Derecho penal en Burkina Faso

El sistema de derecho penal de Burkina Faso abarca los crímenes, los delitos y las contravenciones, así como la responsabilidad, la tentativa, la complicidad, las causas legales de justificación, las excusas y los plazos de prescripción. El Código Penal (Code pénal) establece los delitos y las sanciones penales. El Código de Procedimiento Penal (Code de procédure pénale) regula las denuncias, las pruebas, la detención, el enjuiciamiento, las audiencias, los recursos y la participación de las víctimas. La ley de organización judicial promulgada en 2025 regula la estructura de los tribunales. Los tratados ratificados prevalecen conforme al Código Penal, y las personas jurídicas también pueden incurrir en responsabilidad penal cuando las normas aplicables así lo establecen. Una persona puede denunciar un delito ante la Policía Nacional (Police nationale), la Gendarmería Nacional (Gendarmerie nationale) o el fiscal de Faso (procureur du Faso). Los agentes de policía y los gendarmes con funciones de investigación judicial reúnen pruebas y preparan actas oficiales antes de que el fiscal decida cómo continúa el caso. Según los hechos, el asunto puede tramitarse mediante una investigación por delito flagrante, una investigación preliminar o una investigación dirigida por un juez de instrucción (juge d’instruction). Los registros, las incautaciones, los peritajes y las pruebas digitales requieren la base jurídica y las garantías aplicables a cada medida. Una persona sometida a detención policial (garde à vue) tiene derechos que dependen del procedimiento aplicable y debe ser tratada dentro de los controles establecidos por la ley. El Ministerio Público (Ministère public) ejerce la acción pública. Los asuntos penales pueden ser examinados por un Tribunal de Primera Instancia (Tribunal de grande instance), una cámara penal (chambre criminelle) u otro tribunal competente, mientras que polos judiciales especializados tramitan áreas como la delincuencia económica y financiera, la delincuencia organizada y el terrorismo. Los polos económicos y de delincuencia organizada identificados por la investigación se encuentran en Uagadugú y Bobo-Dioulasso, y el polo de terrorismo está en el Tribunal de Primera Instancia de Uagadugú II. La jurisdicción militar se aplica únicamente cuando el Código de Justicia Militar (Code de justice militaire) contempla el caso. La ley procesal de 2025 introdujo o reforzó la mediación penal (médiation pénale), la composición penal (composition pénale), el acuerdo judicial de interés público (convention judiciaire d’intérêt public) y otros procedimientos simplificados; también permite que ciertos casos de delito flagrante se tramiten sin instrucción previa. La apelación y la casación dependen de la decisión y de las normas procesales aplicables. Entre las posibles sanciones figuran la pena de prisión, las multas, el trabajo de interés general (travail d’intérêt général), la confiscación y otras consecuencias establecidas por la ley. Conforme a la ley de 2024, el trabajo de interés general es una sanción principal autónoma que se realiza sin remuneración a través de organismos públicos autorizados, asociaciones sin ánimo de lucro reconocidas o entidades privadas que prestan un servicio público. Se ha informado de que su uso práctico es marginal, y en junio de 2026 se informó de un proyecto de relectura. La amnistía o el indulto tienen efectos jurídicos distintos de una absolución. La pena de muerte está ausente del Código Penal vigente de 2018; las propuestas para introducirla y para aumentar las sanciones de tráfico seguían siendo proyectos parlamentarios no vinculantes al 4 de septiembre de 2026. Las víctimas pueden denunciar delitos y solicitar la constitución en parte civil (constitution de partie civile) conforme al procedimiento aplicable. La Dirección de Acceso a la Justicia y de Ayuda a las Víctimas (Direction de l’accès à la justice et de l’aide aux victimes) puede apoyar el acceso y la asistencia, mientras que la protección, la indemnización, el alojamiento y la asistencia jurídica dependen del caso y de la capacidad disponible. Las indemnizaciones civiles corresponden principalmente al derecho civil, pero su conexión con un proceso penal puede gestionarse mediante la interacción con el procedimiento penal. Existe un Fondo de Asistencia Judicial (Fonds d’assistance judiciaire), aunque conviene confirmar el acceso y la disponibilidad local con la oficina competente. Los abogados, el transporte, la traducción, los exámenes médicos, los peritajes y las copias pueden generar gastos, y Burkina Faso no cuenta con una tarifa generalmente fiable ni con una duración fija para todos los procesos penales. Los niños están sujetos a un régimen separado. La responsabilidad penal comienza a los 13 años y la mayoría de edad penal se alcanza a los 18, según la fecha del delito. Los menores de 13 años solo están sujetos a medidas educativas o de protección, mientras que quienes tienen entre 13 y 18 años reciben protección especial y se les aplican normas educativas. El juez de menores (juge des enfants) tramita las contravenciones, los delitos pertinentes y las medidas relacionadas con situaciones de peligro; los crímenes se rigen por procedimientos específicos para niños, con cámaras de menores (chambres des mineurs) organizadas conforme a la ley de organización judicial de 2025. Es obligatorio contar con abogado en los casos de crimen que involucren a un niño, y la detención o el internamiento siguen normas específicas para menores. La pena capital no se aplica a los niños. Los delitos de tráfico pueden surgir conforme a reglamentos especiales de circulación o al Código Penal cuando una conducta peligrosa causa lesiones o la muerte. El Decreto n.º 2003-418 enumera contravenciones como usar manualmente un teléfono móvil, adelantar de forma peligrosa, no respetar un semáforo en rojo o una señal de STOP y determinadas infracciones por exceso de velocidad. Los ejemplos del baremo investigado incluyen 50 km/h en zonas urbanas y 90 km/h fuera de zonas urbanas para vehículos de al menos 10 toneladas; se indican multas de clase 2 y clase 3 de 6.000 FCFA y 12.000 FCFA. Antes de basarse en ellas, deben comprobarse las modificaciones, las tarifas y el ámbito actual del sistema de pago e-Contravention. El sistema se puso en marcha inicialmente en Uagadugú y Bobo-Dioulasso. Tras un accidente con lesiones o fallecimiento, conservar la escena, las pruebas médicas, la información de los testigos y el informe policial puede influir en el proceso penal y en las reclamaciones relacionadas de seguro o civiles. Los delitos digitales están regulados por el Código Penal, la ley sobre servicios y transacciones electrónicas, la ley de protección de datos personales y la ley de seguridad de los sistemas de información. Una estructura especializada de policía y gendarmería (BCLCC) tramita los delitos cometidos mediante ordenadores y las infracciones relacionadas con las tecnologías de la información. El canal Alerte-BCLCC puede recibir denuncias sobre estafas en línea, información falsa y apología del terrorismo. Deben conservarse las URL, los mensajes, los datos de las cuentas, los comprobantes de pago, los dispositivos y otros rastros digitales sin alterarlos, y el asunto debe denunciarse por el canal competente. La conciliación consuetudinaria local (Faso Bû-Kaoore) puede ofrecer una conciliación voluntaria, pero no puede imponer prisión ni multas y no sustituye automáticamente el enjuiciamiento formal ni las sanciones penales. En la práctica, el acceso a la justicia puede estar fragmentado porque la distancia, la inseguridad, la falta de personal, los costes, las demoras, la financiación limitada de la asistencia jurídica y la escasez de tribunales, centros para menores y servicios sociales afectan a la rapidez y eficacia con que avanza un caso.