El Estado en Bolivia

La Constitución Política del Estado de 2009 (Constitución Política del Estado), abreviada CPE, describe a Bolivia como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario. El Estado es libre, independiente, soberano, democrático, intercultural y descentralizado. Su pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico reconoce la libre determinación de las comunidades indígenas dentro de la unidad estatal. El territorio nacional comprende departamentos, provincias, municipios, territorios indígena originario campesinos y regiones permitidas por ley. Las responsabilidades estatales se distribuyen entre el Nivel Central del Estado, los Gobiernos Autónomos Departamentales, un Gobierno Autónomo Regional, los Gobiernos Autónomos Municipales y los Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos. Según los datos de 2025 comunicados por el Servicio Estatal de Autonomías, hay 9 gobiernos departamentales, 1 gobierno regional, 335 gobiernos municipales y 8 gobiernos autónomos indígenas. La autonomía no significa una simple subordinación al gobierno central: las unidades autónomas tienen sus propios órganos, normas y procedimientos, pero siguen sujetas a la distribución de competencias de la CPE y la Ley N.º 031, así como a las reglas de coordinación y recursos y a la fiscalización jurídica estatal. Su ejercicio concreto también depende de las capacidades institucionales disponibles. La Asamblea Legislativa Plurinacional es el órgano legislativo y está compuesta por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Aprueba leyes y el presupuesto estatal y ejerce fiscalización política. El órgano ejecutivo comprende al presidente o presidenta, al vicepresidente o vicepresidenta, a los ministerios y a las instituciones públicas. Dirige la administración, ejecuta la política estatal y hace cumplir las leyes. El órgano judicial incluye, entre otros, el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales, los juzgados, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Conforme a la CPE y la Ley N.º 073, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina generalmente coexisten como jurisdicciones de igual jerarquía. El Órgano Electoral Plurinacional, incluido el Tribunal Supremo Electoral y sus órganos subordinados, desempeña funciones electorales estatales; los detalles electorales corresponden al tema de elecciones. Otras instituciones constitucionales y de fiscalización cumplen funciones claramente definidas. El Tribunal Constitucional Plurinacional revisa que la actuación estatal sea compatible con la Constitución y protege los derechos constitucionales. La Contraloría General del Estado audita instituciones públicas y participaciones estatales con posterioridad, y puede emitir informes de auditoría y determinar responsabilidades. La Defensoría del Pueblo supervisa y promueve los derechos humanos, recibe denuncias y también puede actuar de oficio. La Fiscalía General del Estado persigue los delitos. La Procuraduría General del Estado representa y protege los intereses estatales en procedimientos judiciales y extrajudiciales. El Banco Central de Bolivia se ocupa de la política monetaria y cambiaria, los sistemas de pago, la emisión de moneda y la gestión de reservas. El Instituto Nacional de Estadística produce estadísticas oficiales y realiza censos. La administración está compuesta por ministerios, autoridades centrales, empresas públicas e instituciones de los niveles departamental, regional, municipal e indígena autónomo. La Ley N.º 1178 regula, entre otras materias, la planificación estatal, la organización administrativa, los presupuestos, el personal, las contrataciones, las operaciones de tesorería, la deuda pública y la contabilidad. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas gestiona la administración financiera pública, la tesorería y el crédito público, y coordina el presupuesto estatal. El Servicio de Impuestos Nacionales administra y recauda los impuestos nacionales y realiza auditorías. Los órganos públicos deben actuar conforme a la ley, con transparencia y rendición de cuentas; la fiscalización social y las oportunidades de participación complementan la fiscalización institucional. La Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba el Presupuesto General del Estado anual. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Tesorería General de la Nación coordinan la política financiera estatal, mientras que el banco central tiene una función independiente de política monetaria. Las unidades autónomas departamentales, regionales, municipales e indígenas aprueban sus propios presupuestos por medio de sus órganos competentes. La participación y la fiscalización social se aplican junto con los requisitos financieros centrales y las normas legales sobre crédito público. Por ello, los costos y los plazos dependen del trámite, del nivel de gobierno y del servicio concreto. La Defensoría del Pueblo suele prestar sus servicios gratuitamente y sin exigir representación formal. Las Fuerzas Armadas están compuestas por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana. El presidente o la presidenta las comanda; la cadena administrativa pasa por el Ministerio de Defensa. Su misión se refiere a la independencia, la soberanía, la seguridad territorial y la estabilidad, así como al orden constitucional. No deben actuar como partido político ni deliberar políticamente. El servicio militar se rige por requisitos legales. La Policía Boliviana protege a la sociedad, mantiene el orden público en todo el país y hace cumplir la ley. El estado de excepción solo se permite bajo las condiciones y controles establecidos por la CPE y no sustituye a la administración civil general. La CPE protege la libertad de expresión, comunicación, información, petición y participación política. El español y las lenguas indígenas nombradas en la CPE son idiomas oficiales. Por ello, las autoridades y las instituciones públicas deben tener en cuenta las circunstancias lingüísticas y culturales según el territorio y el trámite. El órgano competente y las condiciones de acceso dependen, entre otros factores, de la nacionalidad, la residencia, la situación jurídica y el procedimiento concreto. Entre las obligaciones estatales están proteger los derechos, administrar conforme a la ley, prestar servicios públicos, utilizar responsablemente los recursos y rendir cuentas. Las personas deben cumplir las leyes y, cuando corresponda, los impuestos u otras obligaciones públicas, así como respetar las responsabilidades de los distintos niveles. Las cuestiones electorales, civiles o de desarrollo histórico solo corresponden aquí en la medida necesaria para distinguir o explicar el orden estatal boliviano.