la Felicidad Nacional Bruta. Sin embargo, no pueden realizar actividades electorales o políticas directas ni incitar a la hostilidad por motivos de raza, sexo, idioma, religión o región. La Autoridad de Organizaciones de la Sociedad Civil resuelve las solicitudes de registro en un plazo máximo de seis meses. Friends of Police es un programa voluntario de policía comunitaria (Friends of Police) dirigido a la ciudadanía adulta y a las personas sin nacionalidad butanesa que residen en Bután; la inscripción se realiza en línea y la inducción dura un día. La Policía Real de Bután también está desarrollando estrategias de policía comunitaria. Para la convivencia en viviendas de alquiler, solo se aplican las partes de la Ley de arrendamientos de 2015 y del Reglamento de arrendamientos de 2021 relacionadas con la convivencia. Entre otros derechos, las personas arrendatarias tienen derecho a la privacidad, al uso pacífico de la vivienda, a una vivienda adecuada y a protección frente a la rescisión ilícita del contrato. Deben eliminar correctamente los residuos y mantener unas condiciones higiénicas. Las disputas de arrendamiento deberían resolverse primero mediante un acuerdo; después, podría tener competencia un comité de resolución de disputas a nivel de distrito, municipio o subdistrito. Se puede apelar una decisión ante el Tribunal Real en un plazo de diez días hábiles. No consta que exista un canal nacional uniforme para los conflictos entre compañeros de piso. En los conflictos y abusos digitales se aplican, entre otras normas, la Ley de información, comunicaciones y medios de comunicación de 2018, la Estrategia nacional de ciberseguridad 2024-2029 y la Ley NDI de 2023. Estas normas se refieren a la privacidad en línea, los datos personales, las comunicaciones con menores, las comunicaciones obscenas, la ciberdelincuencia, las transacciones electrónicas y el control de las credenciales de acceso digital y de las filtraciones de datos. El equipo nacional de respuesta a incidentes cibernéticos (BtCIRT) también acepta denuncias anónimas de incidentes cibernéticos. La Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos de la Policía Real de Bután se ocupa, entre otras cosas, del fraude, la piratería informática y el robo de identidad. No existe un servicio de mediación específico para la convivencia digital; según el caso, pueden intervenir BtCIRT, la policía, NCWC o PEMA y el proveedor de servicios correspondiente. No consta que existan tarifas generales para acceder a los servicios locales relacionados con la convivencia. Las tarifas, los plazos y los procedimientos pueden variar en los registros, los procesos de arrendamiento, la resolución alternativa de disputas y los servicios administrativos locales.