Derecho en Austria

Austria es un Estado de derecho (Rechtsstaat). Esto significa que las instituciones estatales están sujetas al derecho y que las personas pueden impugnar las decisiones mediante los recursos previstos. Las normas más importantes están recogidas en leyes y reglamentos. El derecho federal se aplica en toda Austria, mientras que el derecho regional solo se aplica en el estado federado correspondiente. El derecho de la Unión Europea también desempeña un papel importante en muchos ámbitos. El derecho constitucional contiene las normas fundamentales del Estado. Estas incluyen las funciones de los órganos estatales, la distribución de competencias y la protección de los derechos fundamentales. El derecho civil regula las relaciones privadas, por ejemplo, los contratos, las compras, el alquiler, la indemnización por daños, la familia y las herencias. Un procedimiento civil suele comenzar cuando una persona o una empresa quiere hacer valer una reclamación frente a otra parte. El derecho penal trata los actos prohibidos y las posibles penas. Por regla general, la policía y la fiscalía llevan a cabo las investigaciones; un tribunal independiente decide sobre la culpabilidad y la pena. El derecho administrativo se refiere a las decisiones de las autoridades, por ejemplo, en los ámbitos de la residencia, las actividades empresariales, la construcción o determinadas prestaciones estatales. Una decisión administrativa suele dictarse en forma de resolución administrativa (Bescheid) y normalmente contiene indicaciones sobre los posibles recursos. En Austria hay tribunales ordinarios para asuntos civiles y penales, así como tribunales administrativos para muchos litigios con las autoridades. Los tribunales superiores desempeñan funciones especiales de control dentro del ordenamiento jurídico. Los procedimientos habituales comienzan con una solicitud, un contrato, una reclamación, una denuncia o una decisión de una autoridad. Después, según el caso, siguen el examen, las declaraciones de las partes, las pruebas y una decisión; los plazos y el organismo competente pueden ser decisivos. El derecho puede proteger reclamaciones y resolver conflictos de forma ordenada, pero no garantiza un resultado determinado. Los hechos, las pruebas, la competencia y las normas procesales influyen en el resultado, por lo que en casos importantes o complejos es aconsejable buscar asesoramiento especializado.